Reportaje original en portugués en este enlace de Agencia Pública.
Fiat Automoviles S.A. se estableció en el mercado automovilístico brasileño en la década de los ochenta, recibiendo beneficios económicos y exenciones fiscales sin precedentes de la dictadura militar. En paralelo, abrió las puertas al espionaje, la violación de los derechos civiles y la represión política en el período más agudo de los “años de plomo”.
La conclusión es de una investigación de la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp), obtenida en exclusiva por Agencia Pública, que forma parte del proyecto “La responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos durante la dictadura”. La indagatoria involucró a 55 investigadores y fue realizada por el Centro de Antropología y Arqueología Forense (Caaf/Unifesp), en colaboración con el Ministerio Público Federal (MPF) y el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP).
El caso también confirma, según la investigación, que la dictadura utilizó compañías amigas para "honrar" su parte en pactos ilegales y confidenciales en la represión del régimen, en los que militantes de izquierda eran torturados y presionados para cambiar de bando.
Según los documentos, la automotriz italiana y sus asociados emplearon durante muchos años a un ex guerrillero infiltrado en la izquierda cuya traición ayudó a la dictadura a destruir a la Acción de Liberación Nacional (ALN), una organización de lucha armada que enfrentó al régimen. José Silva Tavares, conocido como Severino o Vitor, no era un militante cualquiera: se había formado en Cuba como cuadro enviado por la ALN y conocía desde adentro la estructura y los secretos de la izquierda armada. Detenido en septiembre de 1970 en Belém (PA), fue cooptado por el jefe de policía Sérgio Paranhos Fleury y agentes del Centro de Información de la Marina (Cenimar), con quienes hizo un acuerdo para denunciar a sus compañeros, que terminaron siendo detenidos, torturados y asesinados.
Fue por información de Tavares que el equipo de Fleury arrestó y asesinó al periodista Joaquim Câmara Ferreira, "Toledo", sucesor de Carlos Marighella al mando de la ALN, en una emboscada realizada el 23 de octubre de 1970 en Indianópolis, al sur de São Paulo. Investigaciones de la Unifesp muestran que su traición fue recompensada con cambios en su perfil en los archivos policiales, antes clasificados como subversivos, lo que permitió que Fiat lo contratara, independientemente de sus calificaciones profesionales. El caso también confirma, según la investigación, que la dictadura utilizó compañías amigas para "honrar" su parte en pactos ilegales y confidenciales en la represión del régimen, en los que militantes de izquierda eran torturados y presionados para cambiar de bando, haciéndolos denunciantes responsables de asesinatos y desapariciones.
La reaparición de Tavares entre los metalúrgicos de Minas Gerais, en la década de los ochenta, demuestra, según los investigadores, que Fiat colaboró con el aparato represor a través de su sistema de seguridad comandado por agentes vinculados a los cuerpos de represión. Un reportaje de la revista Exame, del 14 de octubre de 2010, adjunto a la investigación, informa que Tavares asumió como director financiero de operaciones internacionales de Fiat en todo el mundo, en Italia. El artículo también informa que, desde 1983, ocupaba el cargo de director administrativo y financiero de Automóviles Fiat América Latina.
Indirectamente, la empresa apoyó acuerdos secretos e ilegales, según los cuales los “volteados”, como se llamaba a los militantes que cambiaban de bando, como Tavares, también eran protegidos del régimen. Datos del informe “Derecho a la memoria y la verdad”, documento oficial del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, revelan que, de un total de 434 muertos y desaparecidos en Brasil durante el período dictatorial, al menos 52 militantes pertenecían al ALN y fueron eliminados entre 1969 y 1974 durante la guerra a la guerrilla urbana, la mayoría de ellos bajo tortura después de los arrestos. Al menos 33 de ellos fueron asesinados entre 1971 y 1973, cuando las traiciones, infiltraciones y ejecuciones se convirtieron en el método de la cúpula militar para eliminar los focos de resistencia urbana.
Investigaciones de CAAF/Unifesp muestran que informes con nombres de empleados fueron enviados para verificación al Departamento de Orden Político y Social (Dops) y a la Coordinación General de Seguridad Pública (Coseg), órganos del gobierno de Minas Gerais controlados directamente por la dictadura.
