Casi veinte horas después del crimen, el electricista José Riquelme Bascuñán, obrero de una industria filial de Corfo, iba pasando en avanzado estado de ebriedad por la puerta de la Prefectura de Carabineros de Santiago. Un policía le llamó la atención y Riquelme respondió con un insulto. Fue detenido de inmediato.

Al día siguiente, varias radioemisoras de oposición y el vespertino La Segunda informaron del arresto de uno de los asesinos del comandante Araya.

La Segunda, con grandes caracteres, tituló: "Cayó asesino del edecán. Se habría entregado a Carabineros. Grupo extremista de izquierda lo ultimó. Pretendían raptarlo para convulsionar al país. FTR, MIR y PS serían los cómplices".

Esa tarde Riquelme fue conducido al cuartel de Investigaciones y pocas horas después los detectives comprobaron que la confesión extraída al electricista era falsa y había sido conseguida bajo presiones indebidas.

El capitán Germán Esquivel, miembro del Servicio de Inteligencia de Carabineros, Sicar, había logrado la confesión del detenido luego de un minucioso interrogatorio. El policía aseguró en su informe que Riquelme se había entregado porque estaba arrepentido y temía que sus compañeros lo asesinaran. Según el oficial de Carabineros, Riquelme había sido contratado por Domingo Blanco, integrante del GAP del presidente Allende, por doce mil escudos, para que secuestrara al comandante Araya y con ello impedir cualquier diálogo entre el Gobierno y la democracia cristiana. Detrás de Blanco estarían varios miembros del MIR y del PS.

Esa tarde Riquelme fue conducido al cuartel de Investigaciones y pocas horas después los detectives comprobaron que la confesión extraída al electricista era falsa y había sido conseguida bajo presiones indebidas.

El comandante Araya detrás de Allende en gira por la URSS

El comandante Araya detrás de Allende en gira por la URSS

Carabineros emitió entonces un comunicado donde afirmó que el arresto de Riquelme no tenía relación con el ataque en contra del edecán presidencial y que se había registrado por "razones de índole muy diversa, encontrándose en estado de intemperancia alcohólica".

Velatorio en La Moneda.

Al día siguiente, la Corte Suprema designó al juez Abraham Meersohn como ministro en visita para que investigara el caso, pese a que el juez militar Joaquín Earlbaum ya había ordenado incomunicar al acusado.

Enfrentados a una contienda de competencia, el Consejo Superior de Seguridad Nacional, Consupsena, dirimió el conflicto y dictaminó que le correspondía a la Fiscalía Naval sustanciar el proceso.

En los días siguientes los detectives empadronaron los alrededores del sitio del suceso. Uno de los testigos había anotado las patentes de algunos de los vehículos que circularon a la hora del crimen por el lugar y los agentes consiguieron ubicar una citroneta conducida en aquella oportunidad por Mario Rojas Zegers.

Todos ellos pertenecían o eran muy cercanos a Patria y Libertad. En las casas de varios de ellos se encontraron cerca de veinte armas de diferentes tipos y calibres, detonantes, cargas explosivas y municiones.

La detención de Rojas y las diligencias de los policías, encabezados por Alfredo Joignant, director de Investigaciones; Hernán Romero, director de la Escuela Técnica; y Waldo Montecinos, jefe de la Brigada de Homicidios, permitieron dilucidar parte de lo ocurrido la noche en que fue asesinado el comandante Araya.

Los responsables pertenecían a un comando integrado por René Guillermo Claverie Barbet, Edmundo Enrique Quiroz Ruiz, Guillermo Necochea Aspillaga, Guillermo Bunster Thiese, Juan Antonio Zacconi Quiroz, Miguel Víctor Sepúlveda Campos, Carlos Fernando Farías, Wilfredo y Luis Perry González, Luis Palma Ramírez, Mario Rojas Zegers, Uka Lozano, Guillermo Schilling Rojas, José Iturriaga Aránguiz, Ricardo Vélez Gómez, Rafael Mardones Saint Jean, Odilio Castaño Jiménez, Andrés Potín Lailhacar y Alejandro Figari Verdugo. Todos ellos pertenecían o eran muy cercanos a Patria y Libertad. En las casas de varios de ellos se encontraron cerca de veinte armas de diferentes tipos y calibres, detonantes, cargas explosivas y municiones.

