En un día marcado también por la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa de Allende, además salió de imprevisto uno de los arquitectos principales del Frente Amplio.

"Para dar certezas a la gente frente al riesgo y la energía, es vital, primero que todo, no tirar el agua sucia con la guagua dentro. No había que tirar ni al Estado por la ventana cuando se hicieron las privatizaciones, ni tampoco, ahora, a la propiedad privada a la hora de exigir respuestas, responsables, indemnizaciones y de poner en función de la soberanía, la seguridad y el bienestar de los chilenos empresas estratégicas como la energética. El objetivo tiene que ser el justo medio. Debe existir un mercado fuerte y un Estado también fuerte que lo controle. Se necesitan, ambos".

Según información disponible en la Cámara, los ministerios de Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género y Defensa, como también Carabineros de Chile no han contestado ninguna solicitud. Mientras que a nivel de autoridades, tampoco lo han hecho el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi (RD), ni el jefe de Gabinete del mandatario, Carlos Durán (CS).

Tras el revuelo generado por una revelación periodística en la que se dio cuenta que se había iniciado un proceso de compra de la casa del expresidente Allende –la que se encontraba a nombre de la ministra de Defensa, Maya Fernández– se informó que el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, mientras Fernández mantendría su cargo. 

La decisión del organismo evaluador compuesto por miembros del alto mando, se produjo precisamente este año, cuando hizo pública su relación con su pareja del mismo sexo. La fórmula usada fue bajar su calificación en el ámbito del liderazgo, pese a que sus jefes directos a lo largo de sus 18 años de carrera siempre la catalogaron como una militar de comportamiento castrense y profesional “sobresaliente”.

En concreto, el PC tiene tres ministerios, incluidos dos de ellos en el Comité Político, cuatro subsecretarías, seis municipios, una bancada de nueve diputados además de la presidencia de la Cámara, dos senadores y un puñado de asesores claves en la segunda línea de Gobierno. 

Para este viernes, el presidente Gabriel Boric citó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El lunes, recibirá a Romina Vargas, madre del conscripto Franco Vargas quien perdió la viva en la fatídica marcha. 

En mayo, un grupo de hackers robó y subastó información secreta del Ejército. Interferencia accedió al 30% de los archivos que fueron publicados como prueba de la venta, detectando documentos altamente comprometedores para la seguridad nacional. Desde entonces, las instituciones guardaron silencio y se culpó a un cabo. Los datos siguen disponibles en la dark web. Aquí repasamos nuestra cobertura.

Este lunes la Cámara renovó una nueva prórroga del Estado de Excepción que desde el 17 de mayo de 2022 rige en la región de la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, lo mismo ocurrió con el mecanismo de 'infraestructura crítica' que desde el 25 de febrero de 2023 tiene a las Fuerzas Armadas desplegadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 

Desde las familias y querellantes por la tragedia ocurrida en diciembre de 2019, mostraron su disgusto hacia el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa, tanto por la reciente salida al extranjero de uno de los formalizados -el oficial Julio Ojeda Puig- como por los obstáculos que han percibido desde la institucionalidad en el transcurso de la investigación.

Durante la segunda noche de toque de queda, en distintas ciudades de Chile, el mandatario radicalizó su discurso y aseguró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. En paralelo, el control militar ya ha dejado al menos un muerto, además de múltiples heridos, incluidos niños. Este fue el artículo de portada de Interferencia del lunes 21 de octubre de 2019.

Vecinos de Santiago Centro agrupados en el comité de vivienda 'Por un Santiago Multicolor' piden desde 2018 levantar un proyecto de más de 300 departamentos en un terreno cedido a la Armada en 1977 a un costado de la Quinta Normal, de propiedad de Bienes Nacionales. Desde esa cartera y desde Defensa les han indicado que la Armada hace "un buen uso" del terreno, donde sólo hay un helipuerto, cabañas y un quincho.

A treinta días del ciberataque al Ejército, aún no hay respuesta de los organismos de seguridad nacional sobre las medidas adoptadas y las explicaciones del caso. La ANI, única citada por la Comisión de Inteligencia del Congreso, se ha excusado de asistir ya en dos ocasiones.

La gravedad de la filtración está siendo sopesada por los fiscalizadores, mientras que el Ministerio de Defensa informó de una próxima reunión de oficiales de las tres ramas y el EMCO a realizarse “en las próximas horas”. Rhysida afirma haber vendido a terceros un 70% de los documentos robados y el Ejército no se adjudica la compra. 