Los agentes infiltrados en las fábricas
El principal agente del régimen dentro de la fábrica Fiat en Betim, Minas Gerais, fue el coronel retirado Joffre Mario Klein, ya fallecido. Fue contratado incluso antes de que la automotriz comenzara a operar, en 1976, y coordinaba el aparato clandestino de seguridad dentro de la empresa, que, según un informe del sitio web The Intercept Brasil de 2019, adjunto a la investigación, contaba con 145 agentes.
foto1_ap_fiat.jpg
Investigaciones de CAAF/Unifesp muestran que informes con nombres de empleados fueron enviados para verificación al Departamento de Orden Político y Social (Dops) y a la Coordinación General de Seguridad Pública (Coseg), órganos del gobierno de Minas Gerais controlados directamente por la dictadura. El coronel responsable de la seguridad de Fiat también era consultado por la policía política. Un documento al que se accedió a través de una investigación en el archivo de Coseg registra una conversación entre agentes, en la que uno de ellos pide que se contacte telefónicamente a Joffre para informar a la agencia sobre la calificación de dos trabajadores en la fábrica de Betim, Judas Tadeu Barbosa y Cesar Antônio dos Santos, quienes fueron despedidos por haber liderado una “operación tortuga” por mejores salarios. En la orden había nombres y direcciones. Tres días después, el papel se completó con calificaciones completas para ambos, lo que confirma la perfecta sinergia entre la policía política y la seguridad de Fiat.
foto2_ap_fiat.jpg
El investigador Gustavo Seferian, quien coordinó el sondeo, dice que la colaboración con la represión y los privilegios de los que disfrutó muestran “un profundo grado de promiscuidad y fisiología” en la relación de Fiat con la dictadura. Según él, la automotriz italiana se benefició en gran medida de la “dictadura militar-corporativa”, pero también sobornó a las autoridades brasileñas.
Documentos encontrados en los archivos de la automotriz en Turín, Italia, a los que Agencia Pública tuvo acceso, revelan que personal militar y autoridades civiles de Minas Gerais recibieron joyas (collares de oro, relojes y otros objetos de valor) en momentos en que Fiat buscaba acercamiento con la dictadura para instalar su fábrica en Betim, a principios de 1973.
“Esto se puede ver no solo por mantener a los empleados militares en su plantilla, tener un sistema de vigilancia impulsado por sus propios empleados y facilitado por la P2 (policía secreta de la Policía Militar de Minas Gerais), denunciando principalmente a dirigentes sindicales".
Una de las listas tiene 18 nombres de destinatarios de obsequios, entre los que se encuentra el entonces secretario de gobierno de Minas Gerais Abílio Machado, a quien el comunicado interno de la empresa instruyó que se le obsequiara un "regalo de oro", obsequio que se repite con otras autoridades. En la lista también figuran el jefe de la policía de Minas Gerais, coronel Celso Ferreira, un delegado de la cúpula de la Policía Civil, Edson Derona, y varios secretarios de gobierno. Los obsequios formaban parte de los preparativos para la visita del presidente de la automotriz a Brasil, Giovanni Agnelli, en marzo de 1973, para cerrar el acuerdo sobre la construcción de la fábrica en Betim. Fue recibido por el entonces Ministro de Minas y Energía Pratini de Moraes. Hay, en el comunicado, una recomendación expresa para que el Presidente de la República, General Emílio Garrastazu Médici, reciba como obsequio la “1ª Machina Fiat”. Gustavo Seferian dice que, según todos los indicios, se trataba de una réplica en miniatura de un tractor Fiat, cuyas características no fueron explicadas en el comunicado.
foto3_ap_fiat.jpg
Para el investigador, el contenido estudiado lleva a la conclusión de que Fiat y el régimen dictatorial mantuvieron una relación de profunda articulación y colaboración. “Esto se puede ver no solo por mantener a los empleados militares en su plantilla, tener un sistema de vigilancia impulsado por sus propios empleados y facilitado por la P2 (policía secreta de la Policía Militar de Minas Gerais), denunciando principalmente a dirigentes sindicales, sino también por el beneficio económico que obtuvieron”. Según Seferian, hubo “negociaciones directas entre el gobierno de Minas Gerais y el Gobierno Militar, con el entonces presidente mundial de Fiat, Gianni Agnelli, con miras a otorgar estos beneficios”. Documentos y personas entrevistadas por los investigadores también afirman que hubo “violaciones sistemáticas a los derechos laborales, prácticas precarias y antisindicales”.
Sistema de espionaje
Según relatos de metalúrgicos que vivieron ese periodo en Betim, el sistema de espionaje era constante. Dentro de la empresa había una sala, conocida como “sala de bomberos”, utilizada exclusivamente para interrogar, amenazar y avergonzar a los trabajadores susceptibles de denunciar a sus compañeros por temor a perder su trabajo. El sistema de espionaje, según la investigación, no se restringía al ámbito interno: trabajadores y sindicalistas sospechosos de “subversión” también eran monitoreados en lugares que frecuentaban en las inmediaciones de la fábrica, en la sede sindical e incluso en sus domicilios.
