El Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra Claudio Luna Muñoz, de 39 años, único imputado en la investigación por el incendio forestal “Trinitarias”.

Este comenzó el 17 de enero, afectando a las comunas de Penco y Tomé, dejando un saldo de 20 personas fallecidas, 14 lesionados y severos daños materiales, incluyendo 9 mil viviendas siniestradas y más de 22 mil hectáreas consumidas por el fuego.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, imputó cargos por infracción a la Ley de Bosques, además de 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves. Pero el tribunal determinó que el acusado tan sólo debe cumplir arresto domiciliario nocturno, puesto que consideró que no existen antecedentes para atribuirle la responsabilidad en la falta de mantención de la estufa, elemento que según la Fiscalía habría originado el fuego.

La decisión del tribunal es relevante, dado que en el territorio afectado existe escepticismo entre la población respecto de que ésta persona sea la responsable de la tragedia. 

En diciembre de 2023, el también abogado, realizó una asesoría verbal al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), gremio empresarial que agrupa 84 compañías que tienen presencia en el Biobío, entre éstas las forestales CMPC, Arauco y la minera Aclara.

Algunos incluso especulan que en el incendio juega un rol importante el negocio forestal, a través de las plantaciones de pino y eucalipto que serían altamente inflamables. Otros también apuntan a los intereses del proyecto minero Aclara, el cual busca extraer tierras raras en la zona afectada.

Es en este punto donde un antecedente poco conocido para la opinión pública cobra relevancia: el esposo de la fiscal regional, Álvaro Sepúlveda Sanhueza, trabajó de cerca para los negocios anteriormente señalados.

En diciembre de 2023, el también abogado, realizó una asesoría verbal al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), gremio empresarial que agrupa 84 compañías que tienen presencia en el Biobío, entre éstas las forestales CMPC, Arauco y la minera Aclara.

El hecho en cuestión fue dado a conocer por Interferencia en 2024, a propósito de las actuaciones de la misma fiscal regional en el Caso Convenios, el cual está vinculado a Irade a través de su ex presidente, Paul Esquerré, quien ha sido investigado en la arista Procultura.

Fue en esa ocasión que la Fiscalía señaló a nuestro medio que “Sepúlveda fue convocado en su calidad de experto en Derecho Administrativo, en reuniones de trabajo que no derivaron en informes escritos ni en representación legal”.

El Ministerio Público indicó además que “Marcela Cartagena no tenía conocimiento de dicha asesoría y que tomó conocimiento de ella solo tras las consultas realizadas por este medio”.