Durante la campaña electoral de 2025, el presidente José Antonio Kast, se había mostrado reservado respecto de temas valóricos y cómo abordar la dictadura chilena (1973-1990). Sin embargo, nunca ha ocultado su afinidad con el exdictador Pinochet. Por lo tanto, no es de extrañar que el nuevo Gobierno, que asumió el 11 de marzo, también quiera dar marcha atrás en el proceso de esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Apenas dos semanas después de haber asumido el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, declaró en una entrevista con La Tercera que va a “reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”. Con ello, pone completamente en riesgo el proyecto del Gobierno de Boric de construir un sitio de memoria y un centro de documentación en el ex asentamiento sectario alemán.

Según Poduje, no hay dinero ni para la tasación ni para los pagos de indemnización por el terreno. El ministro de Hacienda, Quiroz, había exigido un recorte del tres por ciento en todos los ministerios. Poduje y Kast sitúan ahora los proyectos de construcción de viviendas, que atienden las necesidades sociales de las personas sin techo, en una aparente oposición y en una relación de competencia con la política de derechos humanos y de memoria, concretamente con la expropiación parcial del terreno de la ex Colonia Dignidad y la construcción de un sitio de memoria en ese lugar.

Gabriel Boric, el presidente de centroizquierda del Gobierno anterior había anunciado en su cuenta pública de junio de 2024 frente al Congreso chileno la expropiación de una parte de la ex Colonia Dignidad para “convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro”,  y para enviar “al mundo el mensaje de “Nunca más’”. Sin embargo, a las palabras poéticas les siguieron muy pocas acciones concretas. En julio, los tres ministros de Justicia y Derechos Humanos (Jaime Gajardo), de Vivienda y Urbanismo (Carlos Montes) y de Bienes Nacionales (Francisco Figueroa) firmaron un decreto sobre la expropiación que fue publicado el 22 de julio de 2025 en el Diario Oficial.

Sin embargo, durante su mandato, el Gobierno de Boric no completó el procedimiento necesario para tasar el valor del terreno, ni creó una fundación u otra entidad ejecutora para el funcionamiento de un sitio de memoria. “El Gobierno de Boric le facilitó las cosas al Gobierno de derecha de Kast para dar marcha atrás ahora en los planes de un sitio de memoria”, critica la historiadora Evelyn Hevia Jordán, que está coordinando una exposición sobre Colonia Dignidad conjunta entre la Universidad Libre de Berlín y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago. Los más perjudicados son los familiares de las y los prisioneros políticos desaparecidos y otras víctimas de la Colonia Dignidad, que se ven retraumatizados por este tipo de declaraciones, explica Hevia Jordán, e insiste en que es responsabilidad de ambos Estados esclarecer los crímenes cometidos por la Colonia Dignidad.

Winfried Hempel creció en Colonia Dignidad, logró abandonarla en 1997 y  ahora es abogado de víctimas del régimen del asentamiento alemán. Considera que la suma estimada de unos 47 mil millones de pesos chilenos, aproximadamente unos 45 millones de euros es poco realista y desmesuradamente exagerada. Además, critica el procedimiento de expropiación administrativa por decreto previsto por el gobierno de Boric, que habría conllevado elevados pagos de indemnización a los descendientes de la ex cúpula directiva de la Colonia Dignidad. En su opinión, la “via correcta” sería, en cambio, aprobar una ley de expropiación. Solo una ley podría “contemplar que los recursos no sean pagados íntegramente a las empresas de Villa Baviera [así se llama el asentamiento desde fines de los años 1980, veáse más abajo], sino que a las víctimas, estableciendo así un mecanismo efectivo de reparación integral”.

El turismo marca la narrativa de Villa Baviera

En el asentamiento alemán, fundado en 1961 por el ex soldado y predicador alemán Paul Schäfer y 300 seguidores a los pies de los Andes de Chile central, los y las habitantes fueron privados de su libertad durante décadas y sometidos a trabajos forzados y violencia sexual. Personas chilenas de los alrededores rurales del asentamiento fueron expulsados de sus tierras, niños y niñas adoptados a la fuerza y maltratados. Durante la dictadura, la cúpula de Colonia Dignidad cooperó con los órganos represivos como la DINA, que instaló un campo de detención en el recinto. Allí se torturaron prisioneros y prisioneras políticas y, según declaraciones de los habitantes del asentamiento, fueron asesinadas y hechas desaparecer aproximadamente cien personas. Hasta ahora no está identificado su paradero ni su destino.

Hasta la fecha no existe un sitio de memoria ni centro de documentación en Villa Baviera, nombre con el que se conoce desde 1988 a la colonia alemana. En Villa Baviera, organizada como un holding de sociedades anónimas, viven hoy en día unas 120 personas y se desarrollan actividades empresariales en el rubro de la agricultura, forestales, una granja avícola, inmobiliarias y un emprendimiento turístico, que incluye un hotel y un restaurante de estilo bávaro. Los eventos privados que se celebran allí, como bodas o, recientemente, un desfile de moda, resultan especialmente dolorosos para los familiares de los prisioneros/as desaparecidos/as.

