El Instituto Nacional de Deportes (IND) recientemente renovó contrato por 644 millones de pesos con la empresa JCA Security Limitada, la cual recientemente ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República y también por asociaciones de funcionarios, tanto del Ministerio del Deporte como del IND.
Se trata de una renovación de contrato por el servicio de “protección y seguridad interior para el Estadio Nacional, Centro de Alto Rendimiento (CAR) y Residencia Deportistas”, tal como menciona la Resolución Exenta N° 243/2022 firmada por la directora del IND, Sofía Rengifo Ottone con fecha del 1 de febrero de 2022.
Tal como señala el documento, dicho contrato “para el Instituto Nacional de Deportes, asciende a la suma total de $644.966.132 IVA incluído”, el cual además agrega que “el pago se realizará en doce cuotas iguales y sucesivas ascendentes a $53.747.177”, y que el plazo del mismo corresponde a un año.
La renovación del vínculo entre esta empresa de seguridad y el Instituto Nacional de Deportes ocurre a pocas semanas de que la Contraloría General de la República (CGR) haya emitido un informe de auditoría emitido el 27 de diciembre de 2021, en el cual realiza observaciones a los tratos que el IND ha tenido con esta empresa desde principios de 2020, cuando fue contratada por primera vez.
En lo particular, Contraloría detectó que “el IND omitió el proceso de licitación pública al acordar con la empresa JCA SECURITY LTDA. la prestación de los servicios de vigilancia y resguardo de dependencias del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos -desde el 24 de enero de 2020 al 23 de marzo de ese año, y luego, desde a abril a diciembre de igual año-, por un total de $234.500.051”.
De esta forma, tal como señala el órgano de control “consta que el IND -sin mediar un acto administrativo formal debidamente fundado-, acordó con la señalada empresa de seguridad la prestación de los servicios”, todo lo cual se realizó de manera contraria a lo estipulado por la Ley de Compras Públicas.
Contraloría detectó que “el IND omitió el proceso de licitación pública al acordar con la empresa JCA SECURITY LTDA. la prestación de los servicios de vigilancia y resguardo de dependencias del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos -desde el 24 de enero de 2020 al 23 de marzo de ese año, y luego, desde a abril a diciembre de igual año-, por un total de $234.500.051”.
Según el documento de Contraloría, el IND instruyó un sumario administrativo en abril de 2021, pero al ser consultados por el estado de avance de esta investigación “es menester señalar que se advierte un retraso en la tramitación del aludido procedimiento disciplinario”, los cuales deberían durar 20 días hábiles, de manera que el órgano de control ordenó al instituto a “agilizar el término del mismo [sumario] y determinar la responsabilidad del fiscal”.
Como menciona Contraloría, el IND intentó regularizar posteriormente estos tratos directos fuera de la ley mediante dos resoluciones exentas durante el año 2020, para posteriormente realizar una licitación pública para contratar servicios de seguridad para el interior del Estadio Nacional en noviembre de 2020.
Dicha licitación fue adjudicada en enero de 2021 a nada más ni nada menos que la misma empresa, JCA Security, lo que se vio reflejado en la Orden de Compra 928-1-SE21, publicada en Mercado Público por un monto de $606.171.177. De esta manera, la renovación de esta prestación de servicios corresponde a la extensión de este último contrato, que sí contó con una licitación por un monto mucho mayor a los 234 millones de pesos en los que consistía el primer contrato por trato directo.
Problemática empresa de seguridad
“La Anfuchid (Asociación de Funcionarios de Chile Deportes) tiene su sede central en el Estadio Nacional, cerca del hotel de los deportistas, pero mientras estuvieron estos guardias nos pusieron muchos problemas para acceder a la sede. Un día íbamos un grupo de dirigentes más unos audiovisualistas para grabar una campaña que estábamos haciendo y hubo un altercado con ellos. Nos acusaron de que habíamos agredido a los guardias, y como resultado nos llevaron detenidos estando 26 horas detenidos”, menciona Álvaro Muñoz, ex presidente de Anfuchid, y agrega “eso fue un testimonio falso, por suerte todo quedó grabado en cámaras y el juicio que nos hicieron nos exculpó completamente”.
Efectivamente, se refiere al procedimiento penal iniciado en contra de Álvaro Muñoz y Yerko Cortés por el Instituto Nacional de Deportes el 27 de agosto de 2021, el cual está rotulado en el Poder Judicial por el RUC 2100776413-5. Tal como puede verse en esa plataforma, efectivamente la causa se sobreseyó rápidamente, de manera que ha sido interpretada por dirigentes de los trabajadores como una abierta práctica antisindical.
