El proyecto de ley de la diputada Karol Cariola, recientemente aprobado en lo general por la Cámara, de descanso compensatorio y fuero laboral para trabajadores de la salud, busca recompensar a todos los trabajadores del sector por su desempeño durante la pandemia.

Así lo establece el texto, que incluye todo el sistema público de Salud:

“Gozará de fuero laboral todo el personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de los Servicios de Salud, de la atención primaria de salud, de las Subsecretarías de Salud, de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, del Instituto de Salud Pública, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), del Servicio Médico Legal, del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), de la Superintendencia de Salud, de los establecimientos de salud de carácter experimental [...] del Ministerio de Salud, de los hospitales universitarios, de los hospitales institucionales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que cumplen funciones en la red asistencial durante la pandemia por Covid-19, de los establecimientos autogestionados en red del país y, en general, de la red asistencial que sean prestadores de salud públicos o privados, así como de farmacias y almacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren vinculados a dichos prestadores”.

Sin embargo, fue la amplitud de este beneficio lo que ha encendido las alarmas en la Federación de Funcionarios de la Seremi de Valparaíso, puesto que este podría beneficiar a decenas de personas en la seremi de Valparaíso que -a su juicio- llegaron no por necesidades técnicas de la repartición, sino que por favores políticos, en la asignación de cargos, sin concursos públicos, los cuales deberían incluso pasar por el sistema de Alta Dirección. Cabe mecionar que el seremi de Valparaíso es Georg Hubner Arancibia, de Evópoli.

En la práctica, el fuero indiscriminado del proyecto de ley, podría terminar clavando en sus funciones, en un periódo presidencial posterior, a operadores políticos por todo el sistema de Salud Pública, quienes llegaron con las autoridades nombradas por Sebastián Piñera.

Janet Santibáñez, vicepresidenta nacional de la federación de trabajadores de la subsecretaría de salud pública y presidenta de la asociación de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, plantea que “cuando comenzó el gobierno de Piñera era cerca de 30 los funcionarios que fueron puesto en labores dentro de nuestro servicio producto de favores políticos, a partir de denuncias y sumarios hemos logrado que 15 de ellos dejen la Seremi”. 

Santibañez presenta como evidencia de la situación el dictamen de Contraloría General de la República del 21 de marzo de 2019 Nº3437, donde a partir de una denuncia realizada por los funcionarios se establece que: “respecto al funcionario don Jorge Cárdenas Rojas, quien según las solicitantes habría sido sancionado y cesado en el cargo de jefe de gabinete, pero qué, no obstante, continúa desempeñándose en un cargo de la misma jerarquía que aquel, cabe señalar que acorde con lo manifestado por el reseñado organismo, dicho servidor se desempeña como coordinador del departamento de salud pública y planificación sanitaria"”.

A la fecha, según asegura Santibáñez, “Jorge Cárdenas Rojas sigue desempeñando labores dentro de la Seremi en un cargo que no existe en otras reparticiones, coordinador de salud pública a cargo de la unidad de mejora continua. Según la dirigente, su nombre y cargo no está en el registro de transparencia activa del servicio.

Este caso se suma al del funcionario Leonardo Marillanca, jefe del departamento de administración y finanzas quien mantiene procesos sumariales, denuncias por acoso laboral y algunos de los denunciantes presentan licencias prolongadas por estrés laboral. Este funcionario, según describe Janet Santibáñez, sigue trabajando y también sería un puesto político cuestionado.  

Lo anterior son casos particulares de dos militantes de RN, según asegura Santibáñez. 

Además, según lo conversado con Roberto Lobos, de la Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital Gustavo Fricke, “se repiten en buena parte de la red y me consta que en mi servicio también existen puestos políticos que han sido promovidos sin un concurso previo”.

En la práctica, el fuero indiscriminado del proyecto de ley, podría terminar clavando en sus funciones, en un periódo presidencial posterior a operadores políticos por todo el sistema de Salud Pública, quienes llegaron con las autoridades nombradas por Sebastián Piñera.