El clima de terror impuesto por la policía contribuyó, como consta en el informe de los investigadores, a una tragedia ocurrida durante el movimiento de huelga de 1979: la muerte, por atropello, del obrero Guido Leão dos Santos.
Los investigadores afirman que Fiat tenía la costumbre de amenazar a sus empleados, especialmente a aquellos que estaban cerca de los líderes sindicales o simplemente conocían la rutina sindical. Había un incentivo a las delaciones. Incluso las infracciones comunes, como conductas no aceptadas en el ambiente de trabajo, fueron utilizadas para presionar. “Más graves, sin embargo, fueron los casos denunciados en los que los trabajadores fingieron robos, con el fin de amenazar a otros con el despido por justa causa y entregarlos a la policía, dando lugar al procedimiento bochornoso para que eligieran si renunciar o ser denunciados por colegas”, dice el informe.
La investigación señala que la colaboración de Fiat estuvo directamente relacionada con los actos de represión, que fueron organizados y realizados a través de informaciones llevadas por “representantes” de la empresa a los órganos de información de la policía o del régimen militar de Minas Gerais. La automotriz también permitió que los uniformados operaran dentro de la fábrica y, en línea con los cuerpos de seguridad, dio cobijo a la caballería de la Policía Militar (PM) en tiempos de huelga, acomodó y alimentó en su cafetería a los policías llamados a reprimir.
El clima de terror impuesto por la policía contribuyó, como consta en el informe de los investigadores, a una tragedia ocurrida durante el movimiento de huelga de 1979: la muerte, por atropello, del obrero Guido Leão dos Santos, el 27 de septiembre de ese año. A la edad de 23 años, Guido participaba en un acto frente a la fábrica cuando la caballería de la PM atacó a los manifestantes provocando la dispersión. Asustado, corrió hacia la carretera Fernão Dias y terminó siendo gravemente atropellado por un autobús. El trabajador murió en una ambulancia Fiat camino al Hospital Nossa Senhora do Carmo, en Betim.
De 24 informes analizados, diez están relacionados con el período de la dictadura, en los que la investigación encontró hechos de violencia contra sindicalistas, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos laborales. A diferencia del régimen aplicado en fábricas con sede en Europa, en Brasil la empresa sentó un grave precedente para los derechos laborales al adoptar el sistema de tercerización laboral, una política contraria a un sumario del Tribunal Superior del Trabajo (TST), que solo permitía contratación temporal para el servicio de vigilancia.
La relación de Fiat con la dictadura comenzó en 1970, cuando el entonces gobernador de Minas Gerais, Rondon Pacheco, durante una visita a la empresa en Turín, ofreció incentivos excesivos y concesiones nunca hechas a otras automotoras.
La tercerización redujo los salarios y precarizó las relaciones laborales. También existen denuncias de acoso moral y otras prácticas irregulares, como retención de salarios e indemnizaciones, despidos injustificados, exposición de los trabajadores a riesgos por falta de seguridad, malas condiciones de salubridad e higiene, prácticas que perduraron hasta 1988, cuando la nueva constitución entró en vigor y reemplazó al régimen militar. “Fiat estuvo así al frente de la precariedad de las actividades laborales, hasta entonces entendidas como ilegales en el país”, destaca el informe de investigación.
Las relaciones con la dictadura incrementaron las ganancias
La relación de Fiat con la dictadura comenzó en 1970, cuando el entonces gobernador de Minas Gerais, Rondon Pacheco, durante una visita a la empresa en Turín, ofreció incentivos excesivos y concesiones nunca hechas a otras automotoras. Desde 1973 hasta la conclusión de las obras de la fábrica, en 1976, Fiat ganó todo lo que reclamaba en términos de beneficios económicos, fiscales y tributarios y una serie de otros privilegios.
foto4_ap_fiat.jpg
Entre los beneficios se encontraban incluso exenciones de impuestos para la conversión de moneda y la repatriación de ganancias a Italia. El ayuntamiento de Betim, a pedido del gobierno, condonó el cobro de impuestos sobre servicios, construcción, terrenos (relacionados con el terreno de la fábrica) y movimiento de mercancías.
