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Sábado, 21 de septiembre de 2019
‘Proyecto Marciano’ podría llegar a US$ 200 millones

Entel se adjudicó por US$ 6 millones secreta licitación de Ciberseguridad del Estado Mayor Conjunto

Maximiliano Alarcón G.

El monto obtenido por la empresa bordearía los 6 millones de dólares. Pegasus, uno de los perdedores de la licitación, se querelló en contra de funcionarios del EMCO por prevaricación administrativa.  Mañana martes oficiales de esa institución tendrán que declarar ante la fiscalía.

El 21 de diciembre del año pasado el Estado Mayor Conjunto (EMCO), organización que agrupa a todas las Fuerzas Armadas para asesorar al Ministerio de Defen­­­­­sa, adjudicó en un documento secreto la primera fase del llamado proyecto de Ciberdefensa Integrado Marciano a la empresa de telecomunicaciones Entel.

Esta compañía, que cuenta con unos 9,2 millones de clientes en Chile y 8,8 millones en Perú, se impuso por sobre Everis y Pegasus, las otras dos firmas que entregaron ofertas en esta licitación privada.

El representante de la multinacional tecnológica Everis en Chile es Pedro Pablo Errázuriz, quien también es actualmente presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Pegasus, en tanto, es una firma chilena encabezada por Bruno Barrera, un ingeniero oriundo de Valparaíso.

Los detalles de esta primera fase del ‘Proyecto Marciano’ son secretos por ley, aunque según datos obtenidos por INTERFERENCIA, la implementación de todo este proceso que busca elevar los niveles de ciberseguridad del Estado Mayor Conjunto podrían llegar, en su distintas fases de implementación, a unos US$200 millones en total.

Pero en este primer paso, el desembolso bordaría unos US$ 6 millones. En concreto, al abrirse las tres ofertas en diciembre pasado, Entel habría valorado sus servicios para esta fase en US$ 5,7 millones, mientras que Pegasus ofertó US$ 5,9 millones y Everis US$ 5,8 millones, según documentos a los que nuestro medio tuvo acceso.

Uno de los datos que mete ruido en esta licitación es que el encargado de Entel de supervisar este proceso es Pablo Álvarez Arellano, un ex oficial de la Fuerza Aérea (FACH), quien se retiró de la institución en 2013 tras más de 20 años de carrera, y que actualmente desempeña el cargo de ‘Gerente de Negocios de Entel en temas de gobierno y Fuerzas Armadas’. De hecho fue él quién estuvo a la hora de la apertura de ofertas en diciembre del año pasado.

Pero, ¿qué es, concretamente, el llamado ‘Proyecto Marciano’? La licitación, en la cual participaron 11 empresas aunque sólo las tres anteriores llegaron con ofertas concretas, se rige bajo reglas de confidencialidad.

Sin embargo, la edición junio-julio de 2018 de la revista Armas y Servicios del Ejército, cuenta superficialmente en qué consiste Marciano: “Se estableció la creación de un Centro Coordinador del Equipo de respuesta a incidentes de seguridad para la Defensa, que operará en el Estado Mayor Conjunto, y cuyo propósito es crear un sistema cooperativo y colaborativo entre organismos de ciberdefensa institucionales de las FFAA, apoyando en la gestión y solución de incidentes informáticos que puedan afectar a las redes institucionales de la Defensa”.

El objetivo de este sistema, según esa revista, es “cubrir todas las necesidades y capacidades consideradas, lo que permitirá establecer grados de alerta informática a nivel nacional, compartir un panorama común y evaluar las condiciones de seguridad en el ciberespacio; además contará con capacidades de monitoreo de amenazas y un centro de capacitación, entre otras. Asimismo, manejará información de ciberamenazas y vulnerabilidades recibidas por distintas fuentes, encargándose de procesarla y distribuirla al Sistema de Ciberdefensa Conjunto”.

Marciano en tribunales

Distintas fuentes que conocen detalles del proyecto y que fueron consultadas por nuestro medio, indicaron que la primera fase de Marciano ya estaría concluida, siendo adjudicada a Entel, mientras que las etapas restantes serían entre dos o cuatro, entre las que se dividen los 194 millones de dólares restantes.

Pese a que la etapa inicial de este sistema ya se desarrolló, actualmente está en curso una querella que presentó la empresa Pegasus en contra del Estado Mayor Conjunto, en la que acusan prevaricación administrativa de parte de los uniformados en la licitación privada de este proyecto.

Según la querella, disponible en el portal del Poder Judicial, se acusa que el EMCO nunca notificó a Pegasus sobre si Entel había subsanado la falta de dos documentos administrativos que no estaban actualizados el día en que se presentaron las ofertas.

“Frente a esta misiva, con fecha 24 de diciembre de 2018, en un acto sin precedentes y completamente fuera de las bases de la licitación, Pegasus recibe una carta del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante Rodrigo Álvarez Aguirre, en que se informa que Pegasus ha sido excluido del proceso licitatorio”, dice la querella, acusando que la notificación debió seguir las bases de licitación, las cuales son secretas.

Según información obtenida por INTERFERENCIA, todos los antecedentes están en manos del persecutor de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, así como también del Consejo de Defensa del Estado. 

El fiscal Jacir, desde la semana pasada ha estado recibiendo a los involucrados en este caso para tomar sus declaraciones. Primero el turno fue de Pegasus, mientras que a partir del martes 3 de septiembre acudirán los seis querellados del Estado Mayor Conjunto, entre los que se encuentra el jefe del organismo, el almirante Rodrigo Álvarez.

Abogados de élite

Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron a nuestro medio que están confiados en que la querella de Pegasus no tiene piso suficiente, y confían en que el fiscal sobreseerá el caso.

Sin embargo, hay indicios que demuestran que el EMCO se ha tomado muy en serio la querella. Ejemplo de ello es que este organismo contrató los servicios del abogado Juan Domingo Acosta. Este abogado fue quien defendió a Sebastián Piñera en el caso Exalmar, fue socio  entre 2001 y 2012 del actual ministro de Defensa, Alberto Espina, y es actualmente el defensor de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el caso de presunta estafa por parte de su hermano Francisco.

Pegasus, por su parte, habría contratado para este caso los servicios del abogado Mario Vargas, un jurista cercano a Luis Hermosilla, socio histórico del actual ministro del Interior Andrés Chadwick.

El contrato del EMCO con Acosta, vía trato directo, es por 34 millones de pesos, de los cuales ya se habría pagado la mitad, mientras que la otra mitad está condicionada a si la Fiscalía decide no perseverar con la investigación o si decreta el sobreseimiento de los querellados.

En tanto, según fuentes consultadas por nuestro medio, el EMCO estudia la posibilidad de querellarse en contra de Pegasus en caso de lograr el sobreseimiento de esta causa.

INTERFERENCIA contactó al EMCO, a sus abogados y a Pegasus, pero ninguna de las partes quiso entregar declaraciones oficiales para este artículo.

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