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Miércoles, 27 de Octubre de 2021
Periodista que investigó el caso de 1973

Javier Rebolledo, sobre asesinato de trabajadores en Laja: “La CMPC no puede eludir la responsabilidad de haber conocido los hechos”

Lissette Fossa

El sábado la Corte de Apelaciones de Concepción condenó a un civil, ex trabajador de la CMPC, como cómplice del asesinato de 19 trabajadores durante los primeros días de la dictadura.  "Sin el apoyo de La Papelera estos hechos no hubieran podido haberse llevado a cabo”, afirma Rebolledo.

Este sábado un fallo histórico de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la condena a un civil, ex trabajador de la empresa papelera CMPC, de propiedad de la familia Matte, por la complicidad del homicidio de 19 trabajadores, siete de ellos de La Papelera, durante los primeros días de la dictadura, en septiembre de 1973. El caso es conocido como “la matanza Laja-San Rosendo”, debido a que los trabajadores pertenecían a estas comunas.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó parcialmente la resolución impugnada, que anteriormente había absuelto al ex trabajador Pedro Jarpa Foerster y había condenado a nueve ex carabineros por el asesinato de 19 trabajadores, detenidos de manera ilegal entre el 13 y 17 de septiembre de 1973.

Con esta resolución Jarpa es condenado a la pena 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice en los delitos de homicidio calificado de las víctimas: Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez, que eran los siete trabajadores de la CMPC.

El condenado, Pedro Jarpa Foerster, era trabajador encargado de la vigilancia en la planta de Laja de la CMP en septiembre de 1973.

En tanto, la corte confirmó la absolución de Alejandro Lionel Aguilera Covarrubias, que estaba procesado en calidad de cómplice; y confirmó la absolución del exfuncionario policial René Luis Alberto Urrutia Elgueta, por no acreditarse su participación en el delito de inhumación ilegal, cometido a finales de octubre de 1973, en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel.

El condenado, Pedro Jarpa Foerster, era trabajador encargado de la vigilancia en la planta de Laja de la CMP en septiembre de 1973. Entre los días 13 y 14 de septiembre, los siete trabajadores de la CMPC fueron detenidos por carabineros en la puerta de acceso de su lugar de trabajo, la Planta Papelera CMPC Laja, lugar en que Jarpa Foerster mantenía una lista con cada uno de los nombres, y se dedicó a indicar a los uniformados quien era cada uno, facilitando su detención ilegal.

Junto con ellos, otros trabajadores de Ferrocarriles del Estado también fueron detenidos. Los 19 obreros fueron llevados a calabozos de la comisaría del lugar, hasta la noche del 17 de septiembre, cuando fueron sacados del recinto y subidos a un vehículo perteneciente a la empresa CMPC. Se les indicó que serían trasladados al regimiento de la ciudad de Los Ángeles, sin embargo, en el trayecto, el vehículo ingresó al fundo San Juan, en Yumbel, zona en donde los detenidos fueron ejecutados.

“Acto seguido, los mismos funcionarios policiales, utilizando palas que llevaban al efecto, cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con una capa de tierra. Finalizado este operativo, retornaron a la Tenencia de Laja, guardando silencio respecto de lo ocurrido. Días después, funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal”, consignó el comunicado de la corte.

"En específico, en Laja, tiempo antes del golpe, una patrulla militar estuvo alojada dentro de la empresa por bastante tiempo y presumiblemente haciendo la lista de las personas que posteriormente serían detenidas", cuenta Rebolledo.

Esta condena es una de las pocas realizadas contra civiles por casos de delitos de derechos humanos en Chile y abre el debate sobre la condena a lo que en esta área del derecho se llama “terceros actores”, que son civiles, empresarios y empresas que participaron activamente en la detención ilegal, secuestro, tortura y asesinato de víctimas de las dictaduras latinoamericanas, incluyendo la chilena.

Para el periodista Javier Rebolledo, quien investigó este caso en su libro de 2015 A la Sombra de Los Cuervos, es claro que los altos ejecutivos de la CMPC tenían conocimiento del desarrollo de estas detenciones y delitos en sus empresas.

