Lorena Parra
Andrés y Manuel Bulnes Muzard, miembros de una de las familias aristocráticas chilenas, venían de un 2024 convulso tras el destape del caso Factop y su responsabilidad como directivos de LarrainVial que acabó esta semana con su formalización.
La decisión fue adoptada por el fiscal oriente contra el crimen organizado, Miguel Ángel Orellana. La determinación es la resultante del informe de Contraloría revelado ayer por Interferencia que estableció el extravió de 179 ampollas del opioide y otras 79 de morfina en dependencias de la policía uniformada.
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
El director (s) Richard González, confirmó los hechos e indicó que la sustracción ocurrió en la Oficina de Planificación y Control de Gestión. Explicó que nunca había ocurrido una situación de estas características y que las cámaras de seguridad eran vigiladas tanto por el Ejército, a cargo de la seguridad perimetral y también por civiles al interior del recinto. Explicó que se inició un sumario administrativo y la denuncia a la fiscalía. También descartó un riesgo nuclear.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
“Ella era como de la casa, pasaba metida en la oficina de Hermosilla y se encerraban por horas”, afirma un testigo de su relación. En efecto, entre inicios de 2021 y al menos hasta fines de 2022, al menos tres personas aseguran haberla visto en el edificio corporativo de Grupo Patio, donde el abogado tenía su oficina.
La declaración del ex ministro de Sebastián Piñera y amigo de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital del caso, se suma a una ampliación de querella que el SII presentó en contra de Leonarda Villalobos el 14 de noviembre.
El caso lo lleva la Fiscalía Oriente, y hasta ahora hay 6 imputados, pero el líder sería el venezolano Jeffrey Milian Gamez, quien recibió el dinero en una cuenta bancaria nacional del resto de sus cómplices. Un tribunal de garantía autorizó el alzamiento del secreto bancario de todos los mencionados, para seguir la ruta del dinero.
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
Con todos los chats de Luis Hermosilla en su poder, el abogado defensor está ejerciendo un poder que lo deja casi como juez y parte. Y ha sabido utilizar esa palanca en los medios de prensa para intimidar de manera indirecta a jueces, fiscales y políticos involucrados en la red de influencias de su hermano. ¿El más expuesto? El Fiscal Nacional Valencia.
La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.
Este medio publicó en 2019 que la administración de Barriga no realizó obras para cumplir con el Plan de Desarrollo de la sanitaria municipal, a pesar de que se habían recaudado $37.500 millones para este fin a través de cuentas de agua. El lunes, fiscalía informó que esto forma parte de los nuevos hallazgos por los que la ex alcaldesa será reformalizada.
Collares Swarovski, 30 mil peluches y una casa comestible tamaño real pagada vía trato directo a un antiguo socio de su esposo son algunas de las compras de Cathy Barriga que fiscalía investiga, todo mientras no se pagaba la luz. Ayer fue acusada de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento público.
