La franja electoral por el plebiscito de salida comienza el próximo 5 de agosto por los canales de televisión abierta, y al interior del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el debate que se ha librado ha sido decidor. Uno de estos fue sobre la distribución del tiempo con el que contarían partidos políticos, sociedad civil y representantes de pueblos indígenas para entregar sus mensajes en el segmento televisivo de media hora.
Fue en la sesión del 23 de junio, en que las propuestas se pusieron sobre la mesa: su presidenta, la periodista Faride Zerán, planteó que se repartiera en un 43% para los partidos, 43% para la sociedad civil y un 13% para los pueblos indígenas. Pero, sin contar con el apoyo de los consejeros, los porcentajes fueron en un 60% a los partidos, 27% a movimientos sociales y 13% a los representantes del último grupo.
Ella lo había planteado al Consejo: el mapa político nacional se ha resignificado, lo demostró la revuelta social y, después, la elección de convencionales donde los movimientos sociales han sido protagonistas del proceso.
"Tengo la convicción de que tanto el plebiscito de entrada como la elección de convencionales han resignificado el mapa político nacional y han relevado a la sociedad civil y a los pueblos indígenas como actores clave en la creación del nuevo pacto social".
Lo que viene ahora, asegura Zerán en entrevista con Interferencia, es prestarles atención a los contenidos de la franja y frenar que se sigan difundiendo noticias que desvirtúan y manipulan a la opinión pública sobre la histórica votación del próximo 4 de septiembre.
- En la franja televisiva por el plebiscito, ¿cuáles serán las formalidades para ambos bandos, tanto del Apruebo y del Rechazo?
Como ha informado el CNTV, la franja del plebiscito constitucional tendrá una duración de 30 minutos diarios distribuidos en dos bloques de 15 minutos cada uno, que se repartirán en partes iguales entre las opciones Apruebo y Rechazo (7,5 minutos cada una).
Dentro de ese lapso los tiempos se repartirán entre partidos políticos (60%), organizaciones de la sociedad civil (27%) y asociaciones o comunidades indígenas (13%). En cuanto a los requisitos para participar, son los contemplados en la ley: los partidos políticos que pueden participar deben estar legalmente constituidos ante el Servicio Electoral. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades o asociaciones de pueblos indígenas deben estar previamente inscritos en el registro del Servicio Electoral establecido para el registro de aportes destinados a la franja. En todos los casos el tiempo asignado a cada participante se debe repartir entre todos los que soliciten participar.
- Fue el voto disidente para igualar los tiempos a la aparición de partidos políticos con la sociedad civil. Finalmente, no se distribuirá de manera equitativa. ¿Le resta legitimidad a la franja considerando la poca adhesión que hoy tienen los partidos políticos y que este proceso fue iniciado por los movimientos sociales?
Efectivamente fui el único voto disidente en la decisión sobre la distribución de los tiempos para la franja. No podría comentar respecto a la legitimidad de los partidos políticos, a los que considero indispensables para la democracia, pero sí creo que no son ellos los únicos ni menos los más importantes representantes de la voluntad y aspiraciones de la ciudadanía, por eso mi voto proponía un 13% para los pueblos indígenas y tiempos iguales, es decir, 43,5%, tanto para los partidos políticos como para las agrupaciones de la sociedad civil, repartidos, en el caso del tiempo de los partidos políticos, en estricta igualdad, y no siguiendo el rendimiento de la elección de diputados y diputadas, como finalmente se aprobó.
Lo plantee al Consejo: tengo la convicción de que tanto el plebiscito de entrada como la elección de convencionales han resignificado el mapa político nacional y han relevado a la sociedad civil y a los pueblos indígenas como actores clave en la creación del nuevo pacto social.
Desde mi perspectiva tanto ellos como los partidos políticos debían tener tiempos igualitarios en la propaganda electoral, pues todos ellos son relevantes para nuestra democracia. Para mí, pretender lo contrario es hacer oídos sordos de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, y no hablo sólo de la revuelta social del 18 de octubre, sino también de las movilizaciones feministas y estudiantiles que sin duda han resignificado la discusión social. Pero la mía es una mirada acerca de la franja y de quiénes y cómo debían participar. Hay otras que este caso fueron mayoría, y que sin duda son tan legítimas como la mía.