Interferencia accedió al 30% de la información robada por Rhysida, disponible en la dark web. Ahí se detectaron documentos con la logística pormenorizada de los militares en las fronteras con Perú y Bolivia, la estrategia ante un hipotético ataque argentino en el sur, además de datos privados de personal militar y sus familias de la VI División en el norte, entre otras gravísimas vulneraciones.

Dos de las personas que estuvieron a cargo de instalar el sistema del Estado Mayor Conjunto, desarrollaron un negocio privado de similar índole, involucrando además a otros funcionarios en la empresa.

El joven fue atropellado por un vehículo de la Armada en medio del Estallido Social. En Chile los tribunales dejaron en libertad a Leonardo Medina, el marino que manejó el vehículo. Por esto sus familiares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Benjamín Iturra y Manuel Varela, ambos marinos que levantaron el Centro de Coordinación CSIRT de la Defensa para el Estado Mayor Conjunto, son propietarios de C-Safe, compañía que presta servicios de protección informática a otras empresas y que también ha intentado vincularse con el Estado.

A fines de 2021 Naciones Unidas pidió a nuestro país un informe sobre víctimas de mercenarios. Defensa respondió en enero de este año que no existen experiencias de este tipo, basándose en un reporte del EMCO que indicaba que “no hay evidencia” de éstos y que hechos en la Araucanía “deben ser considerados (...) delincuencia común”.

Luis Hermosilla y Riquelme Portilla fueron algunos de los contratados en causas derivadas del estallido social y la pandemia, entre otras. Fueron solicitados en desmedro del CDE -cuyo costo hubiese sido cero- dada la necesidad de una mayor experiencia litigando. Las más altas sumas corresponden a causas por evasión del Metro.

Jorge Parga, comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, además tiene un hermano que posee acciones –menores al 1%– en una empresa forestal de la familia Matte. Comentan la nominación a Interferencia los familiares de los fallecidos Yordan Llempi y Manuel Rebolledo.

Designado por Ricardo Lagos cuando Jaime Ravinet era su ministro de Defensa, el general hoy procesado por malversación de caudales públicos tuvo a Bachelet como presidenta y a Vivianne Blanlot, José Goñi y Francisco Vidal como ministros de Defensa. El programa de 'reservistas VIP' de Izurieta incluyó a José Miguel Sánchez, director ejecutivo de Mega, y Guillermo Turner, ex director de Diario Financiero y La Tercera.

INTERFERENCIA reproduce parte de uno de los libros de Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo 2021: Nadie podría haber imaginado que unos documentos fotocopiados en el Banco del Estado se iban a convertir en uno de los nudos de la transición. Menos podrían haberlo soñado los tres torneros que 30 años antes activaron una modesta empresa metalúrgica.

En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.

Tras un período de sólo seis meses al mando de BancoEstado, Sebastián Sichel se lanza a una aventura presidencial. Detrás suyo deja una gestión bancaria que se caracterizó por grandes anuncios en los matinales de TV, pero sin respaldo real en las operaciones de la institución. “Sólo vendía humo”, dicen varios.

AthenaLab, fundada el año pasado por el ex dueño de la cadena Líder, se dedica al análisis e investigación en seguridad, defensa y relaciones internacionales. En un puesto de confianza está el general (R) John Griffiths, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, quien fue juzgado por fraude al fisco por la jueza Romy Rutherford en 2018.

A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.

La empresa Cramick SA vendió a dicha institución 130 escopetas antidisturbios 'Meriva', calibre 12mm, por más de $47 millones. La compra se hizo a pesar de que hasta el general de Carabineros, Mario Rozas, suspendió el uso de este armamento en noviembre de 2019, y a la evidencia de que estas armas han causado ceguera y graves lesiones oculares al utilizarse como mecanismo de control de disturbios.

Pese a que en marzo de este año nuestro medio junto con Periódico Resumen revelaron el registro que muestra cómo el 21 de octubre de 2019 el vehículo de la Armada se abalanzó directamente contra la víctima, al conductor aún se le imputa el delito de cuasidelito de homicidio. La Fiscalía espera una reconstitución de escena que está frenada por la pandemia, mientras el infante de marina sigue en sus funciones.

La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.