El contrato también preveía la apertura de líneas de crédito para capital, un programa de vivienda para trabajadores, realizado por Cohab-MG y toda la infraestructura para que la empresa produjera y comercializara sus automóviles: carreteras que conectan el complejo con Rodovia Fernão Dias, red eléctrica, alcantarillado, agua, teléfono y télex, que era el medio de comunicación moderno de la época. Fiat ni siquiera pagó los gastos notariales por la transferencia de la propiedad a su nombre.
La guinda de la torta para la automotriz fue, sin embargo, la sociedad accionaria del gobierno de Minas Gerais, que, de un capital inicial total esperado de US$ 231 millones para la nueva empresa constituida en Brasil, aportó US$ 71,499 millones contra los US$ 71,5 millones inyectados por Fiat, que convirtió al gobierno de Minas Gerais en socio de la automotriz, controladora del emprendimiento por una mínima diferencia de valores. El resto de los fondos se recaudaría de otros accionistas. En 1977, para garantizar su participación en la sociedad y hacer avanzar la empresa, Fiat obtendría un préstamo de US$ 165 millones de un grupo de bancos europeos, del cual el gobierno de Minas Gerais sería el garante. Las dificultades financieras enfrentadas por Fiat para cumplir con sus compromisos en los años siguientes requerirían cada vez más aportes del gobierno de Minas Gerais, hasta que, en una cuarta modificación del estatuto societario, en 1980, los socios decidieron un nuevo aumento de capital, esta vez de US$ 300 millones, de los cuales el gobierno de Minas Gerais aportaría US$ 110 millones.
“La convergencia de capitales, que elevaría a Fiat en Brasil casi a una empresa pública, revela la promiscuidad de los intereses económicos, sociales y políticos existentes entre el Estado brasileño y los capitalistas italianos".
El extinto Servicio Nacional de Información (SNI), agencia de espionaje político bajo el régimen militar, siguió el desarrollo de la sociedad y, en un informe de la agencia de Belo Horizonte, del 29 de octubre de 1980, registró duras críticas del presidente de Volkswagen de Brasil, Wolfgang Sauer, al gobierno de Minas Gerais por haber participado en un gran proyecto de inversión junto con capital privado insuficiente. “No pueden quedarse fuera del juego”, agregó Sauer, refiriéndose a las negociaciones que el agente de la SNI observó como “críticas que se 'agudizan', por involucrar al vicepresidente Aureliano Chaves”.
En 1975, Aureliano sucedió a Rondón Pacheco —ambos fueron nombrados por la dictadura en un momento en que no se permitían las elecciones a presidente y gobernador— en el gobierno de Minas Gerais y es considerado el responsable de la implantación de Fiat en el estado. El acuerdo ató las finanzas del gobierno de Minas Gerais a Fiat, que sólo completaría el pago de capital como accionista en 1988, con gastos que afectaron el presupuesto. Por ley estatal, el volumen de aportes terminó siendo limitado por la Asamblea Legislativa estatal a un máximo del 1% de la recaudación.
“La convergencia de capitales, que elevaría a Fiat en Brasil casi a una empresa pública, revela la promiscuidad de los intereses económicos, sociales y políticos existentes entre el Estado brasileño y los capitalistas italianos en el período dictatorial”, observan los investigadores, que señalaron en el informe una declaración dada en su momento por el diputado Genival Tourinho (MDB-MG), calificando el acuerdo con Fiat como el “asunto más dudoso en la historia administrativa de Minas Gerais”. El coordinador de la investigación sobre empresas y dictadura afirma que la política financiera del Estado en su conjunto, de una de las mayores economías del país, comenzó a orbitar en torno al proyecto, un favor que disgustó a la élite industrial del país porque representaba una competencia desleal, según denunció Volkswagen en su momento.
“Fiat abrió fronteras para los negocios y tomó ventajas competitivas explícitas con la instalación de la fábrica en Betim. La empresa comenzó a hacer un esfuerzo masivo en el país luego del golpe, lo que también generó particularidades en comparación con otras empresas: notamos, por ejemplo, ventajas monetarias y económicas en lo que consideró como la ‘estabilidad política’ de la dictadura. Inauguró, por ejemplo, prácticas de favoritismo económico conferidas por los estados, que hoy están muy difundidas en el país”, dijo el investigador a Agencia Pública.
Contactada a través de su oficina de prensa, Fiat afirmó en una nota que no se referiría a las afirmaciones del informe. “Consultamos varias fuentes de la empresa, pero realmente no hay memoria de tales hechos. Por esta razón, la empresa prefiere no pronunciarse”.
Comentarios
Añadir nuevo comentario