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Martes, 20 de octubre de 2020
Escala a tribunales

Docentes y estudiantes UDP denuncian represalias y despidos por tomas feministas de 2019

Lissette Fossa

Mientras que un grupo de alumnas fueron sumariadas y suspendidas por participar en asambleas durante las tomas, decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones tras un recurso de protección de las jóvenes, profesores acusan que fueron interrogados, cuestionados, perseguidos y desvinculados en las escuelas de Arte y Diseño de la UDP. Esto bajo el silencio y el rol pasivo del rector, Carlos Peña.

Las tomas feministas de 2019 marcaron un antes y un después para la Universidad Diego Portales (UDP). Fueron las alumnas las que,-tras varias denuncias por acoso y abuso sexual ocurridas en facultades como Derecho, Kinesiología y Diseño-, cuestionaron la respuesta de la universidad dirigida por el rector Carlos Peña y la descuidada aplicación de la normativa de prevención y sanción de acciones de violencia sexual de las altas autoridades.

Las tomas estaban finalizando, cuando ocurrió el estallido social de octubre de 2019, que significó que no se reanudaran las clases con normalidad durante ese semestre. Luego, con la pandemia, las clases presenciales no lograron concretarse el primer semestre de este año. Sin embargo, esto no quita que no hayan habido consecuencias de las tomas para alumnas y docentes.

Un espacio que se remeció con las tomas y sus consecuencias fue la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño (Faad). Tras las manifestaciones, varias estudiantes fueron sumariadas, a pesar de la negociación entre alumnas y autoridades de la universidad de no aplicar sanciones a las estudiantes que habían participado de las tomas. 

Una de las alumnas sumariadas que conversó con INTERFERENCIA, cuenta que una lista de asistentes a una de las asambleas de las tomas llegó a manos de los directivos. A pesar de que en la lista había decenas de nombres, al parecer de forma azarosa se eligió a algunas para someterlas a sumario. Se les impidió tomar cursos y se les acusó de “infringir ciertas normas de la universidad, como no permitir la entrada a la universidad”.

Finalmente, parte de las alumnas sumariadas,- de diversas facultades- presentó un recurso de protección en favor de volver a clases y en contra de la UDP, el que fue aceptado en primer instancia, pero que que continúa en trámite. La Corte de Santiago ordenó el reintegro de las alumnas mientras el trámite continúa, hecho que debiese concretarse este semestre, aunque muchas no han vuelto.

“Se nos impuso el miedo. Los directivos de la facultad nos han preguntado varias veces si estamos arrepentidas, o si somos conscientes de que hicimos algo malo. Y no hicimos nada malo, solo asistir a una asamblea, es la única prueba que tienen en contra de nosotras, ya que estaban los nombres en la lista”, explica la estudiante, quien pidió resguardar su identidad por miedo a represalias por parte de la UDP.

El miedo es una palabra que se repite en las más de siete personas que conversaron con INTERFERENCIA para este reportaje. Temen por reacciones de la Casa Central, por sus carreras y sus trabajos. 

“Con mi familia hemos conversado sobre lo que debo hacer cuando retome las clases. Porque pasar por la universidad, caminar por los pasillos, me da miedo. Me da miedo verle la cara al decano y a la gente que me acusó”, cuenta la estudiante.

Docentes perseguidos

Docentes y funcionarios de la Faad también sufrieron graves represalias por apoyar las tomas.

"Durante las tomas, los directivos hacían interrogatorios a profesores y no les dieron permiso para participar en los círculos de mujeres", señala un ex profesor de la casa de estudios que fue desvinculado después de las manifestaciones.

La toma del año pasado en esta facultad fue motivada por un hombre en particular: Juan Palazuelos, ex profesor y secretario académico de la Escuela de Diseño, contra quien hubo dos acusaciones formales en 2019. Una de estas fue una denuncia por acoso sexual hecha por una ex alumna de la escuela, quien entregó su testimonio y pruebas de la situación.

La otra fue una denuncia de abuso de poder y maltrato presentada en mayo de 2019 por la docente Consuelo Guzmán. 

El director jurídico de la UDP y brazo derecho del rector Carlos Peña, Fabricio Jiménez, decidió no realizar la investigación del caso de acoso sexual presentado por la estudiante, apelando al artículo 15 de la normativa interna, el cual establece que los hechos deben haber ocurrido en los últimos 24 meses anteriores a hecha la denuncia, mientras que lo expuesto por la joven no cumplía con este requisito. Esto motivó que las alumnas de la facultad adhirieran a las tomas de la universidad y a la larga permitió que el victimario fuera desvinculado a fines de 2019.

Guzmán, mientras su denuncia seguía en espera, había participado en un par de charlas abiertas de la facultad sobre estos temas. Pero la acusación que ella misma hizo contra Palazuelos, le trajo serias consecuencias.

Según relató la profesora en una demanda laboral que presentó ante tribunales en diciembre de 2019 contra la casa de estudios, la UDP desestimó la acusación interna de abuso laboral y maltrato respecto de Palazuelos.

“El Decano me informa que la carta la (re)enviaría al Departamento de Jurídica de la institución para revisarlo y dar una respuesta formal de qué acciones seguirá al respecto. Luego de 15 días, me escribe que tiene una respuesta y que pase por su oficina. Me comenta que lamentablemente, dada la relación contractual que tengo con la universidad no se hará ingreso de la denuncia ya que, de acuerdo a sus normativas internas yo NO tenía un vínculo laboral con la Universidad al estar a honorarios”, consigna la demanda.

