IND

La entidad tras la exitosa organización de los Juegos Panamericanos, dirigida en su minuto por el ahora precandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, ha recibido cientos de demandas laborales. Una buena parte corresponde a personas que tenían un vínculo con la corporación a partir de boletas de honorarios, y que reclaman cobros de prestaciones, despidos injustificados y que se reconozca su relación laboral.

Según informó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la renuncia del ex ministro del Interior radica en que "lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones" y señaló que tendrá "más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero".

A 58 días del comienzo de la cita se han agotado entradas para disciplinas completas y distintas finales, habiendo casos de deportes en que sólo hay espacio disponible porque no se definen aún todos los participantes y las fechas, como pasa con el fútbol femenino y masculino, los que concentran el grueso de los tickets no vendidos. Van vendidas ya 420.000 entradas.

El robo se suma a la desaparición de 735 metros de rejas en el estadio. Un informe de la empresa de seguridad -contratada inicialmente sin licitación- señala que funcionarios del recinto puestos por el gobierno anterior pidieron a los guardias mover las cámaras de seguridad. La investigación está a cargo de la PDI.

El IND renovó contrato con JCA Security, contratada inicialmente en 2020 por trato directo, obviando la licitación. Empresa que desde 2013 ha sido contratada varias veces por la Municipalidad de Puente Alto, donde el jefe de gabinete de la ministra del Deporte Cecilia Pérez, René Borgna tuvo dos importantes cargos.

Acusan al IND de asignar recursos fiscales al Comité Olímpico de Chile y a la Corporación del Alto Rendimiento –ambas corporaciones de derecho privado– que le corresponden a la federación. Desde IND y COCH aseguran que distribución es legal y busca evitar que “atletas se vean afectados por problemas administrativos de las federaciones”.