No son pocas las voces al interior del IND que han visto en dicha empresa de seguridad un cambio brusco respecto de los guardias que siempre han actuado en el Estadio. “Antes de que llegaran estos guardias, los que habían eran de un perfil muy cortés, amables, muy atentos con la gente, y hoy en el Estadio ellos han tenido comportamientos de verdaderos matones”, menciona a INTERFERENCIA Paula Bustamante, actual presidenta de Anfuchid, agregando que “ellos usan bototos, chalecos antibalas, radios, parecen una organización paramilitar, tienen cuadrimotos en las que se movilizan por dentro del Estadio y circulan por las ciclovías como amos y señores en el Estadio. Lo único que les falta es tener armas”.
“El día 11 de septiembre [de 2021] fui con mi hija al Estadio Nacional y me acerqué a las rejas siendo alejada con una actitud súper agresiva de parte de los guardias”, mencionó nuestro medio Andrea Navea, secretaria de la Asofumindep (Asociación de funcionarios del Ministerio del Deporte), manifestando la misma preocupación que Bustamante.
Además de esto, un reportaje de Ciper Chile, de septiembre de 2018, se refiere a JCA Security a propósito del vínculo que uno de los guardias de esta empresa tenía con el Movimiento Social Patriota, calificado por muchos como una agrupación neonazi. A propósito de JCA Segurity, el reportaje menciona que “JCA tiene historial: en 2011 los estudiantes secundarios denunciaron que guardias municipales neonazis los agredieron mientras mantenían tomados liceos en la comuna, y en 2012 el PC acusó a guardias de esa misma empresa de atacarlos con armas de fuego durante la campaña municipal de ese año”.
A pesar de esto, Jorge Cifuentes Almazabal, dueño de la empresa señaló a Ciper en la época que descarta “que sus empleados estuvieran implicados en los ataques a los liceos en 2011 o en la violencia de la campaña municipal de 2012”.
La guardia de Cecilia Pérez y los vínculos con Puente Alto
Un hecho que ha motivado comentarios entre los trabajadores de estos organismos es la estadía de larga data que la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, ha tenido en el Estadio Nacional. En efecto, a Pérez no se la ve desde abril de 2020 por las dependencias del Ministerio del Deporte, ubicadas en la comuna de Providencia, sino que decidió ubicarse en oficinas instaladas en el Estadio Nacional, donde trabaja desde esa fecha junto a su equipo más cercano.
Voces fuera de micrófono aseguran que desde que ella se encuentra allí, en abril de 2020, los guardias de seguridad parecen cumplir una labor de protección especial de los perímetros en que se desempeña, como si fuera una especie de guardia personal, para ella y sus colaboradores más cercanos.
Entre estos colaboradores, se encuentra el jefe de gabinete de la ministra, René Borgna, el cual se desempeñó en el pasado como administrador municipal de la comuna de Puente Alto, asesor jurídico de la misma municipalidad, y también Secretario General de la Corporación Municipal de Puente Alto. Esto durante parte de la administración de Manuel José Ossandón, y durante la mayoría del periodo en que Germán Codina se ha desempeñado como alcalde de dicha comuna, desde 2012 hasta la fecha.
En una revisión rápida de las órdenes de compra que han sido adjudicadas a JCA Security por parte de organismos del Estado, se puede ver que quien más los ha contratado ha sido precisamente la Municipalidad de Puente Alto, con un número de 138 contratos desde marzo de 2013. Esto significó pagos para esta empresa por un total de 1.315 millones de pesos desde esa fecha según registros de Mercado Público.
Los importantes cargos que Borgna ocupó en una municipalidad controlada por Renovación Nacional desde hace más de 20 años -mismo partido de Cecilia Pérez- han levantado suspicacias entre los trabajadores del IND y el Ministerio del Deporte, considerando la larga data de contrataciones que esta empresa ha tenido por parte del Municipio de Puente Alto y lo improbable de que un alto funcionario no pudiera conocer a esta empresa que ahora ha sido millonariamente contratada para la protección del Estadio Nacional.
INTERFERENCIA intentó comunicarse con Sofía Rengifo, directora del Instituto Nacional del Deporte, para hacerle las preguntas del caso en lo relacionado con la renovación de la contratación de esta empresa, y sobre la razón de haber tratado de manera directa con ellos antes incluso de haber expedido cualquier tipo de acto administrativo. Sin embargo no respondió a nuestros mensajes.
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