La violencia contra personas defensoras ambientales y del territorio está fuera de control en Latinoamérica, donde al menos 120 de ellas fueron asesinadas o desaparecidas durante 2024, de acuerdo con un reciente informe elaborado por Global Witness.

El reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” detecta que al menos 146 personas fueron asesinadas o desaparecidas en todo el mundo el año pasado, mientras protegían su territorio, su comunidad y el ambiente. El 82 % de los casos ocurrieron en Latinoamérica, que se mantiene como la región con el mayor número de agresiones.

Colombia lidera este registro por tercer año consecutivo como el país con el mayor número de homicidios, con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, país que prácticamente quintuplicó sus casos al pasar de cuatro asesinatos a 20 en un año.

México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En Honduras se documentaron cinco casos, mientras que Nicaragua y Perú tuvieron cuatro cada uno.

Ecuador registró el asesinato de tres personas defensoras del territorio. Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.

Desde 2012 —año en que Global Witness inició este monitoreo— se han cometido 2253 asesinatos y desapariciones contra defensores, de los cuales el 72 % se cometieron en Latinoamérica.

Descenso de casos, pero violencias que no paran

El informe global registró 50 casos menos que en 2023 y pese a que la cifra a nivel mundial es la más baja en diez años, sus autores advierten que esto no significa que la violencia contra defensores se esté reduciendo. Al contrario, señalan que otras agresiones están en ascenso.

“La criminalización, las amenazas, otro tipo de ataques no letales, incluso los ataques online están haciendo la vida a las personas muy difícil, aunque no les priven de la vida”, dice a Mongabay Latam Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.

Para Furones, la violencia contra defensores ambientales está evolucionando a formas más sofisticadas que buscan silenciar a las personas que protegen comunidades y territorios. La organización expone casos concretos en Latinoamérica que lo reflejan.

Global Witness destaca la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia como el sistema de protección más grande del mundo, donde solo en 2024 se concedieron más de 4000 medidas de protección (apenas el 31 % de todas las solicitudes recibidas). Sin embargo, eso no evitó que al menos cinco personas defensoras que solicitaron o recibieron protección fueran asesinadas el año pasado.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, sostiene que una de las fallas de este mecanismo es que no está deteniendo la violencia letal porque no tiene un enfoque preventivo sino exclusivamente reactivo.

“Los mecanismos de protección estatal son importantes porque están íntimamente ligados con el tema de la justicia efectiva y de la lucha contra la impunidad”, advirtió la defensora durante la presentación del informe y agregó: “No es posible que cada año contemos asesinatos y desapariciones y los Estados no detengan, investiguen y sancionen a los responsables, lo que hace que el ciclo se repita”.

Además, subrayó que el Estado colombiano está dejando de hacer su deber en estos mecanismos al colocar la responsabilidad en organizaciones civiles e indígenas.

Torres también mencionó el caso de 11 defensores del territorio y campesinos criminalizados por oponerse a la minería de cobre del proyecto Quebradona, en el municipio cafetalero de Jericó, departamento de Antioquia. La propietaria AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro a nivel mundial, los acusó de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Por ahora, enfrentan el proceso en libertad. Mongabay Latam se comunicó a finales de julio con la sede local de la minera para conocer su versión de los hechos pero no recibió respuesta hasta el momento.

Mongabay Latam también contactó a la Unidad Nacional de Protección de Colombia para conocer su postura ante las cifras dadas a conocer por Global Witness y las posibles omisiones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Defensores indígenas y campesinos, los más expuestos

De acuerdo con el informe, en 2024 la violencia se mantuvo de forma desproporcionada precisamente contra defensores indígenas y campesinos, con 45 casos en cada categoría, de acuerdo con el informe.

Furones señala que estos grupos están en especial vulnerabilidad al verse obligados a actuar después de que actores gubernamentales, corporativos o grupos armados tratan de controlar, invadir o explotar sus territorios.

La autora del informe destaca que en muchos otros casos no logran tener información suficiente para vincular los asesinatos con las luchas por el territorio, lo que también contribuye a la impunidad en la mayoría de los casos. Sin embargo, comenta que la minería e industrias extractivas fueron el sector más mortífero en 2024, con al menos 29 ataques contra defensores.

“También la tala, la agroindustria, grandes poderes económicos muchas veces ligados a poderes políticos que están detrás de los asesinatos”, agrega Furones. “Los proyectos de construcción de carreteras, infraestructura, la caza furtiva, energía hidroeléctrica. Todos estos poderes fácticos y económicos están detrás de los ataques”, sostuvo durante la presentación del informe.

