En una de sus columnas para la revista británica Tribune, el escritor George Orwell acuñó la célebre frase que dice que la historia la escriben los vencedores. La derecha chilena se siente victoriosa por el triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre y, además de redactar la historia del primer tiempo del proceso constituyente, espera escribir su segundo capítulo. 

En la historia que escribe Chile Vamos, la derecha es dueña del 62% que votó rechazo. El relato dice además que esa contundente mayoría no solo derrotó una propuesta constitucional, sino además habría rechazado los mecanismos de participación democrática que inspiraron el “primer tiempo” de este relato. 

Con el pretexto de aprender de los errores, comienza a instalarse la tentación autoritaria de nombrar una comisión de expertos cada vez con mayores atribuciones. Al principio de las conversaciones este grupo de ilustrados “acompañaría” la deliberación de un órgano elegido. Con el correr de los días la función se amplió a “delinear los bordes”, y así siguió escalando hasta el punto de proponer que redacte “un bosquejo”, incluso un “anteproyecto”. 

Chile Vamos dice honrar la palabra empeñada durante la campaña, pero la idea de encomendar un bosquejo a los expertos es una mala copia de la comisión Ortúzar.

Chile Vamos dice honrar la palabra empeñada durante la campaña, pero la idea de encomendar un bosquejo a los expertos es una mala copia de la comisión Ortúzar que, por encargo de la Junta Militar de la dictadura de Pinochet, redactó el anteproyecto de la Constitución del 80. El nombre de esta comisión de ocho varones ilustrados se debe a su presidente, Enrique Ortúzar, a pesar de que el mentor de facto fue otro de sus integrantes, el abogado Jaime Guzmán. Su misión era la misma que pretende la derecha de hoy con la comisión de expertos, redactar un anteproyecto o bosquejo que luego fue revisado por el Consejo de Estado. Cuarenta y dos años después no será un Consejo de Estado sino un órgano elegido al que está prohibido llamar “Convención” y mucho menos “Asamblea”.  

El primer párrafo de la historia escrita por la derecha indica que la amplia mayoría que se expresó el 4 de septiembre representa el sentido común de los chilenos, un concepto repetido majaderamente durante la campaña, para referirse a esa virtud de un pueblo inteligente que sabría elegir correctamente. La narrativa sobre esta sabiduría popular también  recomienda atender a las encuestas, donde el manido sentido común de los chilenos se inclina por los expertos.  

Pero la experticia y el sentido común no siempre van de la mano; de hecho, el más importante científico del siglo XX, Albert Einstein, aseguraba que “el sentido común no es más que un conjunto de prejuicios depositados en nuestra mente antes de llegar a los 18 años”. Es decir, la majadera frase de los partidarios del rechazo significaría que la victoria no la obtuvo la sabiduría popular, sino al contrario, se habrían impuesto los prejuicios de los electores, groseramente manipulados por millonarias campañas de desinformación. 

Las encuestas indican ahora que el juicio popular se inclina por un grupo de expertos para redactar la “buena nueva Constitución”. Y una forma paternalista de volver a infantilizar a la opinión pública, como lo hicieron durante la campaña, es utilizar su adhesión al conocimiento para suplantar la soberanía popular. Pretender que esta segunda etapa del proceso constituyente sea dominada por la tecnocracia no es atender al sentido común sino a una lógica autoritaria. 

La derecha olvida que la preferencia por los sabios para integrar órganos de representación popular es una tendencia que viene aumentando en la opinión pública de manera directamente proporcional al desprecio por los políticos tradicionales.

La derecha olvida que la preferencia por los sabios para integrar órganos de representación popular es una tendencia que viene aumentando en la opinión pública de manera directamente proporcional al desprecio por los políticos tradicionales. Un rasgo muy parecido al creciente aprecio por los independientes, que llevó a la clase política a permitir listas autónomas de los partidos en la elección de convencionales, con grandes aplausos pero muy malas consecuencias para el funcionamiento de la Convención.  

Los expertos de ahora son los independientes de antes, depositarios de la verdadero sentir popular, aunque en el caso de la Convención tanto los independientes como los expertos sí fueron elegidos por voto popular. 

Es bueno recordar que en vísperas de la elección de convencionales, en noviembre de 2020, una encuesta de Espacio Público e Ipsos mostró que un 77 por ciento de las personas consideraba que lo más importante para elegir a los convencionales sería el nivel educacional de los candidatos. Y justamente es lo que llevó a la ciudadanía a escoger 59 abogados -más de un tercio de la Convención-, entre ellos seis doctores en Derecho Constitucional: Jaime Bassa, Amaya Alvez, Christián Viera, Agustín Squella, Rodrigo Álvarez y Fernando Atria. 

Fue la ciudadanía la que impuso la participación de expertos en la pasada Convención, pero democráticamente elegidos, con credenciales académicas legitimadas por los votos y no por el dedo de los parlamentarios.  

Pretender ahora que los expertos reemplacen o dirijan a los representantes en materias constitucionales muestra una peligrosa regresión autoritaria. Y así lo advierte el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe “mecanismos de cambio constitucional en el mundo”, donde analizó los 239 procesos constituyentes que han tenidos lugar desde la segunda mitad del siglo XX. Entre sus conclusiones, indica que “a medida que se consolidan los regímenes efectivamente democráticos, aumenta la probabilidad que el cambio constitucional se produzca a través de una asamblea constituyente. En cambio, a medida que la democracia se restringe, aumenta la probabilidad que el proceso constituyente sea a través de una comisión de expertos”.

La historia que escriben los victoriosos del 4 de septiembre dice que la ciudadanía habría rechazado el texto de la Convención Constitucional porque desafiaba el sentido común, con las pretensiones supuestamente  refundacionales y maximalistas, impuestas por grupos identitarios y particularistas. No vaya a suceder algo parecido, con otro grupo identitario, el de los genios, cuyo brillante texto resulte tan ilegítimo como el de los ilustrados miembros de la Comisión Ortúzar.    

No hay que olvidar que en su formulación original la Aristocracia es el concepto de Aristóteles para referirse al “gobierno de una elite” destacada por su “intelecto y sabiduría”. No es raro entonces que con total desprecio del pueblo, las elites criollas aboguen por una nueva Comisión que represente debidamente sus intereses y asegure que Chile tenga una Constitución más ilustrada que legítima, una carta magna para la aristocracia.