Algunos de los detenidos afirmaron que eran parte de un grupo escindido de Patria y Libertad denominado ‘‘Guerrilleros Nacionalistas’’, integrado también por miembros del Comando Rolando Matus, dependiente del Partido Nacional.

Bunster reunió a una veintena de jóvenes en su casa, en Américo Vespucio Norte, y distribuyó explosivos, escopetas, metralletas y pistolas.

Según lo que pudieron establecer los detectives, Guillermo Bunster recibió instrucciones el 26 de junio para realizar una acción destinada a crear el clima propicio para el alzamiento de la Armada. El día anterior, los camioneros habían iniciado un nuevo paro nacional y el país estaba en extrema tensión.

Bunster reunió a una veintena de jóvenes en su casa, en Américo Vespucio Norte, y distribuyó explosivos, escopetas, metralletas y pistolas. La orden fue acudir al barrio de Providencia a provocar el mayor caos posible.

En una camioneta amarilla de doble cabina se trasladaron a la esquina de las calles Huelén con Providencia, casi al frente de las torres Tajamar. Iban Bunster, Claverie, los hermanos Perry, Guillermo Necochea, Enrique Quiroz, Luis Palma, Odilio Castaño, Alejandro Figari y un sujeto de barba que más tarde sería identificado.

En la citroneta de Rojas subieron Miguel Sepúlveda Campos y Edmundo Quiroz. Su misión era sembrar con ‘‘miguelitos’’ el sector elegido para el ataque. Otro grupo, formado por José Iturriaga Aránguiz, Uka Lozano, Guillermo Schilling y Carlos Gaymer, ocupó un Peugeot rojo. Ellos estaban encargados del apoyo logístico y de avisar en caso de peligro haciendo sonar unos pitos. Todos llevaban un brazalete blanco.

Claverie, provisto de una metralleta Batán, disparó indiscriminadamente contra los vehículos que a las 0:30 pasaban por Providencia cerca de Pedro de Valdivia. Wilfredo Perry disparó su escopeta en contra de dos vehículos de la locomoción colectiva. Bunster hizo explotar una bomba en una camioneta de Indap que estaba estacionada.

Ocho miembros del comando ingresaron a la calle Fidel Oteíza. Un hombre en bata salió a un balcón a increparlos. Claverie disparó sobre él. Llegaron a Pedro de Valdivia y siguieron disparando a cualquier cosa que se moviera. Enseguida abordaron sus vehículos y regresaron a la casa de Bunster.

El grupo de terroristas se ocultó en un fundo de San Felipe y se entregó al Ejército el 12 de septiembre de 1973, siendo trasladado a Valparaíso, desde donde, luego de unos dos meses, viajó a una clínica en Santiago. En 1980 todos ellos consiguieron el indulto del general Pinochet.

En 2005, 32 años después del asesinato del comandante Araya, uno de los detectives que investigó la muerte del oficial naval en 1973, entregó a los hijos del marino un dato clave que instó a los hermanos Enrique y Arturo Araya Corominas a presentar varios recursos judiciales para reabrir el caso.

El expolicía les contó que ninguno de los proyectiles encontrados en el sitio del suceso correspondía a los que dieron muerte al edecán del presidente Allende. La autopsia que se le efectuó indicó, además, que la bala que le dio en el corazón entró desde arriba hacia abajo y no al revés

El expolicía les contó que ninguno de los proyectiles encontrados en el sitio del suceso correspondía a los que dieron muerte al edecán del presidente Allende. La autopsia que se le efectuó indicó, además, que la bala que le dio en el corazón entró desde arriba hacia abajo y no al revés, como lo hicieron las balas disparadas por Guillermo Claverie. «A su padre lo mató un tirador escogido que le disparó desde el frente, de esa casona que todavía existe y que era un colegio de monjas», les aseguró a los hermanos Araya el oficial en retiro de la Policía de Investigaciones.

El caso fue reabierto por la titular del 17° Juzgado del Crimen de Santiago, la magistrada Patricia González, quien a fines de marzo de 2005 ordenó a la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la PDI realizar una serie de diligencias.

Los detectives reunieron diversos antecedentes que no habían sido investigados por la justicia naval en 1973. Entre ellos, una reunión de tres de los máximos dirigentes de Patria y Libertad –Roberto Thieme, Miguel Cessa y Vicente Rodríguez– con dos oficiales de la Armada –uno identificado como el capitán de Navío Hugo Castro Jiménez– efectuada en un departamento de Vitacura dos días antes del asesinato de Araya Peeters.