Guzmán, como varios de los profesores de la facultad, trabajó por años a honorarios para la universidad, pese a que también era coordinadora de la carrera de Diseño Gráfico e Industrial, estaba a cargo de las prácticas profesionales de los alumnos y mantenía un escritorio en el  4to piso del edificio de la facultad. La UDP cataloga a estos profesores como “profesores part time”, aunque en muchas ocasiones realizan labores de más de media jornada. En el caso de Guzmán, se desempeñaba como estudiante desde el año 2002 y ayudante desde 2005 y como profesora titular desde 2011. 

Guzmán afirma en su demanda que nunca tuvo una respuesta escrita y formal de parte de Fabricio Jiménez por su denuncia en contra de Palazuelos. De igual forma, la universidad, con autoridades de casa central y el director de la carrera de Diseño, Jorge Morales, le ofrecieron un contrato estable como docente de 1/4 de jornada por las prácticas profesionales y un pago en reparo de lo vivido. Pero tras largas reuniones e inconsistencias en el contrato que le presentaron, ella decidió no firmar. 

Para el segundo semestre 2019, la docente siguió realizando sus labores de costumbre, pero al no percibir sus remuneraciones habituales acudió a la inspección del trabajo, la cual la visitó el 16 de octubre del 2019. Guzmán se autodespide el 29 de octubre del 2019.

Consultada por este tema, Guzmán declinó a referirse a su caso con INTERFERENCIA. 

“Cuando pasó lo de los sumarios, al principio sentí y lamenté la indiferencia de los profesores con respecto al tema. Ahora, después de los despidos, entiendo por qué pasó”, cuenta la estudiante sumariada.

Tras la desvinculación de Guzmán, una serie de docentes que se habían manifestado a favor de la denuncia de ésta o de las alumnas, fueron desvinculados también. Óscar Ríos fue uno de ellos, quien era querido y respetado por profesores y estudiantes, y había sido uno de los fundadores de la escuela de Diseño, según relataron personas de la Faad..

Otro fue Patricio Bascuñán, quien era representante de los profesores part time en la escuela de Diseño y quien había ganado el premio de excelencia docente en 2019. Un año después, no se le permitió impartir ningún ramo en la facultad.

Bascuñán afirmó a INTERFERENCIA que en muchas ocasiones se contactó con la dirección de Diseño para mejorar los protocolos de acoso con respecto a estudiantes y docentes. Tenía ya referencia de dos casos de acoso en años anteriores, contra una funcionaria y contra una estudiante, además del caso de acoso laboral a la docente Consuelo Guzmán.

“Empezaron medidas sostenidas de parte de la dirección, como mecanismo para presionar a las estudiantes en toma, que era solicitar a los profesores seguir con clases normales y hacer caso omiso de la toma”, cuenta Bascuñán. 

Esto motivó que 48 profesores firmaran una carta en apoyo a mejorar el diálogo y la confianza entre estamentos de la Faad, para así construir un protocolo, para evitar el acoso, mucho más efectivo.

Bascuñán afirma que a pesar de que la mayoría de los docentes firmó la misiva, él fue individualizado como el responsable de ésta. Fue cuestionado por los directivos, quienes le preguntaron si se arrepentía de haber firmado. También fue acusado como responsable de las ausencias a clases de otro docente. Finalmente, a pesar de la evaluación positiva de su trabajo por parte de los estudiantes, este año no le permitieron impartir ningún ramo. Bascuñán también demandó a la UDP por despido injustificado.

“Casa Central sabe lo que está pasando, es imposible que no sepan, no le atribuyo una responsabilidad mayor al rector Peña, pero sí como conjetura, uno se da cuenta que no son casos aislados, hay demandas en varias facultades”, comenta Bacuñán.

Son ocho las demandas laborales en contra de la UDP en tribunales, algunas que han terminado en acuerdos monetarios. Otras, como la de Bascuñán y Guzmán, siguen su curso, con cierto atraso por la pandemia. Una hace referencia a un caso de despidos injustificado de un docente en Kinesiología, otra de una periodista y otra de un docente de la facultad de Derecho.

Viviana Bravo es otra de las docentes que demandó a la Faad, por tutela laboral y por discrminación y despido injustificado. Ella era, hasta el año pasado, secretaria de estudios de la Escuela de Artes. Fue despedida en marzo de este año, por “necesidades de la empresa”. 

“Claramente el motivo de mi despido no fue profesional. Yo entré por concurso público, estaba bien evaluada”, comenta Bravo.

La académica cree que simplemente sus opiniones y puntos de vistas fueron foco de discriminación en la Faad. “No es un espacio donde se acepten los disensos”, señala.

“La demanda de Viviana viene mostrando indicios bastante misóginos de autoridades en la universidad. Hay discrminación abierta de género, eso sostenemos en la denuncia, manifestada en la aversión a la libertad de cátedra o de opinión que se entienden que debe existir en un contexto universitario”, explica su abogada Natalia Bravo.

“A otro docente que contrataron este año, le advirtieron que la UDP no era como otras universidades, que tenía que ´portarse bien´porque esto era una empresa más que una universidad”, cuenta un docente que prefiere resguardar su identidad.

Este medio intentó contactarse con la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño, a través de Jorge Morales, director de la escuela de Diseño, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición. 

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Cómo dejar de mencionar que además los hilos que mueven aquellos poderes en la faad no son comunes. Que Jorge Morales aparte de incompetente es masón. Mala combinación.

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