Myrna Troncoso Muñoz, María Escanilla Escobar y Margarita Maino Canales, cuyos hermanos fueron secuestrados durante la dictadura y siguen desaparecidos desde entonces, se enteraron de la decisión del ministro de Vivienda y Urbanismo a través de la prensa. Esta decisión estatal de “reversar el tema de expropiación de Colonia Dignidad” es peligrosa y significa el “riesgo de daño irreparable”. Eso declaran en una petición que, junto con su abogada Mariela Santana, de la organización de derechos humanos CODEPU, dirigen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esperan que esta comisión, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ejerza presión sobre el Gobierno chileno con el objetivo de instalar un sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad.

Juan Rojas Vásquez, cuyo padre y hermano mayor habrían sido asesinados en Colonia Dignidad, se muestra consternado por la declaración del ministro Poduje. Hace un llamado a los gobiernos de Chile y Alemania para que construyan por fin un sitio de memoria, ya que, para las víctimas, la lucha por la verdad y la justicia no terminará. Él, que lleva casi 50 años viviendo en Stuttgart, al sur de Alemania, declara que va a seguir luchando para el esclarecimiento de lo sucedido. 

Kast y los acuerdos internacionales

Por su parte, el presidente Kast declaró en una entrevista en la televisión chilena “hacer un memorial de 117 hectáreas, creo que no es razonable.” Chile no tiene dinero y no debe seguir endeudándose. Pero “eso no quiere decir que tengamos que desconocer el sufrimiento que puedan haber tenido muchas personas en Chile”, añadió. Por lo tanto, no descarta la posibilidad de “acotar a un lugar de reflexión, de encuentro”, para hacer “el lugar acotado a lo que corresponde y no endeudemos Chile entero”.

Los Estados de Chile y Alemania se comprometieron en 2017, en un memorándum conjunto, a construir un lugar de memoria y un centro de documentación, y desde entonces se reúnen semestralmente en una Comisión Mixta Chileno-Alemana. Un equipo de expertos chileno-alemanes encargado por esta Comisión Mixta elaboró un concepto para un sitio de memoria y lo presentó en 2021. La directora de la Fundación de Sitios de Memoria de Baja Sajonia, Elke Gryglewski, participó de manera decisiva en dicho proyecto. Subraya que es fundamental que se construya un sitio de memoria en el que se incluyan “los edificios de relevancia histórica en los que sufrieron las distintas víctimas, ya sean víctimas de la dictadura o residentes del asentamiento”. Por el contrario, no es determinante si el sitio de memoria se construye mediante una expropiación o por otra vía. “Pero deben continuar las conversaciones y actividades con los distintos grupos de afectados que llevamos manteniendo desde 2014”, afirma Gryglewski.

Estos seminarios y talleres con grupos afectados de la Colonia Dignidad fueron financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. En 2017, el parlamento alemán, el Bundestag había aprobado por unanimidad una moción para esclarecer los crímenes cometidos por la Colonia Dignidad. Y los Gobiernos de la RFA de varias legislaturas tenían conocimiento de las condiciones de vida en Colonia Dignidad; el personal de la Embajada Alemana en Chile, en algunos casos, no protegía a las personas que se habían huido del asentamiento estrictamente controlado, sino que, sobre todo, mantenía estrechas relaciones con la cúpula de la colonia alemana. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kathrin Deschauer, declaró ahora que la investigación de los crímenes de la Colonia Dignidad “es y seguirá siendo un asunto importante para el Gobierno de Alemania”. La creación de un sitio de memoria jugará sin duda un papel importante en la próxima reunión de la Comisión Mixta Chileno-Alemana, afirma Deschauer. Esta reunión está prevista para mayo o junio.

El sitio de memoria depende de la presión internacional

La creación de un sitio de memoria en el lugar donde se cometieron torturas, asesinatos, trabajos forzados y violencia sexual dependerá en gran medida de la presión internacional. “Ha llegado el momento de que el Gobierno de Alemania asuma su responsabilidad y, en el marco de la Comisión Mixta Chileno-Alemana, insista en la construcción de un sitio de memoria”, afirma Jan Stehle, investigador sobre Colonia Dignidad y la responsabilidad de la política exterior alemana en el caso. Exige medidas concretas, como la creación de una fundación u otra entidad ejecutora para llevar a cabo el sitio de memoria.

En este sentido, los y las diputadas del Bundestag —más allá de las diferencias partidistas— también juegan un papel decisivo. Michael Brand (CDU), Secretario de Estado de Educación, Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud, califica la decisión del gobierno chileno como un “amargo anuncio”, después de que el Gobierno anterior hubiera dado “esperanzas de medidas concretas para un sitio de memoria, mayor esclarecimiento y memoria”. David Schliesing (Die Linke), presidente de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación en el Bundestag, califica la evolución de “preocupante”. Espera “que el Gobierno alemán, en el diálogo con la parte chilena, por esta vez no se muestre tímido ante el Gobierno de extrema derecha”, sino que abogue con vehemencia por la creación de un lugar conmemorativo y de documentación. Anuncia que él mismo lo exigirá también en la Comisión Conjunta del Bundestag y el Gobierno alemán cuyo fin es abordar los crímenes de la Colonia Dignidad.

El debate sobre el esclarecimiento de la historia y la responsabilidad compartida entre Alemania y Chile va a perdurar, como mínimo, hasta que la narrativa conocida de la Colonia Dignidad deje de estar formada por el turismo folclórico en el lugar y hasta que se aborde la historia del lugar de forma adecuada en un centro de documentación. Y hasta que allí se abra al público un lugar conmemorativo y de memoria para las víctimas de tortura y desapariciones forzadas, así como quienes padecieron trabajos forzados y la violencia sexual.