Durante la semana pasada comenzó a circular entre militantes del Partido Radical un informe elaborado por de la ex Secretaria Nacional de Organización y Control y ex encargada de Transparencia de la colectividad, Macarena Inostroza, en el que se enumera una serie de sanciones que enfrenta la tienda de Londres 57.

“El Partido Radical de Chile enfrenta un proceso sancionatorio por infracciones a la normativa electoral, debido a la falta en la administración correcta de sus libros contables y balances. Las sanciones previstas van desde amonestaciones y multas hasta la disolución del partido en casos graves”, apunta el informe. “Estas multas acumuladas y las disposiciones legales asociadas son significativas tanto a nivel económico como en términos de la inhabilitación de sus líderes”. 

En suma, el documento lista siete sanciones interpuestas por el Servicio Electoral entre 2019 y 2024 contra el Partido Radical, y que suman más de 1.000 UTM.

La última sanción, emitida en enero se elevó hasta las 600 UTM por problemas en la justificación del Balance de 2022, fue apelada por la dirección del presidente radical, Leonardo Cubillos, ante el Tribunal Electoral.

Si bien la tienda logró rebajar la multa en 200 UTM, el Tricel mantuvo la observación de Servel de aumentar la sanción al doble por la reiteración en infracciones previas de la misma naturaleza. Vale decir, retrasos en la justificación de los balances anuales del partido.

En febrero de 2024, el Servicio Electoral demandó civilmente al Partido Radical para exigir el reembolso de “gastos no rendidos, no acreditados o cuestionados por un monto de $44.743.821”, en el balance anual de 2021.

Por su parte, la colectividad argumentó que renovó su directiva nacional y las autoridades en junio de 2022, momento en que habrían constatado la existencia de serias deficiencias en la información financiera, contable y política del Partido Radical. 

Sin embargo, Inostroza rebate dicho argumento apuntando a que el actual presidente radical, Leonardo Cubillos, ejerció como subsecretario general de la tienda desde septiembre de 2018, “estando en conocimiento de las problemáticas internas, como de los balances rechazados y las multas ya impuestas al partido, siendo además según contrato a honorarios responsable de regularizar los bienes inmuebles frente a SERVEL”.

Tras el fallo del Tricel, Cubillos realizó un videocomunicado público señalando que la rebaja “es una buena noticia a medias, porque igual tenemos que pagar una multa”, y apuntó a posibles acciones legales “con estos antecedentes vamos a proceder a realizar las demandas de restituciones contra quién corresponda”.

Consultado por Interferencia, Cubillos apunta a que "los problemas administrativos y financieros que atraviesa hoy el partido son responsabilidad del pésimo y negligente manejo que tuvieron las directivas anteriores, que estuvieron en el período 2018-2022 y en especial la nefasta presidencia de Carlos Maldonado".

"Ha sido un proceso lento y duro porque no existen actualmente otras fuentes de financiamiento de nuestro partido que los aportes legales. Sin embargo, el partido cuenta con un patrimonio en bienes raíces que, con la aprobación de nuestro Consejo General, nos permitirá solventar la deuda", señala el presidente.

De estas sanciones, el informe concluye que el impacto financiero podría afectar “no solo en la operatividad del partido, sino que también podría influir en su capacidad para llevar a cabo campañas y actividades políticas. Cada sanción impide no solo el flujo de recursos, sino que podría afectar la captación de fondos y donaciones futuras, dañando la viabilidad del partido a largo plazo”.

En esta línea, se sugieren recomendaciones como la realización de una auditoría externa, revisión de procedimientos administrativos, como un refuerzo a la transparencia y elaborar una política de inhabilitación dentro del partido.

Consultado por Interferencia, Cubillos apunta a que "los problemas administrativos y financieros que atraviesa hoy el partido son responsabilidad del pésimo y negligente manejo que tuvieron las directivas anteriores".

Problemas civiles: Servel exige el pago de $44 millones y una sentencia por $49 millones

A las sanciones administrativas se suman demandas civiles contra la tienda.

El pasado dos de abril, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago sentenció al Partido Radical a pagar $49,8 millones a M+E Comunicaciones por una deuda pendiente por servicios prestados durante la campaña para las elecciones parlamentarias y regionales de 2018.}

Sobre esta sentencia, el presidente radical asegura que "no hemos sido notificados de ninguna resolución relacionado con dicho juicio, por lo que una vez que eso ocurra, tomaremos las medidas procesales y judiciales que correspondan". Sin embargo, afirma que "la administración de Carlos Maldonado y Alberto Robles no pagaron la deuda ni tampoco gestionaron algún tipo de avenimiento. Al asumir como presidente, concordamos con la empresa demandante que una vez que regularizaramos los flujos financieros del Partido, podíamos llegar a un avenimiento para poder cerrar ese juicio". 

Demanda civil contra el Partido Radical en rol C-3290-2020.

Demanda civil contra el Partido Radical en rol C-3290-2020.

Otra causa civil fue levantada por el propio Servicio Electoral en febrero de 2024, para exigir el reembolso de “gastos no rendidos, no acreditados o cuestionados por un monto de $44.743.821”, en el balance anual de 2021.

A través de su abogado, Andrés Sepúlveda Jiménez, la tienda se defendió argumentando que las observaciones estaban siendo solucionadas por la nueva administración del partido, además de apuntar a la falta de plazo para responder a Servel.

La demanda sigue tramitándose en el 12° Juzgado Civil de Santiago, que recibió la causa a prueba en noviembre de 2024 y notificó a los intervinientes en abril de este año.

Respecto a esta demanda, Cubillos aclara que el partido “presentó la respectiva excepción de pago y el Servel se encuentra informando al Tribunal los reintegros que efectuamos para proceder al cierre de la causa”.

“Lo que hicimos fue un gran esfuerzo colectivo de recolección de recursos. Muchos correligionarios han aportado su grano de arena, conforme a lo regulado por la Ley 18.603 para estos efectos”, afirma.

A ello, cabe agregar que la administración Cubillos ingresó dos denuncias ante el Ministerio Público por los problemas detectados en los balances 2021 y 2022 a solicitud de Servel. 

* Este artículo fue actualizado el 14/05/2025 a las 9:40 am para agregar la versión de los hechos del actual presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.