En mayo, un grupo de hackers robó y subastó información secreta del Ejército. Interferencia accedió al 30% de los archivos que fueron publicados como prueba de la venta, detectando documentos altamente comprometedores para la seguridad nacional. Desde entonces, las instituciones guardaron silencio y se culpó a un cabo. Los datos siguen disponibles en la dark web. Aquí repasamos nuestra cobertura.

Las diputadas Alejandra Placencia (PC), Carmen Hertz (PC) y el diputado Tomás Hirsch (AH), señalan que el oficio busca conocer las medidas administrativas y disciplinarias que se han adoptado para investigar y resolver los problemas tras el ciberataque. Además, indican preocupación pues el director de la ANI, Luis Marcó, se ha excusado de asistir a la Comisión de Inteligencia en dos ocasiones. 

Dos de las personas que estuvieron a cargo de instalar el sistema del Estado Mayor Conjunto, desarrollaron un negocio privado de similar índole, involucrando además a otros funcionarios en la empresa.

Benjamín Iturra y Manuel Varela, ambos marinos que levantaron el Centro de Coordinación CSIRT de la Defensa para el Estado Mayor Conjunto, son propietarios de C-Safe, compañía que presta servicios de protección informática a otras empresas y que también ha intentado vincularse con el Estado.

Informes de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de septiembre del 2020 analizaron los factores sociales que alterarían el orden público a un año de la revuelta de octubre de 2019. Entre ellos que, “en caso de producirse un deterioro con consecuencias fatales” del estado de salud de la hoy senadora Campillai.

Interferencia publica por primera vez el resumen ejecutivo de la propuesta técnica hecha por la compañía en noviembre de 2018, la que aseguraba una protección de alta calidad ante ciberataques. Dicha licitación, cercana a los US$ 6 millones, estuvo marcada por irregularidades que la administración de Piñera desestimó.

Los correos filtrados del Estado Mayor Conjunto develan una colecta de la Dirección de Personal de la Armada para condenados por casos de derechos humanos, una filtración de los datos del IFE de junio del 2021 y seguimiento a "movimientos sociales".

La filtración de 400 mil correos -varios calificados como secretos- le costó el cargo al general Guillermo Paiva. Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Estado Mayor Conjunto no informó del hackeo sino de 'vulnerabilidades' detectadas. Ahora un sumario e investigación del Consejo de Defensa del Estado determinarán responsables.

Un grupo hacker reveló miles de correos de entre 2015 y 2022 del Estado Mayor Conjunto de Chile, órgano asesor del Ministerio de Defensa compuesto por miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Los mails contienen documentos reservados, entre ellos interpretaciones sobre los grupos políticos supuestamente responsables del estallido social.

En diciembre de 2018 la compañía de telecomunicaciones Entel se adjudicó la licitación para implementar el sistema de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas. Según datos obtenidos por INTERFERENCIA, la empresa además subcontrató los servicios de dos firmas extranjeras.

En 1978 el entonces coronel Carlos Martínez Aguirre fue condenado por percibir fondos correspondientes al arrendamiento de maquinarias de la institución, utilizar 25 vigas de madera provenientes de la Comandancia para construir su casa y obtener dinero de cuentas a rendir de la Tesorería para su beneficio personal. A pesar de esto, fue absuelto el mismo año y se le aplicó -sin justificación- la Ley de Amnistía.

La filial de la compañía chilena en Perú se ha adjudicado varios proyectos con el sector de Defensa de ese país, lo que preocupa a expertos chilenos en seguridad.

El monto obtenido por la empresa bordearía los 6 millones de dólares. Pegasus, uno de los perdedores de la licitación, se querelló en contra de funcionarios del EMCO por prevaricación administrativa.  Mañana martes oficiales de esa institución tendrán que declarar ante la fiscalía.