Caso Audios
El grupo de aportantes -quienes ya demandaron a LarrainVial y al ex gerente de STF-, estudian una demanda contra el matrimonio de Óscar Lería y Paola Luksic, su hermana Gabriela Luksic, así como el grupo Algeciras, liderado por Eduardo Elberg y Andrés Solari.
El ex diputado DC y operador político -recientemente involucrado en el Caso Audios por pagos provenientes de asociaciones de pesqueras- fue contratado por la Polla Chilena de Beneficencia en 2022 y desde entonces ha impulsado un fuerte lobby en el Congreso, participando de diversas reuniones representando los intereses de la compañía, habitualmente con autoridades del Poder Legislativo y siempre acompañando a la presidenta del directorio de la empresa estatal, Macarena Carvallo.
En las conversaciones se describe que el abogado ejerció sus influencias con Andrés Chadwick para que Verónica Sabaj fuera nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, a lo que ella correspondió con favores de vuelta, incluyendo asesoría en acciones legales que involucraban a Sebastián Piñera.
Antes el debate era por el Pueblo Mapuche y los presos del Estallido Social, pero ahora llegó a la élite por los variados casos de corrupción antiguos que mantienen en prisión preventiva a personajes de renombre en el poder. El académico de Pontificia Universidad Católica abordó en entrevista con Interferencia los problemas detrás de esta controversial medida cautelar.
La primera declaración del exministro se realizó el pasado 18 de noviembre en la más absoluta reserva, lo que levantó críticas en contra de la cobertura mediática del caso en comparación con otros, como el de Manuel Monsalve o Daniel Jadue, donde además ocurrieron masivas filtraciones. En la segunda ocasión, al ser abordado por la prensa, dijo que salió todo "perfecto" y aseguró estar "súper tranquilo".
“Ella era como de la casa, pasaba metida en la oficina de Hermosilla y se encerraban por horas”, afirma un testigo de su relación. En efecto, entre inicios de 2021 y al menos hasta fines de 2022, al menos tres personas aseguran haberla visto en el edificio corporativo de Grupo Patio, donde el abogado tenía su oficina.
La declaración del ex ministro de Sebastián Piñera y amigo de Luis Hermosilla en la arista Parque Capital del caso, se suma a una ampliación de querella que el SII presentó en contra de Leonarda Villalobos el 14 de noviembre.
La reciente formulación de cargos informada por la Comisión para el Mercado Financiero en contra de LarrainVial por posibles infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Única de Fondos (LUF), se suman a una mala gestión que desde 2023 se hizo patente con la vinculación de la firma a casos como la ropa pirata en La Polar, una acusación de lavado de activos y el Caso Factop.
La declaración del actual ministro corresponde a su intervención en el Senado durante la nominación de Ángela Vivanco por parte del fallecido ex presidente Sebastián Piñera. En ese entonces, Álvaro Elizalde cuestionó la idoneidad de la abogada dada su trayectoria política y redes.
En el veredicto, se recogieron los casos desprendidos de las conversaciones que Vivanco sostuvo con Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Entre otras cosas, se cuestionó su actuar en el caso de Belaz Movitec con Codelco, su injerencia en nombramientos judiciales y, además, los ofrecimientos de su pareja, G. Migueles, al fiscal C. Palma.
Pese a que en un comienzo Ángel Valencia negó tener mensajes con Luis Hermosilla, el fiscal nacional no había mencionado la reunión de caracter privado que sostuvo con el abogado y Andrés Chadwick, cita en que el penalista le consultó sobre la posibilidad de resolver en procedimiento abreviado la causa en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa.
Según informó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la renuncia del ex ministro del Interior radica en que "lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones" y señaló que tendrá "más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero".
Entre las conversaciones entre Guerra y Hermosilla se comparten información referida al caso Penta y la compraventa de Minera Dominga; discuten una estrategia de desprestigio de los fiscales Gajardo y Norambuena; y coordinan reuniones con Andrés Chadwick y Sebastián Piñera. "Las causas Vip ya se las quite y están en mi poder", dice uno de los mensajes de Guerra a Hermosilla.
A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
Con el caso Hermosilla, no solo se ha conocido lo que parece constituir un entramado de tráfico de influencias en el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, como es el caso del ministro Jean Pierre Matus y la ministra Ángela Vivanco, sino también en la tramitación y fallos diferenciados para ciertas causas patrocinadas por ex parlamentarios que hoy ejercen como abogados y que indirectamente pudieron verse beneficiados con ello, como lo ocurrido en la causa de Codelco con la bielorrusa CBM.
En entrevista con Interferencia, el diputado DC asegura que "están todos los antecedentes para esa acusación constitucional y de esta forma evitar que las faltas a la probidad o la corrupción dañen de manera irreparable a la Corte Suprema". Asimismo, confía en que la derecha dé su apoyo, pues argumenta que "no es un tema de derechas ni izquierdas".
“Juan Pablo Hermosilla apunta más allá, sin embargo. El está yendo en contra de la hipocresía. Alguna vez yo también lo denuncié, cuando exigí a la justicia que abriera las cuentas de los gastos ocultos de todos los candidatos, no solo las mías, para que supiéramos quién estaba financiando a qué campaña y con cuanto. Mi llamado de hace diez años no fue tomado en cuenta. Claro que esta situación, la que denuncia Hermosilla, es un vértigo porque su llamado en contra de la hipocresía lo que quiere es lo contrario: amenazar con develar la verdad, pero para mantenerla oculta”.
Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.
De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
Los pagos se efectuaron entre 2018 y 2021, por montos que suman al menos $280 millones. Estos fueron abonados a Asesorías y Negocios Commercia SpA, sociedad en la que, hasta hace poco, figuraban como socios Luis Angulo, cónyuge de Leonarda Villalobos, y el ex diputado DC Exequiel Silva. Los dineros provienen de Asipes y PacificBlu, que fueron investigadas por casos de financiamiento ilegal a la política en el marco de la Ley de Pesca impulsada por Pablo Longueira.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.
Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.
El fiscal del caso audios Miguel Ángel Orellana, un reconocido experto en crimen organizado, calificó a Luis Hermosilla como un “consejero delictivo”. Entre los nombres mencionados en este escándalo figuran Andrés Chadwick, Sebastián Sichel y Jean Pierre Matus. En los próximos días se conocerán los descargos de los abogados defensores.
En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.
Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.
Luis Hermosilla declaró que Daniel Sauer —socio fundador de Factop, hoy en prisión preventiva— pagó un informe en derecho utilizando una cuenta en el extranjero para la defensa del entonces ministro del Interior de Piñera. Luego de pagar, se le reembolsó el dinero, pero Hermosilla no recuerda “quien en definitiva se hizo cargo de este gasto”.
Se trata del ingeniero en ejecución en gestión pública, Renato Robles Iturrriaga, adscrito como ejecutivo a la gestión de cobro, en la Tesorería. Como sueldo percibe poco más de $2 millones 599. Patricio Mejías Esparza es un sujeto que desarrolla labores administrativas en la regional Oriente del SII. La audiencia de formalización quedó fijada pafra el 21 de agosto.