- Ha sido enfática en no dejar pasar las fake news. ¿El CNTV estará monitoreando lo que ocurra en los debates y matinales cuando se informe sobre el plebiscito?
Lo dije hace unos días a través de mi cuenta de Twitter: el periodismo no puede ser cómplice de la desinformación, menos en un momento crucial como este. Esa es mi perspectiva como ciudadana y como periodista que se ha pasado la vida defendiendo esos valores. En cuanto al CNTV, quisiera separar dos frentes: los contenidos de la franja y aquellos por los que me preguntas, los de los programas que abordan la decisión de cara al plebiscito. Respecto a los primeros, las facultades dictadas por ley no contemplan que el CNTV fiscalice los contenidos emitidos en la franja electoral. Del mismo el CNTV no tiene facultades para evitar la transmisión de contenidos de propaganda electoral. De ahí mi llamado también a estar atentos a los contenidos de la franja.
"Mi llamado es a que estemos a la altura del momento que vive nuestro país. La libertad de expresión, el derecho a una comunicación veraz y oportuna, respetando los principios de pluralismo y diversidad, son los pilares centrales de una democracia".
Respecto a los programas, matinales, debates y otros, la verdad es que el Consejo Nacional de Televisión no es un tribunal de ética ni nada similar, sino que es una institución autónoma del Estado que verifica que los canales de televisión cumplan con un concepto definido legalmente como 'correcto funcionamiento', que abarca el respeto de la democracia, la paz, el pluralismo, la dignidad humana y todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile. En esa línea el área de fiscalización hace su trabajo a través de denuncias ciudadanas o de oficio. Otra cosa es preguntarnos si el CNTV debiera tener más atribuciones entre otros elementos.
- Esta es una votación crucial para la historia del país, ¿cuál es la responsabilidad y el llamado que hace a los canales y medios de comunicación masiva al entregar información?
Mi llamado es a que estemos a la altura del momento que vive nuestro país. La libertad de expresión, el derecho a una comunicación veraz y oportuna, respetando los principios de pluralismo y diversidad, son los pilares centrales de una democracia, así como el derecho a que todas las voces concurran al debate público y que todas sean escuchadas. Esto es fundamental y son principios en extremo necesarios cuando nos enfrentamos a algo tan inédito como un cambio constitucional que es el resultado de la fuerza del diálogo que han promovido los movimientos sociales y partidos políticos, en la búsqueda de un nuevo pacto social.
Creo que una parte del malestar ciudadano tiene que ver con que en muchas ocasiones los medios de comunicación no cumplen con estándares mínimos en esta materia: tenemos un espectro mediático concentrado y más bien homogéneo en su línea editorial; no tenemos medios públicos y las voces de nuestra sociedad plural no aparecen representadas con justicia en las discusiones en los medios de comunicación. Las personas se dan cuenta de que no existe equilibrio informativo frente a este y otros procesos fundamentales de nuestra democracia y, obvio, eso genera incomodidad y molestia.
Si a esto le sumamos una campaña sucia de mentiras o verdades a medias en torno al proceso constitucional o a los contenidos del texto, discursos y declaraciones que circulan impunemente y que muchas veces no son desenmascarados por los periodistas, tenemos un panorama complejo y preocupante.
- Hoy los trabajadores de La Red enfrentan una crisis laboral en el canal por sueldos impagos y sin la posibilidad de volver a la pantalla con los programas influyentes que venía marcando su editorial. ¿Cómo ve ese panorama? ¿Qué atribuciones tiene el CNTV?
Acerca de lo que ocurre en la Red, el CNTV no tiene atribuciones para intervenir en lo que sucede internamente, salvo pedir información y verificar que se cumplan determinadas obligaciones, cuestión que se está haciendo.
Sin embargo, como periodista y ciudadana no puedo sino lamentar lo que ocurre en tanto está desapareciendo un espacio que apostó por una línea solvente de periodismo de investigación y de opinión, y que estaba introduciendo más pluralismo y diversidad en las pantallas.