En aquella reunión los oficiales de la Armada le comunicaron a Thieme y compañía que el día 25 de julio de 1973 se iniciaría en el país un nuevo paro nacional y que, para aumentar la tensión, necesitaban que Patria y Libertad realizara diversos atentados con armas y explosivos. Agregaron que ellos les indicarían cómo, cuándo y dónde efectuarlos y que les suministrarían todo lo necesario para su cometido.

Los detectives también retomaron la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la justicia naval, quienes afirmaban que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal.

Se enteró, por ejemplo, que horas antes del asesinato del edecán, a las seis de la tarde de ese 26 de julio, Claverie y Guillermo Bunster conversaron con Miguel Cessa, un tal «Manolo» y otros sobre lo que harían esa noche en Providencia, y que a las 20:30 ambos se dirigieron a la casa de Jorge Ehlers Ölkers, un oficial (r) de la Armada y de su yerno Alejandro Ellis, quien les entregó un rifle Marcatti 22 Batán, una caja de miguelitos y les insistió en que «la Marina se deja caer esta noche sobre Santiago».

La jueza González pidió a la justicia naval que le remitiera el proceso completo de la investigación efectuada desde julio del 73 y acumuló, además, numerosos otros datos. Se enteró, por ejemplo, que horas antes del asesinato del edecán, a las seis de la tarde de ese 26 de julio, Claverie y Guillermo Bunster conversaron con Miguel Cessa, un tal «Manolo» y otros sobre lo que harían esa noche en Providencia, y que a las 20:30 ambos se dirigieron a la casa de Jorge Ehlers Ölkers, un oficial (r) de la Armada y de su yerno Alejandro Ellis, quien les entregó un rifle Marcatti 22 Batán, una caja de miguelitos y les insistió en que «la Marina se deja caer esta noche sobre Santiago». Poco más tarde, todos los convocados se reunieron en la casa de Bunster y salieron de allí provistos de diversas armas. En los días previos, Ehlers y su yerno habían sostenido varias reuniones con oficiales en servicio de la Armada para preparar la ofensiva que empezaría el 25 de julio. Ehlers integró la Cofradía Náutica del Pacífico y luego del golpe fue designado director de la Dirección General de Deportes, Digeder.

Por otro lado, el rifle Marcatti 22 correspondía a los cargamentos de armas que desde comienzos de año Roberto Thieme ingresaba clandestinamente desde Argentina, donde sostenía el proyecto Sierra Alfa, un campamento en el que se adiestraban militarmente los militantes de Patria y Libertad.

En abril de 2005 los hijos de Araya Peeters también pidieron a la jueza González que investigara a Daniel Guimpert Corvalán, teniente de la Infantería de Marina y agente del Servicio de Inteligencia Naval, y a Jorge Osses Novoa, por su eventual participación en el crimen de su padre. Ambos eran muy cercanos a los círculos conspirativos de la Armada en 1972 y 1973.

Una serie de artículos publicados por el periodista Jorge Escalante en el diario La Nación llamaron nuevamente la atención sobre el asesinato del comandante Araya. Jorge Ehlers Ölkers huyó a Alemania con su esposa y la Armada mandó a retirar el expediente inicial del caso desde el 17° Juzgado del Crimen.

El comandante Araya debía dejar en septiembre de 1973 su destinación como edecán presidencial e incorporarse al cuerpo de almirantes con el grado de contralmirante. De llegar a esa posición se habría enterado de los planes para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.

En 2010 cobró fuerza la hipótesis de la participación de la inteligencia naval estadounidense o de la CIA en el crimen. Algunos informes electrónicos norteamericanos aseguraron que el responsable de los disparos había sido David Sánchez Morales, quien se trasladó a Chile en 1970 y fue miembro del equipo que trabajó para desestabilizar a Allende. El comandante Araya debía dejar en septiembre de 1973 su destinación como edecán presidencial e incorporarse al cuerpo de almirantes con el grado de contralmirante. De llegar a esa posición se habría enterado de los planes para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.

A fines de 2007 la nueva investigación sobre el asesinato de Araya Peeters fue sobreseída y archivada por el 18° Juzgado del Crimen de Santiago.