En los últimos días, la comuna de Lo Barnechea ha sido noticia por albergar a gran parte de las comunidades y ecosistemas afectados por las externalidades negativas del proyecto minero Los Bronces Integrado (LBI) de la transnacional británica Anglo American, ubicado en la cordillera de la Región Metropolitana, donde nace el Río Mapocho que luego atraviesa Santiago de oriente a poniente en busca del mar. 

Luego de la aprobación unánime a este proyecto por parte del Comité de Ministros (CM) el lunes 17 de abril pasado, esta semana hemos conocido diversas reacciones de grupos ambientalistas, gremios mineros y clase política. Mientras los primeros tienen visiones que seguirán siendo irreconciliables mientras no nos tomemos en serio la tarea de pensar un nuevo modelo de desarrollo para Chile, dentro del circuito de la política tradicional encontramos declaraciones que llaman la atención por su sintonía crítica. Oficialismo y oposición parecen estar de acuerdo en que aquí estamos frente a una decisión política que le da continuidad a un proyecto minero que ha sido fuertemente cuestionado y hasta rechazado por las instituciones competentes del Estado debido a la amenaza que significa para la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

El alcalde, hizo una acertada descripción del problema de fondo cuando reconoció que “los ministro se vieron en la necesidad de dar una señal potente a la economía, estabilidad e inversión”, y que desde el gobierno debían “echar a andar la economía".

Por ejemplo, el senador y presidente de RD, Ignacio Latorre, manifestó su rechazo al proyecto LBI a través de twitter, “por la vida de las actuales y futuras generaciones” y por el impacto que generará el proyecto en glaciares de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, afectando, dicho sea de paso, a cerca del 40% de la población del país.

Por su parte, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, señaló mediante la misma red social que le llama la atención la aprobación del proyecto por parte del CM, recalcando que ellos como Gobierno regional se pronunciaron en contra.

Además, se refirió a este fallo el edil de Lo Barnechea, el UDI Cristóbal Lira. El alcalde, hizo una acertada descripción del problema de fondo cuando reconoció que “los ministro se vieron en la necesidad de dar una señal potente a la economía, estabilidad e inversión”, y que desde el gobierno debían “echar a andar la economía", “dando luz verde” a la iniciativa en circunstancias que el país vive un “problema económico grave”. Pero en un giro tan inexplicable como el que él mismo acusa al señalar que el gobierno en esto se da una volterta, Lira asegura que él “hubiera sido más estricto, en el sentido de hacer un nuevo estudio enfocado en la salud de la población y en la verdadera afectación del medio ambiente”, al tiempo que se resigna a “esperar que estas medidas (impuestas por el CM) realmente logren paliar el impacto que va a tener la mina en el sector”. 

Frente a estas declaraciones, creemos que es importante recordar algunos hechos que llaman la atención con respecto a la participación del municipio en este proceso, sobre todo teniendo en cuenta lo que señala la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 5 letra J, donde se establece que estas corporaciones autónomas de derecho público tendrán la atribución de «colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente”.

Hecho el punto, creemos que en la Municipalidad de Lo Barnechea se ha actuado siguiendo una política de hechos consumados, marcada por la pasividad y omisión por parte del gobierno local frente al avance de Anglo American. De lo contrario, esperaríamos mayor información y mejores resultados luego de las, al menos, 7 reuniones que sostuvo la Dirección Municipal de Sostenibilidad con lobbistas representantes de los intereses de Anglo American entre el 21 de julio de 2021 y el 6 de abril de 2022. 

Más allá de las preguntas y sospechas de oportunismo político que se desprenden de lo anterior, en Territorios Democráticos también quisiéramos leer en las declaraciones del alcalde Lira una invitación a dialogar con las organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, también sería interesante discutir de cara a las comunidades organizadas, cuáles fueron las razones de fondo para que el municipio se hayan abstenido de participar en la tercera instancia del proceso, a pesar de haber sostenido reuniones con el equipo jurídico de la ONG FIMA encargado de llevar adelante las reclamaciones contra la ampliación del proyecto en representación de las comunidades locales.

Por otro lado, llama la atención que la directora de sostenibilidad, quien dejó el cargo hace ya algunos meses, hasta el momento aún no haya sido reemplazada, figurando incluso hasta hoy en el sitio web de la municipalidad como la profesional a cargo del área, lo que denota una despreocupación y falta de interés que nos parece inquietante. 

Más allá de las preguntas y sospechas de oportunismo político que se desprenden de lo anterior, en Territorios Democráticos también quisiéramos leer en las declaraciones del alcalde Lira una invitación a dialogar con las organizaciones de la sociedad civil de la comuna que le han hecho seguimiento activo a este proceso, haciendo sonar las alarmas desde la administración de Felipe Guevara en adelante

Creemos que la conversación que propone Lira -tal vez sin querer- es central: por un lado, un grupo de ministros/as (de un gobierno “ecologista”) votando favorablemente un proyecto de más de USD3.500 millones, presionados por la baja inversión y la responsabilidad de “echar a andar la economía”; por el otro, un megaproyecto minero que, según se desprende de sus palabras, constituye una amenaza para el medio ambiente y la salud de comunidades que habitan dentro de la comuna que representa. Por ello, esperamos que la autoridad comunal y todo su entramado institucional se pongan a disposición de las comunidades afectadas para lograr avanzar de manera efectiva, participativa y transversal en mayores niveles de justicia ambiental para los vecinos y vecinas de Lo Barnechea. 

Las agrupaciones y movimientos sociales de Lo Barnechea que se movilizaron para detener el proyecto LBI estamos disponibles para tener esa conversación con las autoridades comunales. Esperamos, en definitiva, que las declaraciones del alcalde Lira sean algo más que conocidas fórmulas de oportunismo político y que efectivamente apoye y proteja a las comunidades y ecosistemas afectados, definiendo una política comunal clara con respecto a Anglo American y LBI de cara a lo/as vecino/as y privilegiando naturalmente, lo mejor.