A mediados de julio, el comando presidencial de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, oficializó como coordinador económico a Jorge Quiroz, doctor en Economía de la Universidad de Duke e Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. 

El fundador de Quiroz y Asociados, una consultora que hace 30 años que se dedica a asesorar a empresas en negociaciones y litigios económicos no es nuevo en el debate público. De hecho, a poco andar su nombramiento, se conoció el rol que jugó en la colusión de los pollos. 

En particular, el papel del economista según indica el fallo del Tribunal de la Libre Competencia, fue el de gestor del modelo de consumo utilizado por Ariztía, Agrosuper y Don Pollo quienes entre 1994 y 2010 fijaron el precio del alimento como productores. 

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Sin embargo, otro de los aspectos en que Quiroz también jugó un rol dentro del debate público fue en la legislación sobre la Ley de Pesca cuando en 2010 fue contratado por Sonapesca para analizar al sector de pesca en Chile y su relación con la libre competencia. 

En dicho documento, que alcanza las 31 páginas, Quiroz expresa su negativa a las licitaciones como mecanismo para asegurar el ingreso de nuevos actores. De manera crítica, esta postura implica una protección a las empresas que ya poseen cuotas de pesca que invirtieron bajo el sistema de derechos históricos. 

Asimismo, al no abrirse nuevos procesos competitivos para redistribuir cuotas se beneficia a quienes ya detentan dicho acceso y limita oportunidades para actores como pescadores artesanales, comunidades u otras figuras que se interesen en dicho mercado, consolidando a quienes ya explotan el sector. 

Por otra parte, sostiene que abrir el sistema a licitaciones se introducen riesgos políticos y regulatorios, y propone soluciones técnicas al modelo CITs, limitando el rol del Estado y su intervención en base a criterios políticos y sociales defendiendo el rol del mercado para la explotación del recurso. 

En el año 2011, en una columna de opinión publicada en Sonapesca, Quiroz volvió a referirse a la licitaciones y planteó que “el verdadero temor es que se ponga en subasta las cuotas de pesca que son el cimiento de toda esta industria, ‘constituyendo con ello una expropiación’”.

En adición, también incluyó la variable del desempleo como parte de su análisis en la propuesta legislativa y el período de ajuste de ésta, en la que que señaló como consecuencias “una disrupción importante en materia social y económica, un periodo de desempleo y ajustes a la baja en los salarios y una discusión interminable, pero de largo alcance, sobre los derechos vulnerados y las compensaciones correspondientes”. 

En otra columna de opinión publicada también en Sonapesca, Quiroz argumentó que “la licitación de cuotas a quien no tenga permisos de pesca [...] abrirá sin duda un debate constitucional que prolongará el virtual estancamiento del sector que venimos observando de un tiempo a esta parte”. 

Respecto al sector industrial, enfatizó en que se había instalado un royalty de facto por cuanto las patentes pesqueras subieron su precio sustancialmente. 

Un año después, en entrevista con el medio especializado Aqua Chile, Quiroz sentenciaría su postura y señaló que “lamento mucho que producto de múltiples indicaciones de todos los sectores, hoy es un proyecto que está virtualmente parado y las, comillas solución, que ha salido últimamente que es prolongar por dos años más las cosas como están, me parece que es seguir manteniendo a un sector tremendamente importante, en una indefinición de derechos de propiedad que no facilita ni la inversión, ni la conservación del recurso”.