Esto se vio reflejado en la encuesta sobre confianza en la televisión, elaborado en marzo último por el Departamento de Estudios de CNTV, en el que La Red estaba en primer lugar. Pero, tampoco puedo pasar por alto el hecho de que aún hoy se adeuden los salarios y las prestaciones sociales de periodistas y otros técnicos y profesionales que allí trabajan. Eso es inaceptable. Mi solidaridad hacia esos equipos.
"Muy recientemente hemos creado un Área de Derechos Humanos y Problemas Emergentes en ese Departamento, que se encargará precisamente de abordar temas como el sexismo".
- En cuanto al contenido cultural para tv abierta desde el CNTV y el impulso que se le dará, ¿cómo ha ido avanzando?
La gestión que encabezo pretende darle un impulso a este tema. Hoy la normativa que define lo cultural dentro del CNTV, y que debe ser respetada con a lo menos 4 horas de programación semanal es más bien laxa, tanto que permite a los canales por ejemplo rotular como programación cultural los debates y programas de conversación.
Sin duda estos programas aportan a la cultura cívica, pero en tanto un canal de televisión es ante todo un medio de comunicación, asumimos que esos programas están dentro de su deber de informar a la ciudadanía de manera adecuada. Estamos conversando sobre este tema con los integrantes del consejo, y diría que en general todos comparten esta preocupación así que esperamos tener buenas nuevas en materia de normativa cultural. La ciudadanía aspira a tener una oferta cultural más amplia y rica que la que hoy se ofrece en la televisión.
- Respecto al monitoreo de contenidos sexistas en televisión pública, ¿qué medidas se deben tomar?
El Departamento de Fiscalización y Supervisión del CNTV es el encargado de recibir y procesar las denuncias ciudadanas y otras que podemos investigar de oficio, es decir, a partir de nuestras propias preocupaciones. Muy recientemente hemos creado un Área de Derechos Humanos y Problemas Emergentes en ese Departamento, que se encargará precisamente de abordar temas como el sexismo desde una perspectiva de derechos humanos y protección de la dignidad de las personas.
Nuestra labor suele asociarse siempre a la sanción de la emisión de ciertos contenidos, pero creemos que esta no debería acabar ahí, sino que debería también plantearse cómo generamos estrategias que permitan promover una discusión y una reflexión sobre estos problemas, cómo levantamos información relevante y la socializamos, cómo incorporamos el conocimiento acumulado de las instituciones y la sociedad civil al trabajo del CNTV para frenar, en el caso por el que me preguntas, el sexismo en la televisión.
- Y eso pasa también por la inclusión de estos temas en las escuelas de periodismo. Como ex vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, ¿cómo ve el panorama de la nueva Facultad de Comunicaciones?
"La precarización de la labor de las y los periodistas y la mercantilización de nuestra profesión ha llevado a que en muchos casos la discusión sobre el futuro del periodismo esté más centrada en la supervivencia laboral".
No puedo transmitir la alegría y orgullo que me produce que el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile que fundamos en 2003 se haya por fin convertido en la Facultad de la Comunicación e Imagen gracias al trabajo de tantos y tantas que siempre han defendido un proyecto de formación centrado en el periodismo como un deber social y en el respeto irrestricto de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y a la información como valores centrales de la sociedad. Creo que aún queda mucho trabajo que hacer en ese sentido.
La precarización de la labor de las y los periodistas y la mercantilización de nuestra profesión ha llevado a que en muchos casos la discusión sobre el futuro del periodismo esté más centrada en la supervivencia laboral de las y los periodistas (un tema urgente, sin dudas, del que tenemos que hacernos cargo) que, en las deudas de nuestra profesión con la democracia, con la información veraz, con la libertad de expresión. Creo que, en las Escuelas de Periodismo, en ese espacio de riquísima reflexión, podemos cultivar el germen de un mejor y más digno periodismo, no sólo para la ciudadanía, sino también para los propios periodistas.
Comentarios
Por favor, loss partidos
Resulta chocante,por decir lo
Comparto totalmente los
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