Hace una década, durante un consejo general de Renovación Nacional, el entonces presidente de ese partido, Carlos Larraín, se refirió al masivo movimiento estudiantil de 2011 como “una manga de inútiles subversivos”. Aunque el motejo de uno de los herederos de la rancia aristocracia chilena causó tanta hilaridad como indignación; su estilo patronal fue un ícono de la incapacidad que padece un segmento de la elite chilena para interpretar los fenómenos ciudadanos, generar diálogo y preservar la paz social.  El epítome de este enfoque desestabilizador se manifestó años después, en octubre de 2019, cuando el Presidente Piñera declaró la “guerra al enemigo invisible y poderoso” del estallido social.

La definición del verbo subvertir es ‘alterar el orden social’ o ‘destruir la estabilidad política’ de un país; o sea, exactamente lo que en el pasado hicieron Larraín y Piñera y lo que sigue haciendo el gobierno y un sector de la derecha cuando promueve la descapitalización total del sistema de pensiones, desconoce las atribuciones del poder constituyente y viola los tratados internacionales de migración. Subversivo es el candidato Sebastián Sichel cuando llama a vaciar los fondos previsionales, subversiva es la derecha que altera el orden en la Convención y subversivo es el Gobierno que destruye la estabilidad en la frontera norte. Vamos por partes:

Primero, se altera el orden social y económico cuando el candidato presidencial de la coalición gobernante alienta turbulencias financieras, propiciando un retiro total de los fondos previsionales. Además del daño a la fe pública por su doble estándar y falta de transparencia, confiesa tardíamente y con desparpajo que no usó sus retiros para enfrentar adversidades, sino para aprovechar beneficios tributarios con cargo al Estado.  De paso, incentivó la polarización al moverse hacia el nicho de su rival republicano José Antonio Kast, usando la falacia sobre una supuesta apropiación futura de los ahorros previsionales por el Estado.    

Segundo, ¿acaso no se altera orden cuando se promete un bombardeo de recursos de protección para anular las decisiones de la Convención Constitucional, a pesar de la inadmisibilidad declarada por la Corte de Apelaciones de Santiago?. Un grupo de seis convencionales prefiere saltarse la regla constitucional de presentar reclamos ante la Corte Suprema, porque no cuenta con el requisito mínimo de 39 firmas. Y en lugar de cumplir la Constitución que defienden, anuncian que “independientemente de lo que decida la Corte, presentaremos recursos de protección cada vez que estimemos lesionadas nuestras garantías individuales”, dijeron los convencionales, Rocío Cantuarias (Indep-Evópoli), Martin Arrau (UDI), Teresa Marinovic (Idep.), Harry Jürgensen (RN), Ruth Hurtado (Ind-RN) y Margarita Letelier (UDI).

“Cierta elite conservadora gusta de atribuirse el monopolio de valores como la estabilidad económica, la paz social, la gobernabilidad, el orden público y la defensa de la integridad territorial; aunque su conducta y trayectoria histórica han transitado en la dirección opuesta”

Para mayor alteración del ordenamiento jurídico y la estabilidad de la Convención, el Gobierno mantiene impagos los honorarios de 309 trabajadores que asesoran al máximo foro democrático de la República y ni siquiera ha elaborado los contratos, porque una oficina del Ministerio de Hacienda -la poderosa Dirección de Presupuesto- objeta los recursos que solicita nada menos que el Poder Constituyente.

Tercero, se ‘destruye la estabilidad política’ cuando el gobierno vulnera el derecho internacional humanitario sobre migración y fomenta discursos de odio que terminan desatando esa pira de la vergüenza, que quemó pañales y coches de niños venezolanos, a consecuencia de la criminalización de los inmigrantes y el abandono de la seguridad de los chilenos de Iquique.

Los tribunales de justicia le han dicho hasta el cansancio al Ejecutivo que las deportaciones masivas son ilegales. Los convenios y tratados internacionales obligan a brindar una respuesta humanitaria con apoyo internacional, para establecer un campamento de refugiados. El éxodo de 5 millones de venezolanos no se contiene con deportaciones masivas, supresión de visas y militarización de fronteras.

Cierta elite conservadora gusta de atribuirse el monopolio de valores como la estabilidad económica, la paz social, la gobernabilidad, el orden público y la defensa de la integridad territorial; aunque su conducta y trayectoria histórica han transitado en la dirección opuesta:

La economía colapsa cuando se improvisa llamando a descapitalizar el sistema previsional para ganar electorado de derecha. Las fronteras corren más peligro cuando se debilita el multilateralismo y se violan los tratados internacionales. La crisis humanitaria por los desplazados venezolanos se vuelve más severa con discursos de odio y sin respuestas regionales. El orden público se desborda cuando la policía se corrompe y viola los derechos humanos. La paz social se desmorona cuando se abusa de la desigualdad. La gobernabilidad se hace inviable cuando se boicotea la deliberación democrática del poder constituyente.