El reciente accidente ocurrido el 24 de septiembre de 2025 en la localidad de Hualaihué vuelve a poner en evidencia las precarias condiciones laborales que imperan en la multimillonaria industria transnacional del salmón. 

En esta ocasión, el buzo Jaime Ampuero Díaz, quien se encontraba mariscando a 20 metros de profundidad, fue arrastrado y su manguera de aire cortada por la hélice de una embarcación de transporte salmonero. Para sobrevivir, Ampuero debió emerger bruscamente, desarrollando el síndrome de descompresión inadecuada —conocido como “enfermedad del buzo”—, lo que hoy lo mantiene hospitalizado con graves secuelas neurológicas.

Una industria rentable con la mayor mortalidad laboral del sector acuícola global

Durante los últimos doce años, la industria productora y exportadora de salmón de cultivo industrial en Chile ha registrado la mayor tasa de accidentabilidad y mortalidad laboral del sector acuícola a nivel global, superando a países como Noruega, Canadá, Escocia, Australia o las Islas Feroe.

Según los registros del Centro Ecoceanos, entre marzo de 2013 y julio de 2025 han muerto 83 trabajadores y trabajadoras en centros de cultivo, plantas procesadoras y embarcaciones de transporte asociadas a la industria salmonera en aguas chilenas.

Esta situación, impresentable para la segunda actividad económica más importante del país, refleja una filosofía empresarial en la que estas muertes no son accidentes inevitables, sino consecuencia directa de un sistema de producción intensiva. En él, las ganancias millonarias se priorizan —con la complicidad de los organismos fiscalizadores del Estado— por sobre la seguridad y la vida humana. No por nada, en el sur de Chile se repite con amarga ironía el dicho: “la vida de un buzo vale menos que la de un salmón de exportación”.

Un gigante económico con estándares laborales tercermundistas

Chile es hoy el segundo productor mundial de salmón de cultivo industrial intensivo, con exportaciones que en 2024 alcanzaron 1.045.282 toneladas, valoradas en US$ 6.371 millones (6,3 billones de dólares), representando el 38% de la oferta global de salmónidos y el 55% del consumo de salmón Atlántico en Estados Unidos.

Sin embargo, detrás de estas cifras récord se esconde una cruda realidad laboral. Un 40% de los trabajadores salmoneros son contratados por empresas subcontratistas bajo regímenes precarios y temporales (“por obra o faena”), lo que impide su sindicalización y limita su capacidad de defensa colectiva.

A esto se suman las jornadas laborales más extensas y los salarios más bajos de la industria global, junto con violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres trabajadoras en plantas procesadoras. En estos recintos se reportan jornadas de hasta 12 horas de pie y en bajas temperaturas, especialmente durante los períodos de “peak” productivo. La débil fiscalización estatal permite que esta realidad persista, muy lejos de los estándares laborales de países competidores como Noruega, Escocia o Canadá.

Salmones industriales: un sabor que mata

Este año, hasta la fecha, han muerto tres buzos que trabajaban para la industria salmonera. Estas muertes acompañan la nueva fase de expansión territorial y productiva en las regiones de Aysén y Magallanes, cuyo objetivo es duplicar la actual producción de un millón de toneladas anuales hacia 2040. Esta expansión incluye tanto los territorios del Walmapu (con nuevas pisciculturas) como la Patagonia chilena (centros de engorda).

Los fallecimientos registrados este año corresponden a:

- Luis Godoy Mendoza, buzo mariscador básico, quien murió el 17 de abril por una embolia gaseosa en el centro de cultivo Elena Weste, perteneciente a la megaempresa Blumar, una de las cuatro familias empresariales que controlan el mar chileno.

- Un segundo buzo, identificado por sus iniciales C.B.A., falleció el 24 de julio en el centro Canalad (Comuna de Cisnes, Región de Aysén), propiedad de la empresa Australis Mar, de capitales chinos.

- Yonathan Vergara, buzo de mantenimiento, murió también el 24 de julio mientras realizaba labores de instalación de redes antílobos en el centro Bahía León, en el Seno Skyring (Región de Magallanes), también de Blumar.

Dos de estos tres trabajadores murieron subcontratados por Blumar en menos de tres meses, lo que evidencia los precarios estándares de seguridad y la inoperancia de la fiscalización estatal en la Patagonia chilena.

La mayoría de los buzos fallecidos son pescadores artesanales con licencia de “buzo mariscador básico”, que legalmente solo permite operar hasta 12 metros de profundidad. Las empresas salmoneras los subcontratan por ser más baratos que un buzo profesional certificado. 

Necrosalmonicultura chilena: cuando la muerte acompaña la expansión y las ganancias

Entre 2004 y 2022, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) registró 245 accidentes de buceo en salmoneras, con 44 muertes. Estas cifras se mantienen elevadas, incluso en años recientes, debido a la falta de fiscalización estatal, las condiciones laborales precarias y el incumplimiento de la normativa de buceo.

El contraste con Noruega, primer productor mundial, es brutal: ese país reportó solo tres muertes en 34 años.

En Chile, la permisividad institucional permite que las empresas —nacionales y transnacionales— operen con buzos provenientes de la pesca artesanal, utilizando equipos inadecuados y sin supervisión profesional. Aunque su licencia solo permite descender hasta 12 metros, suelen trabajar a más de 30 metros de profundidad, sin protocolos de seguridad ni descompresión adecuados.

En 2022 murieron cinco trabajadores salmoneros, tres de ellos buzos. Entre las víctimas estuvo Kateryn Pérez Moraga (30 años), fallecida a 27 metros mientras realizaba labores para la empresa Nova Austral (de capitales noruego-norteamericanos) en Magallanes. Dos compañeros que intentaron socorrerla sufrieron síndrome de descompresión. En 2023 murieron otros cinco trabajadores, dos de ellos buzos de 50 y 62 años.

El Sindicato de Buzos Profesionales ha denunciado en 2025 las condiciones extremas que enfrentan quienes trabajan en centros de cultivo, donde las jornadas llegan a 20 días seguidos por 7 de descanso, algo incompatible con una actividad catalogada como de alto riesgo físico y psicológico.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Dirección del Trabajo, pese a tener facultades fiscalizadoras, no logran detener la muerte continua de trabajadores. En paralelo, el Ministerio Público en las regiones de Aysén y Los Lagos acumula decenas de causas sin sentencias ejemplares ni responsables condenados.

Detrás del salmón chileno que se consume en restaurantes y supermercados del mundo hay una realidad de explotación, precariedad y muerte. Cada filete de exportación lleva, simbólicamente, la huella de los 83 trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida sirviendo a una industria que, mientras multiplica sus ganancias, sigue negando lo más básico: el derecho a la vida y a la dignidad laboral.

(*) Esta columna es de autoría de Juan Carlos Cárdenas N., médico Veterinario y director del Centro Ecoceanos