“Esta es una empresa que durante la Unidad Popular se intentó pasar al sector social y se armó una verdadera batalla para evitar eso, con una campaña llamada ‘La Papelera No’. En específico, en Laja, tiempo antes del golpe, una patrulla militar estuvo alojada dentro de la empresa por bastante tiempo y presumiblemente haciendo la lista de las personas que posteriormente serían detenidas. Hay un testimonio de un carabinero que señala que incluso la gente del Ejército le dio nombres para que detuvieran. Y ahí hay gente que fue detenida, otras que sobrevivieron, que fueron torturadas, y también estos 19 trabajadores, que fueron llevados a este predio explotado por La Papelera, y fueron ejecutados. También el vehículo con que fueron trasladados era de La Papelera y probablemente la cal con que se cubrió los cuerpos también era de la empresa. También le entregaron la bencina y alcohol que consumieron los carabineros antes de llevar a cabo el crimen”, explica Rebolledo.

El periodista agrega que incluso, un mes después, cuando trabajadores de la CMPC encontraron los cuerpos, uno de los jefes de La Papelera, Roberto Izquierdo Menendez, fue informado del hallazgo de estos cuerpos. Izquierdo fue citado a declarar en esta causa judicial, pero no fue procesado. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio parroquial de Yumbel.

Este caso sería la segunda condena a un civil cómplice de delitos de vulneración a los derechos humanos en dictadura, realizada por la justicia chilena.

“Por línea de mando se entiende que Roberto Izquierdo debió subir esta información y esta información debía subir a la gerencia y al directorio de la empresa, ¿y quienes estaban ahí? Entre otros, la familia Matte. Entonces, la CMPC no puede eludir la responsabilidad de haber conocido estos hechos”, consigna Rebolledo.

Este caso sería la segunda condena a un civil cómplice de delitos de vulneración a los derechos humanos en dictadura, realizada por la justicia chilena. El primer caso de este tipo fue ratificado por la Corte Suprema en 2017, cuando se confirmó la sentencia que condenó al empresario Francisco Luzoro Montenegro a la pena de 20 años de presidio, como autor en el fusilamiento de cinco campesinos de Paine y el intento de homicidio de uno de los campesinos detenidos ilegalmente, quien sobrevivió al fusilamiento fingiendo su muerte y escondiéndose en el sector. Su testimonio fue clave para la condena a Luzoro, conocido empresario y terrateniente de Paine.

“Creo que el hecho de que se haya condenado a un civil, a Pedro Jarpa Foerster, es importante, porque da cuenta que acá no solo actuaron las fuerzas policiales y militares. Y creo que debe alegarse en la Corte Suprema y ojalá ahí suba su condena, como también se condene a quienes estaban más arriba laboralmente que Jarpa. Creo que es un paso, es importante, pero la condena es baja en atención a la gravedad de los hechos, porque sin el apoyo de La Papelera estos hechos no hubieran podido haberse llevado a cabo”, afirma Rebolledo.

El investigador da cuenta que hasta el día de hoy la CMPC ni la familia accionista mayoritaria, los Matte, se han pronunciado por este caso ni sobre la colaboración de la empresa en los delitos.

“La familia Matte debiera haberse pronunciado respecto al fallo y al caso en general, hace mucho tiempo. Son múltiples las manifestaciones que se han producido afuera de la empresa".

“La familia Matte debiera haberse pronunciado respecto al fallo y al caso en general, hace mucho tiempo. Son múltiples las manifestaciones que se han producido afuera de la empresa y todo el mundo en Laja sabe el rol que tuvo la empresa respecto a lo ocurrido, más allá que haya estado o no un Matte en la presidencia del directorio, porque estaban en el directorio”, opina Rebolledo.

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Comentarios

Comentarios

La dictadura fue cívico- militar, o civil-militar. Lo que es seguro, los milicos no actuaron solos.

La CMPC de Laja, nunca a querido reconocer que un un grupo de carabineros estaba dentro de la papelera con fusil en mano y amenazas ordenaban la fila de los trabajadores que a esa hora terminábamos nuestro turno, reafirmar que yo fui detenido dentro de la fábrica por carabineros que no permio que ingresar a la fila donde habían unos 300 - 400 trabajadores regresando a sus hogares.

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