Cabe mencionar que el proyecto plantea un fuero de un año para todos los funcionarios, en el que "se entenderá suspendido el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las causales del numeral 6º del Artículo 159 [caso fortuito o fuerza mayor] y 161 del Código del Trabajo [necesidades de la empresa]".

Otras voces

Asimismo, Carmen Luz Scaff, funcionaria de la Seremi Metropolitana y vicepresidenta de la ANEF, ratificó la existencia de una importante cantidad de funcionarios ejerciendo labores dentro del servicio producto de favores políticos.

Aníbal Vivaceta, epidemiólogo y parte del equipo del nuevo gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca plantea que “la iniciativa propuesta en el proyecto de ley aporta en la superación de las precariedades del sistema de salud pública, porque integra un importante número de funcionarios de diferentes área".

"Creo que sin duda hay que ver cómo tratar esto, puede ser vía sumario o otras formas, pero eso no puede empañar la totalidad de un proyecto que aborda algo diferente a esa particularidad”, dice Carol Kariola.

Sin embargo, el médico indica que "también es necesario resguardar que la próxima administración no sea trabada por funcionarios que permanezcan en los cargos por el fuero y que provengan del cuoteo político de la administración de Piñera”.

La diputada Karol Cariola, conversó con INTERFERENCIA sobre el punto y planteó que “el proyecto no puede desvirtuarse por la particularidad de algunos casos en distintos servicio de salud que hayan sido irregulares o que haya sido producto de la mañosería de algún director de servicio o seremi u otro cargo de confianza del presidente. Creo que sin duda hay que ver cómo tratar esto, que puede ser vía sumario o otras formas, pero eso no puede empañar la totalidad de un proyecto que aborda algo diferente a esa particularidad”.

“Si hay algunas excepcionalidades que haya que especificar aun más nosotros estamos completamente disponible para hacerlo, el proyecto está en tramitación ingreso a la Comisión de Salud para poder especificar algunas cosas, como por ejemplo aquellos casos que sean irregulares que sean casos con procesos administrativos o sumarios que esos casos sí pueden ser desvinculados en caso que los sumarios terminan siendo negativos en su informe”, profundiza Cariola.

Funcionarios transitorios versus de planta

La Federación de Funcionarios de la Salud Pública y los funcionarios de las Seremi han visto el aumento exponencial de trabajadores transitorios en los servicios. Dichos puestos tienen un contrato con plazo fijo y están legalizados bajo el Código del Trabajo, a diferencia de los cargos públicos promovidos por dicho servicio.

Carmen Luz Scaff, de la ANEF, plantea que “nosotros como Federación hemos sido los que nos hemos opuesto a este tipo de trabajadores estén dentro del fuero. Hablo principalmente de los que están con trabajos transitorios, que están en la Subsecretaría de Salud Pública”.

Según plantea la funcionaria, a pesar de que valoran la labor desarrollada, en esta repartición la planta constante es de 4.800 funcionarios en las 16 oficinas de la Seremi, mientras que hoy el número total de funcionarios es de cercano a los 12 mil trabajadores, lo que -según ella- ha provocado un aumento de 16 mil millones de pesos mensuales en mantener la operación con esa cantidad de trabajadores.

La pregunta surge ¿es posible financiar todos estos sueldos una vez terminada la pandemia?

La diputada Karol Cariola, frente al cuestionamiento de la incorporación del personal transitorio al beneficio en cuestión planteó a INTERFERENCIA que: “estamentos y roles que han estado expuestos a las consecuencias que significa contagiarse o contagiar a su familia, muchos de ellos han estado contagiados y han tenido consecuencias físicas y psicológicas en sus familias incluso, finalmente el proyecto busca compensar esas situaciones no solo a los que tiene título profesional y carrera funcionaria”.

Por su parte, Roberto Lobos, de la  Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital Gustavo Fricke, plantea que “no tendría ningún problema en garantizarte el beneficio al personal que está reforzando el trabajo clínico, que será además necesario una vez que termine la pandemia, ya que tendremos que responder a todas las emergencias que se van a dar producto de haber dejado sin tratamiento las enfermedades de base que están hoy en lista de espera. Para nosotros es un progreso contar con más personal”.