La tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva prórroga del estado de Excepción para la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío por 77 votos a favor, 18 votos en contra y 13 abstenciones, a la espera de su votación en el Senado.

Una medida que desde su entrada en vigor el 16 de mayo de 2022 ya suma 36 prórrogas, lo que equivale a más de 550 días con las Fuerzas Armadas colaborando en funciones de orden público. 

En adición, la Cámara también aprobó el mecanismo constitucional denominado 'infraestructura crítica' que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en funciones de control fronterizo para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

A diferencia del estado de Excepción que requiere una renovación cada 15 días, el mecanismo de infraestructura crítica tiene una vigencia de 90 días lo que extendería esta última extensión hasta febrero de 2024 que totalizaría un año desde su puesta en vigencia el 25 de febrero de 2023. 

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La evaluación del Gobierno

Si bien el Estado de Excepción Constitucional no concentra apoyo en todos los sectores del oficialismo, es una medida que ha sido extendida de manera ininterrumpida desde la primera vez que fue decretada por el presidente Gabriel Boric. 

Si bien desde un inicio fue una medida que no acomodó del todo al Gobierno, en La Moneda la evaluación es positiva considerando el informe de evaluación pues para el 2023 se observa una disminución de un 15% de los eventos de violencia rural en la 'macrozona sur' en comparación con el 2022, mientras que para el 2021 el descenso es de un 43%. Lo anterior según información de Carabineros. 

Respecto a las usurpaciones, estas suponen una disminución de un 34% en comparación al 2022 las que, en su mayoría, según indica el Gobierno, son no violentas. Respecto a otros delitos, los ataques incendiarios se redujeron en un 25% y una reducción de un 13% en los cortes de rutas, las cifras más bajas de los últimos cuatro años. 

Por otra parte, según el informe respectivo del despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte de Chile, desde la entrada en vigor del mecanismo de infraestructura crítica se han controlado a 158.671 personas, un 74% de ellas en la región de Tarapacá, un 24% en Arica y Parinacota y un 2% en Antofagasta. Asimismo, se ha concretado la detención de 802 personas, un 50% por delitos y el otro 50% por faltas.

A nivel comparativo, la medida ha supuesto un aumento de un 37% en el registro de ingresos irregulares en comparación al periodo comprendido desde junio de 2022 a enero de 2023. En paralelo, las reconducciones rechazadas aumentaron en un 39% y las materializadas disminuyeron en un 3%.