La región latinoamericana se ha convertido en el nuevo tablero de la competencia global entre potencias. Pero esta vez no se trata de bases militares visibles ni de golpes de Estado patrocinados. La disputa ocurre en las sombras, en los sistemas de telecomunicaciones, en los cables submarinos y en las empresas tecnológicas que se expanden bajo el discurso de la “conectividad digital”.

Durante décadas, el espionaje en América Latina fue un asunto de embajadas y de informantes reclutados entre militares y diplomáticos. Hoy, en cambio, la inteligencia extranjera se camufla entre startups, consultoras, universidades y fundaciones. Washington, Beijing, Moscú y Teherán compiten por los datos, no por los territorios.

El caso chileno ilustra bien la transformación. Mientras Chile firma acuerdos de ciberseguridad con Estados Unidos, simultáneamente empresas chinas instalan infraestructura de fibra óptica que conecta el Pacífico Sur con Asia. Nadie discute públicamente quién controla los servidores, ni qué gobiernos acceden a la información. Es la guerra fría digital.

En la última década, al menos cinco cables submarinos de comunicación fueron financiados por consorcios ligados a China o EE.UU. En apariencia, son obras civiles. En la práctica, son rutas de espionaje que permiten a las potencias escuchar, mapear y predecir movimientos económicos y políticos.

Un exfuncionario de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) declaró recientemente que “el nuevo oro de América Latina no son los minerales, sino sus bases de datos”. Y las agencias de inteligencia lo saben. Empresas privadas que ofrecen “análisis predictivo” o “seguridad informática” actúan como intermediarias de información para gobiernos y corporaciones.

Chile, con su posición geográfica estratégica y su estabilidad institucional, se volvió una plataforma ideal para probar tecnologías de monitoreo. Lo que comenzó como vigilancia ambiental o control de fronteras, terminó en experimentos de reconocimiento facial en aeropuertos y sistemas de interceptación legal administrados por contratistas extranjeros.

Mientras tanto, en Argentina y Brasil se multiplican los acuerdos de cooperación “tecnológica” con empresas que, en realidad, tienen vínculos con agencias de inteligencia de sus países de origen. La frontera entre lo civil y lo militar se diluye en los centros de datos y en los laboratorios de inteligencia artificial.

Rusia y China, por su parte, han perfeccionado la estrategia de la “influencia silenciosa”: ofrecer donaciones, becas o proyectos de infraestructura a cambio de acceso privilegiado a redes nacionales. En algunos países, funcionarios y académicos desconocen que los programas de intercambio incluyen protocolos de recopilación de información.

Estados Unidos, al percibir este avance, ha reactivado su presencia con otro lenguaje. Ya no se habla de “intervención”, sino de “protección del ciberespacio hemisférico”. En Chile, Perú y Colombia, oficiales estadounidenses entrenan fuerzas locales en detección de amenazas cibernéticas, aunque los equipos provienen del propio Pentágono o de la CIA.

El espionaje ya no necesita micrófonos escondidos ni agentes con sombrero. Ahora se infiltra en las aplicaciones móviles, en las cámaras de vigilancia y en los servicios de almacenamiento en la nube. Cada gobierno latinoamericano cree que protege su soberanía digital, pero la realidad es que todos dependen de tecnologías diseñadas fuera del continente.

En América Latina, los países con mayor capacidad de inteligencia siguen siendo Brasil, México, Colombia y Chile, aunque ninguno logra competir con la sofisticación de los servicios israelíes o iraníes, que operan en la región con total discreción. La presencia de agentes extranjeros en operaciones de seguridad locales es conocida, pero rara vez reconocida oficialmente.

Argentina es el caso más elocuente: el propio vicepresidente de Irán, acusado por el atentado a la AMIA, estuvo en Buenos Aires y en el sur del país en una visita oficial sin que los servicios locales detectaran su ingreso. Fue una humillación para la inteligencia argentina y una demostración del vacío de coordinación regional. En materia de espionaje, la improvisación aún vence a la estrategia.

Chile, como otros países, carece de buenos servicios de inteligencia. No tiene formación ni menos academias para entrenar a sus agentes. Sus funcionarios son nombramientos políticos y no de carrera. La prioridad no es la seguridad, sino hacerse millonario en compra de equipos, ya que saben que sus puestos duran pocos años. Es decir, cambia el gobierno y cambian los agentes.

Algunos países son presionados para aceptar software de inteligencia bajo el argumento de combatir el narcotráfico o la migración irregular. Una vez instalado, ese software recopila información de millones de ciudadanos y la transmite a servidores ubicados fuera del país.

Lo paradójico es que mientras las potencias compiten, los gobiernos latinoamericanos no cooperan entre sí. Cada país negocia individualmente sus acuerdos tecnológicos, repitiendo los errores del pasado: entregar soberanía a cambio de inversión o asistencia militar.

En los próximos años, la batalla por los datos será tan importante como la del litio o el petróleo. Quien controle la información, controlará las decisiones políticas, los mercados y la opinión pública. La región parece no haber aprendido que el espionaje nunca se retira, solo cambia de rostro.

América Latina está frente a una nueva forma de intervención: una invasión invisible que no necesita soldados, sino ingenieros. El enemigo ya no se infiltra en las fronteras, sino en los algoritmos.

Las agencias de inteligencia tienen que priorizar el intelecto y no llenarse de policías y militares jubilados. Hay que aprender de los mejores. Israel, Irán, Estados Unidos, Cuba, Rusia y China. Aún Latinoamérica está atrasada en tecnología y preparación de sus funcionarios que ven la oficina de inteligencia como un trabajo de 09:00 a 17:00 o simplemente desmotivados al ver a sus jefes en actos de corrupción.