El pasado lunes 18 de marzo, en la sede de Valparaíso del Congreso Nacional, la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, fue citada por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga el actuar del Gobierno en la aprobación del funcionamiento de proyectos sanitarios de Aguas San Isidro en diversas regiones del país, empresa que ha sido sancionada con millonarias multas por irregularidades y eventuales perjuicios al medio ambiente y la salud de las personas. 

Hidalgo, siendo representante metropolitana de MIDESOF, denunció haber recibido presiones de autoridades superiores cuando le tocó integrar la Comisión de Evaluación Ambiental que aprobó el proyecto sanitario de Aguas San Isidro en Quilicura, el que ha sido seriamente cuestionado por organizaciones ambientalistas y vecinos de la comuna por sus efectos en el humedal urbano más grande de la región y en la salud de las personas. 

La diputada de ese distrito, Vivienda Delgado, es una de las impulsoras de esta iniciativa y actualmente preside la Comisión Investigadora que analiza estas supuestas irregularidades. "Hoy estamos siendo testigos del fuerte descrédito que viven las instituciones públicas. El máximo jefe de la PDI investigado por filtrar información privilegiada es la última nota de una seguidilla de casos que ponen en tela de juicio la probidad y transparencia de los organismos del Estado, y este caso no es la excepción", dijo la ex seremi. 

“Las presiones vinieron desde el Ministerio del Interior, aunque la controversia con el ex ministro Giorgio Jackson se produjó por ser él quien era el superior jerárquico de la subsecretaria de servicios sociales, que fue la persona que a mí me dijo que desde Interior nos conminaba a votar de esa manera".

En esa línea, Hidalgo afirmó que "siendo seremi de Desarrollo Social, y como ya lo he dicho públicamente, fui víctima de presiones por parte de autoridades de Gobierno para aprobar proyectos de impacto negativo en los territorios. Los que juraron combatir la desigualdad y la impunidad de los poderosos, finalmente terminaron haciendo lo mismo que sus predecesores: hacer vista gorda a los abusos de poder". 

"Por eso celebro que se haya constituido esta comisión investigadora por la empresa Aguas San Isidro, y agradezco, por cierto, que se me haya invitado a entregar mi testimonio, ya que me correspondió estar en la Comisión de Evaluación Ambiental donde se me conminó a dar el visto bueno a un proyecto que, según denuncia de la comunidad, traerá perjuicios a los vecinos de Quilicura y al ecosistema ", manifestó. 

Declaración ante el Congreso

En conversación con Interferencia, la ex autoridad metropolitana añadió que “ese proyecto fue aprobado de forma unánime por todas las secretarías ministeriales del momento, pero yo manifesté en mi testimonio lo que he denunciado anteriormente: que había llegado a la conclusión de que era un proyecto con perjuicios para los habitantes de ese sector y tenía la convicción de rechazarlo, a lo cual mis jefaturas directas me dijeron que no, porque por una instrucción desde Interior había que aprobarlo”.

En cuanto a la polémica de declaraciones cruzadas que vivió con el ex ministro Giorgio Jackson, Hidalgo expresó que “las presiones vinieron desde el Ministerio del Interior, aunque la controversia con el ex ministro Giorgio Jackson se produjó por ser él quien era el superior jerárquico de la subsecretaria de servicios sociales, que fue la persona que a mí me dijo que desde Interior nos conminaba a votar de esa manera. Y luego por otras declaraciones que emitió el ex ministro, que eran bastante cercanas a las injurias y calumnias, porque su manera de defenderse frente a lo que yo estaba exponiendo ante la opinión pública fue tratar de enlodar mi imagen y armar una operación en mi contra, donde finalmente nada de eso terminó siendo efectivo”.

En su momento, la ex seremi también denunció que fue presionada para firmar tratos directos con fundaciones, por más de 200 millones de pesos, para organizaciones que trabajan con espacios donde se acoge a personas en situación de calle, según recogió El Mostrador.

"Hoy estamos siendo testigos del fuerte descrédito que viven las instituciones públicas. El máximo jefe de la PDI investigado por filtrar información privilegiada es la última nota de una seguidilla de casos que ponen en tela de juicio la probidad y transparencia de los organismos del Estado, y este caso no es la excepción"

Consultada sobre sus impresiones de los efectos que generaron sus declaraciones que terminaron costándole su salida del cargo, la ex seremi opinó que “yo me quedo super conforme con lo que ha sucedido, como por ejemplo esta comisión investigadora. Soy una persona que me gusta actuar de acuerdo a mis principios y valores, creo que la consecuencia en la vida vale más que cualquier trabajo o estatus. Puedo dormir tranquila en las noches y me interesa el legado que le dejo a mi hijo, de ser una mujer trabajadora y honesta. Al final del día, las cosas que yo decidí develar en su momento hoy son ciertas”. 

“Es decir, de verdad estábamos hablando de una sanitaria que perjudicaba la calidad de vida de las personas. Desde mi entender, y es lo que estamos esperando que se investigue a través de la querella, es que tienen que haber existido algún tipo de irregularidades o ilegalidades que permitieron que hoy esté en funcionamiento San Isidro. No se protegió el medio ambiente, considerando que encima en la zona está el humedal más grande de la Región Metropolitana, además de un centro ceremonial de comunidades indígenas. Todo esto auspiciado por un gobierno que prometió cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas”, apuntó.