El proceso que viven las universidades controladas por el Grupo Laureate aún continúa abierto. Tras más de 15 meses de investigación por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) a las situaciones académicas, financieras y administrativas de las universidades Andrés Bello, Viña del Mar y de Las Américas, las autoridades descubrieron una serie de contratos entre los planteles y Laureate que calificaron como “servicios injustificados”.

La información se hizo pública en marzo de este año, cuando Ciper y Radio BíoBío, publicaron los informes del Mineduc que demostraron que las universidades infringieron la ley del lucro, transgrediendo sus estatutos administrativos.  

De acuerdo a la Ley 20.800, que creó la figura del Administrador Provisional, esta sería una acusación grave, pero conforme al relato de Ciper, la administración anterior decidió no formular cargos, aunque tampoco sobreseyó a las instituciones, más bien les exigió “el finiquito de dos de los contratos que mantienen con Laureate en un plazo de tres meses: la venta de servicios y el pago de la licencia de propiedad intelectual”.

Hasta la fecha, las autoridades no han cerrado el proceso y la resolución final se encuentra en completa incertidumbre, a la espera de un pronunciamiento sobre una apelación que realizaron los planteles, aparentemente, fuera de todo plazo.

Hasta la fecha, las autoridades no han cerrado el proceso y la resolución final se encuentra en completa incertidumbre, a la espera de un pronunciamiento sobre una apelación que realizaron los planteles, aparentemente, fuera de todo plazo.

Han pasado más de 6 meses desde que las universidades fueron notificadas, como constató en abril el subsecretario de Educación Superior, Raúl Figueroa. Desde la Comisión de Educación sacan cuentas y el Mineduc ya habría incumplido los plazos para responder los recursos interpuestos por las universidades.

Ministerio a “contrarreloj”

La demora ha causado preocupación entre los diputados de la Comisión de Educación, quienes en tres instancias diferentes le han solicitado al Mineduc informar los avances del proceso y los plazos estimados para emitir una resolución final. Sin embargo, el gobierno  no ha aclarado el tema, aludiendo a la reserva en la que se encontraría el proceso al mantenerse aún en curso.

La última petición la elevó hace dos días el diputado Mario Venegas (DC), quien el jueves 11 de octubre presentó un oficio en el que le exige al Ministerio que transcurrido tres meses desde la última solicitud, y “no habiendo información al respecto, solicita que se le informe sobre el estado y las resoluciones que la subsecretaría ha adoptado en el caso”.

Anteriormente, el 21 de agosto, el mismo diputado le pidió en la Comisión de Educación a la ministra Marcela Cubillos que se refiriera al proceso. En la ocasión, según consigna el acta (vea el documento al final de este artículo), la jefa de la cartera respondió que “actualmente se encuentra pendiente la resolución de un recurso de reposición interpuesto por el Grupo. Asimismo, se comprometió, a petición de la diputada Girardi a entregar a la Comisión un orden cronológico de los hitos administrativos de ese proceso investigativo y a remitir los antecedentes una vez concluido el proceso”, cuestión que aún no sucede.

Han pasado 6 meses y 132 días hábiles, pero aún el Ministerio no da a conocer su resolución.

De acuerdo a una solicitud de transparencia, que el Ministerio respondió el 2 de octubre y a la cual INTERFERENCIA pudo acceder, las autoridades aún se encuentran resolviendo los recursos “de reposición y, en subsidio de ellos, los pertinentes recursos jerárquicos” presentados por las universidades, los que estarían -según el asesor legislativo del diputado Venegas, Patricio Álvarez-Salamanca- reglamentados por la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de administración del Estado.

De acuerdo al artículo 59 de la normativa, los planteles tenían cinco días para presentar los recursos, una vez que fuesen notificados de la resolución adoptada por el Mineduc. El subsecretario de Educación Superior, Raúl Figueroa, en la sesión del 3 de abril de la Comisión de Educación de la Cámara baja, declaró que los planteles ya habían sido notificados a la fecha.

Tomando en cuenta este antecedente, Álvarez-Salamanca confirmó que el ministerio estaría incumpliendo los plazos, pues el artículo 59 de la ley 19.880 define un periodo de 30 días para que la autoridad se pronuncie frente a los recursos de reposición y jerarquía. Han pasado 6 meses y 132 días hábiles, pero aún el Ministerio no da a conocer su resolución.

El diputado Venegas lamenta esta situación, puesto que han pasado más de dos años desde que se inició el proceso en contra del Grupo Laureate y aún no existe una decisión final. “Por años venimos intentando investigar si es que las operaciones de este grupo y las instituciones que adquirió en Chile se ajustan al marco legal”, dice Venegas. “Para eso era la investigación y existe una resolución que dejó elaborada la subsecretaría del gobierno anterior que debía implementarse. Es cierto que ellos tienen el recurso de apelación, pero nos parece bien extraño que se demoren tanto en resolver esto”.

Las redes de Laureate en el Gobierno

Consultado por el proceso, el subsecretario Raúl Figueroa  derivó a INTERFERENCIA con su encargada de comunicaciones, Angélica Joannon, quien a nombre de la autoridad manifestó que no se referirán al tema. Los planteles controlados por Laureate tampoco quisieron referirse al tema.

La respuesta causa suspicacia, tanto por la demora en el proceso, como también por las redes que Laureate mantiene al interior del gobierno. Durante marzo, cuando el subsecretario fue designado, los dirigentes de la Confech y diputados de la oposición cuestionaron el nombramiento de Figueroa, a quien acusaron de mantener un conflicto de interés con el Grupo Laureate al haberse desempeñado como secretario académico y director de la Escuela de Postgrados de la Universidad Andrés Bello.

Lo cierto, en todo caso, es que las redes de Laureate al interior del Gobierno no se agotan con Figueroa. Jorge Selume, padre del actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) que lleva el mismo nombre, es el actual vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello, siendo un hombre clave de las operaciones de Laureate en Chile.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, también ha sido apuntado, pues trabajó para la Universidad Andrés Bello entre los años 2008 y 2011, recibiendo un sueldo mensual que totalizó los $36,3 millones.

En una situación similar se encuentra la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien en el primer gobierno de Piñera se desempeñó como ministra de Educación y fue criticada por sus vínculos con Laureate, ya que su esposo, Gonzalo Molina, es socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz, el cual mantiene una estrecha relación con el Grupo, ya que el 2008 lo asesoró en la adquisición de las universidades Andrés Bello, de Las Américas y el Instituto AIEP.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, también ha sido apuntado, pues trabajó para la Universidad Andrés Bello entre los años 2008 y 2011, recibiendo un sueldo mensual que totalizó los $36,3 millones. Su hermano, Herman Chadwick, ambos primos del Presidente Sebastián Piñera, presidió el directorio de la Universidad de las Américas en el mismo periodo, recibiendo $253 millones.

Las sospechas sobre las intenciones de lucrar de Laureate siguen en pie. Durante agosto, el Diario Financiero publicó un artículo donde relata las intenciones de expansión del Grupo, el que, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que permitió a instituciones con fines de lucro participar en el control de las universidades, contempla ampliar su inversión, fortaleciendo su participación en Brasil, México, Perú y Chile.