Pese a la falta de información en casos de asesinatos de defensores, el estudio señala que poco menos de un tercio de los casos registrados a nivel global en 2024 están vinculados al crimen organizado.

“Esto es algo que estamos viendo en ascenso en muchos países: cómo el crimen organizado está permeando, ejerciendo un control brutal sobre el territorio, a veces incluso en alianzas con intereses corporativos”, dice Furones a Mongabay Latam.

Guatemala, donde se disparó la violencia

En el último año, Guatemala se posicionó como el país con mayor número de asesinatos de defensores del territorio per cápita, de acuerdo con Global Witness.

Entre los factores que destaca el informe está el desafío de la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a élites, así como la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.

De los 106 asesinatos y desapariciones de defensores documentados en Guatemala desde 2012, la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían su derecho sobre la tierra o se oponían a la extracción de recursos naturales.

“El aumento del crimen organizado es un gran factor que pone en riesgo a las personas defensoras en Guatemala. Entre 2012 y 2024, más de la mitad de todos los ataques ocurrieron solamente en cuatro departamentos regionales: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango”, sostuvo Furones durante la presentación.

También destacó el incremento de la violencia durante 2024 en la provincia costera de Escuintla, donde ocho defensores fueron asesinados.

“Seis de estos homicidios además estaban relacionados con el crimen organizado. No quiero dejar de remarcar que la proximidad de Escuintla y México a sus puertos de costa del Pacífico han convertido a esta región en una vía estratégica para el narcotráfico. Esto ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década y durante los últimos años”, expresó Furones.

De acuerdo con el reporte, seis de las personas defensoras asesinadas en Escuintla en 2024 estaban afiliadas al Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales.

Neydi Juracán, integrante de este comité, agrega que el aumento de los asesinatos ha venido acompañado también de hostigamiento, estigma y criminalización contra defensores comunitarios.

“Consideramos que se vincula fuertemente con la implementación del modelo de desarrollo que se basa en el extractivismo, en la implementación de monocultivos, que busca el despojo de nuestros territorios”, expresa la defensora. Además, destaca el proceso de resistencia pacífica por el cuidado de los bosques, el agua, los cerros y bienes naturales.

Juracán también afirma que en las regiones donde hay mayor presión sobre los territorios, como en Alta Verapaz e Izabal, hay procesos de hostigamiento más violentos contra defensores, algo que ha continuado a lo largo incluso de 2025.

“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han capturado a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, denunció la defensora en la presentación del informe.

Desapariciones se concentraron en Latinoamérica

Global Witness documentó cuatro desapariciones de personas defensoras del ambiente y el territorio en 2024. La mayoría de ellas ocurridas en Latinoamérica: Chile, Honduras y México registraron un caso por país.

El informe destaca el caso de Julia Chuñil, una defensora indígena mapuche de 72 años que desapareció en la región de Máfil, en Chile, en noviembre de 2024, tras acompañar la recuperación de espacios de profundo valor cultural y territorial.

Chuñil es presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil y trabajaba para obtener la tenencia de las tierras ancestrales de su pueblo en la Reserva Cora, una zona forestal en disputa, tras años de amenazas e intimidaciones por parte de personas interesadas en la explotación maderera de la región.

Karina Riquelme Viveros, abogada del Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR) y quien acompaña a la familia de Chuñil en el caso, asegura que su historia refleja las dinámicas estructurales de racismo, discriminación y criminalización que enfrentan las personas defensoras mapuches en Chile, por el trato que ha recibido el caso.

“Esa criminalización tiene una doble mirada porque por un lado se persigue al pueblo mapuche y por otro lado se le abandona cuando son víctimas, y ese es el caso en particular que está viviendo hoy la familia de Julia Chuñil”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe.

En estos diez meses, Riquelme contó que la familia ha recibido acoso y ha sido objeto de filtraciones judiciales con información falsa en lugar de acciones de búsqueda para dar con Chuñil.

“Hemos tenido que denunciar penalidades de la institucionalidad y eso evidentemente le da toda la gravedad a este caso. Quienes son víctimas han sido tratadas como imputados y tienen desesperación porque el Estado chileno no está dando el ancho en la investigación y no tenemos antecedentes ciertos de dónde está [Chuñil]”, expuso.

Imagen principal: en 2024, 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en todo el mundo, de acuerdo con Global Witness. El 82 % de los asesinatos y desapariciones ocurrieron en Latinoamérica. Foto: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación