Diversas denuncias de malos olores, enfermedades gastrointestinales, enfermedades producto de minerales pesados en el agua, lluvia de excrementos, falta de suministro de agua, agua salada, y contaminación de ríos y humedales, junto a relatos de intoxicaciones masivas, daños irreparables en la salud de las personas y exámenes analizados en el extranjero que acreditan que el origen de estos diagnósticos es la contaminación del agua, entre otros conflictos. 

“Estas denuncias, se contraponen al relato de las autoridades que a través de estudios, indican que está todo dentro de los rangos normales”, fue una de las conclusiones del reciente informe que emitió la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados tras las múltiples denuncias y sanciones que presentaba la sanitaria que opera en 14 concesiones distribuidas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.

Este organismo estuvo encargada de fiscalizar los actos del gobierno en relación con los problemas sanitarios ambientales generados por la empresa de servicios sanitarios Aguas San Isidro y se constituyó el 12 de diciembre del año pasado. 

Entre los fundamentos para la creación de la comisión investigadora se consideró que “la Empresa de Servicios Servicios Sanitarios San Isidro S.A (ESSSI) cuenta con más de 30.000 clientes en 14 concesiones distribuidas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos, donde la ciudadanía ha presentado múltiples denuncias respecto a la mala calidad del agua potable que suministra y la contaminación ambiental que genera”.

Junto a ello se adjuntaron una serie de antecedentes, artículos de prensa, denuncias y sanciones que contextualizaron la necesidad de una investigación especial por parte de la Cámara Baja. 

Entre ellos, se recordó un reportaje de Interferencia del 10 de marzo del 2021 titulado “El edificio de 195 departamentos que pone en riesgo el suministro sanitario y el humedal de Los Molles” el que “que evidencia que la expansión inmobiliaria en la caleta ha estresado el suministro de agua potable y la red de alcantarillado, los que cada verano colapsan, provocando constantes cortes de agua potable y derrames de aguas servidas en las calles, suministro de agua a cargo de ESSSI y que amenaza la existencia del Humedal Los Molles”.

Otro artículo de interés fue publicado en enero del 2019 por Biobiochile.cl: "Lluvia de caca: 500 familias de Labranza denuncian material contaminante por parte de empresa” donde vecinos acusan que desde las instalaciones de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, surge material contaminante que ensucia continuamente sus viviendas, ropas, alimentos y genera malos olores, situación que vecinos han informado reiteradamente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la que no ha entregado solución, por lo que se involucraron autoridades como la consejera regional, Ana María Soto, para mantener acercamiento con el Ministerio del Medio Ambiente. 

Malos olores, enfermedades gastrointestinales, enfermedades producto de minerales pesados en el agua, lluvia de excrementos, falta de suministro de agua, agua salada, y contaminación de ríos y humedales, junto a relatos de intoxicaciones masivas, daños irreparables en la salud de las personas y exámenes analizados en el extranjero que acreditan que el origen de estos diagnósticos es la contaminación del agua, entre otros conflictos. 

Tras una serie de conclusiones que dan cuenta de un gran número de antecedentes en contra del actuar de la empresa y su fiscalización, la comisión resolvió en sus recomendaciones a la Superintendencia de Servicios Sanitarios “iniciar la evaluación de la caducidad de las concesiones sanitarias de Aguas San Isidro en las comunas de Los Vilos, Padre Hurtado y Temuco. Además de fiscalizar el programa de desarrollo de la concesión sanitaria en Quilicura, para evaluar su caducidad. En la localidad de Los Molles se recomienda darle fin a la caducidad de la concesión sanitaria, a través de la firma del Presidente de la República, para comenzar un nuevo proceso de licitación”.

Junto a ello, “se recomienda enviar todos los antecedentes recolectados en esta Comisión Especial Investigadora ante el Consejo de Defensa del Estado, para que se evalúe tomar acciones legales ante la empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro S.A.”, además de una serie de acciones legislativas para fortalecer la fiscalización. 

La presidenta de la comisión investigadora, Viviana Delgado, comentó a Interferencia que “quisimos llegar hasta las últimas consecuencias. Fuimos a fiscalizar en terreno a los distintos lugares donde había denuncias, así que puedo decir con responsabilidad que este informe se ajusta totalmente a la realidad que viven los habitantes de esos sectores”. 

La diputada también comentó que “teníamos pruebas contundentes y queríamos que quedara por escrito. Sentimos que nos falta un ‘fiscalizador para el fiscalizador’. No hay respuesta a los vecinos en muchos aspectos y no queda claro cuál institución es la que se hace responsable. Queremos crear una bancada que fiscalice todas las plantas de tratamiento de aguas del país”. 

Antecedentes demoledores

Entre sus principales conclusiones, el informe sostiene que “existen omisiones administrativas dentro de los Órganos de la Administración del Estado con Competencias Ambientales (OECA), que no han dado respuesta satisfactoria a las graves infracciones ambientales y de salud pública denunciados por la comunidad a lo largo de todo el territorio donde se emplaza ESSSI”.

En esa línea, apunta que “las instituciones que están a cargo de fiscalizar no han cumplido con su trabajo. El Estado le está permitiendo actuar de forma casi irregular, de manera inmoral y con una falta ética que no se puede enunciar ni transparentar”.

En relación a la sanitaria, se concluyó que “la empresa ESSSI que está a cargo de proveer un bien de primera necesidad, sin embargo no asume las responsabilidades ni las consecuencias que emanan de su funcionamiento, tales como el descargo de riles y de los procesos de osmosis inversa, generando un impacto sanitario y ambiental de grandes proporciones al descargarlos en zonas de humedales o donde existe flora y fauna abundante” y que “las sanitarias no pueden ni deben descargar aguas negras, tienen que tratarlas, y después, una vez que son tratadas, ser enviadas a cauces naturales, esto no se cumple en el caso de ESSSI”.

Además se constató que “a ESSSI se le han aplicado sanciones pecuniarias, sin embargo es una práctica habitual no pagar las multas que se le aplican, posee incumplimientos reiterados y tiene procesos sancionatorios abiertos permanentemente. Según lo indicado por el Superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas, la empresa tiene un total de 52 procedimientos sancionatorios y mantiene 9 abiertos en la actualidad en Pichidangui, Los Molles, Puertas de Padre Hurtado, Huertos Familiares, Labranza y Pillanlelbun”.

En cuanto a la afectación a la población, “además de las cifras oficiales, los vecinos afectados de todas las localidades indicaron que han hecho denuncias que no han sido apropiadamente canalizadas o recibidas por las autoridades, un ejemplo de ello se observó en la onceava sesión, en Quilimarí, cuando una vecina afectada, mostró un libro de reclamos, escrito a mano con más de 200 firmas, que habría hecho llegar a empresa y las autoridades”.

“Existen a nivel nacional diversas denuncias de malos olores, enfermedades gastrointestinales, enfermedades producto de minerales pesados en el agua, lluvia de excrementos, falta de suministro de agua, agua salada, contaminación de ríos, humedales que se contraponen a los relatos de autoridades que señalan que todo se encuentra en orden y subsanado”, apunta el texto, sumado a que “existen denuncias de intoxicaciones masivas. Daños irreparables en la salud de las personas. Exámenes analizados en el extranjero. Certificados que acreditan que el origen de estos diagnósticos es la contaminación del agua. Estas denuncias, se contraponen al relato de las autoridades que a través de estudios, indican que está todo dentro de los rangos normales”.

“No constituye un hecho menor, que la empresa investigada no haya asistido a ninguna de las invitaciones realizadas para que participara de la Comisión Especial Investigadora. Señalando acusaciones infundadas de parcialidad que no venían al caso. Cuando su postura debió ser la de dar los argumentos propios de su defensa, frente a acusaciones de las comunidades. Y no ser defendida por los organismos que debían fiscalizarla y que le han aplicado las sanciones que registra”

Sobre la fiscalización de las autoridades, se determinó que “las autoridades fiscalizadoras han fallado y no han actuado en el tiempo adecuado. No hay imparcialidad en los estudios realizados. Existen comunidades de Norte a Sur, que experimentan los mismos problema”. 

“No pueden excusarse las autoridades que existe una especie de concurrencia de competencias en materia de emisión y resolución de calificación ambiental. No cuando las denuncias son múltiples y afectan a todas las concesiones de esta empresa”, afirmaron. 

“Existe una débil supervigilancia, control, fiscalización y sanción de las normas relativas a las prestaciones de los servicios públicos en materia de agua potable y alcantarillado hacia las concesiones de servicios sanitarios, por parte de los distintos organismos de Gobierno en especial el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Ministerio de Obras Públicas y de Salud a través de sus respectivas SEREMIAS de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos”, apunta el documento.

Sumado a ello, se criticó que “no existe una sanción que censure a una empresa sanitaria con malas prácticas. Las fallas reiteradas de la ESSI, en diversas regiones, no tienen sanciones de censura, el SEA puede calificar favorablemente estudios de impacto ambiental sin considerar las malas prácticas reiterativas como factor de riesgo”.

Finalmente, se describió que “no constituye un hecho menor, que la empresa investigada no haya asistido a ninguna de las invitaciones realizadas para que participara de la Comisión Especial Investigadora. Señalando acusaciones infundadas de parcialidad que no venían al caso. Cuando su postura debió ser la de dar los argumentos propios de su defensa, frente a acusaciones de las comunidades. Y no ser defendida por los organismos que debían fiscalizarla y que le han aplicado las sanciones que registra”.