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Miércoles, 28 de octubre de 2020
¿Estrategia de marketing político?

La ‘Operación Rescate’ que no fue: Bienes Nacionales anunció recuperación de inmuebles que nunca dejaron de ser del Fisco

Joaquín Riffo Burdiles

A fines de 2018 el ministro Felipe Ward dijo que había recuperado $140 mil millones en propiedades fiscales ocupadas de manera ilegal. Pero la mayoría de los ocupantes son organismos del Estado, quienes hasta la fecha se mantienen en los inmuebles.

El 26 de diciembre de 2018 el diario La Tercera tituló en su portada que “Bienes Nacionales ha recuperado propiedades por $140 mil millones”, haciéndose eco de la llamada “Operación Rescate” que el ministro Felipe Ward inició bajo un gran despliegue mediático en agosto de ese año.

Esta iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales busca regularizar un gran número de inmuebles en todo el país y que, hasta la fecha de esa publicación, habría logrado devolver al fisco 1,5 millones de metros cuadrados. En el artículo se indica que el plan de la cartera -que comenzó a mediados del año pasado- contempla identificar los inmuebles, actualizar la inscripción en los registros y posteriormente destinarlos a los fines que decida el ministerio, como por ejemplo entregarlos a organizaciones sociales o a personas naturales que realicen diversas actividades. El ministerio también tendría la facultad de venderlos para generar recursos.

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El artículo de Bienes Nacionales en la portada de La Tercera el 26 de diciembre de 2018.
El artículo de Bienes Nacionales en la portada de La Tercera el 26 de diciembre de 2018.

Según el balance oficial del ministerio al 30 de noviembre de 2018, al que accedió INTERFERENCIA, del total de 483 propiedades fiscales de la Región Metropolitana que el Ministerio de Bienes Nacionales dice haber recuperado para el fisco, el 100 por ciento fue detectado en condición de ocupación irregular o ilegal antes del gobierno actual, y de estas propiedades, su totalidad sigue a manos de los antiguos ocupantes irregulares o ilegales.

Lo que el Ministerio de Bienes Nacionales habría hecho sería sólo dictar un acto jurídico de administración, a través del cual los ocupantes irregulares o ilegales pasaron a tener la calidad de ocupantes regulares. De estos actos de administración, la gran mayoría (86%) tiene un carácter precario: tienen una muy corta vigencia temporal, lo que habría permitido una rápida tramitación en el ministerio y así “inflar” los números que respaldan el éxito de la “Operación Rescate”, sin dar una solución definitiva al problema.

Algo similar ocurrió con la regularización de las propiedades fiscales en manos de instituciones públicas, las que fueron tramitadas todas el mismo día (el 19 de noviembre de 2018), con permisos provisorios de ocupación a través de cuatro resoluciones. A la hora de contabilizar, en vez de señalar que con cuatro actos de administración se transformó en regulares a más de 250 ocupaciones irregulares de inmuebles, el ministerio contabilizó cada uno de los casos por separado, con el fin de abultar la cifra de inmuebles recuperados.

Finalmente, lo más curioso resulta al constatar que del total de las 483 propiedades fiscales de la Región Metropolitana consideradas dentro de la recuperación, un 85% (es decir, 413 de ellas) estaban y están siendo ocupadas por organismos del Estado, entre las que se cuentan instituciones de la Defensa Nacional, de Orden y Seguridad, y municipalidades. En otras palabras, el fisco estaría “recuperando” inmuebles que estaban -y continúan- ocupados por propias entidades del fisco.

Un proyecto ambicioso

El 8 de agosto de 2018 el ministerio anunció en grande este plan, utilizando el hashtag #BuenasNoticias" en el afiche con el que se dio a conocer el procedimiento. “Operación Rescate -Programa de Recuperación de Inmuebles: ‘Tolerancia cero con las ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales’”, titulaba el sitio web de la cartera encabezada por el militante y ex diputado de la UDI, Felipe Ward.

Según ese comunicado oficial, a nivel nacional, los inmuebles en situación de ocupación ilegal o irregular representan 33.404 hectáreas, lo cual, según estimaciones preliminares realizadas la cartera, tienen un avalúo fiscal de unos US$1.500 millones.

“Estos números son inaceptables”, comentó el ministro Ward en la ocasión. “Lamentablemente esto ocurre hace demasiado tiempo, y no estoy dispuesto a que estas propiedades, que pertenecen a todos los chilenos, sigan siendo mal utilizadas”.

El anuncio del ministerio hacía pensar que las ‘ocupaciones ilegales’ se referían a un sinnúmero de actores, como okupas anarquistas o tomas de terreno de familias necesitadas, que están usando terrenos fiscales. Pero no es para nada el caso.

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La publicación original del sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales, el 8 de agosto de 2018.
La publicación original del sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales, el 8 de agosto de 2018.

Al contrario, en el particular de la Región Metropolitana la mayoría de los inmuebles recuperados en la llamada Operación Rescate han estado en manos de reparticiones del Estado. En el caso de las 413 propiedades que estaban y están ocupadas en esta región, 186 corresponden a la Fuerza Aérea de Chile, 148 a municipalidades, 39 al Ejército de Chile, 33 a Carabineros de Chile, cuatro a la Dirección General de Movilización Nacional, dos a la Defensoría Penal Pública y uno al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, según los datos que ha procesado nuestro medio.

Por su parte, 70 estaban ocupados por entidades de la sociedad civil y personas naturales. En este grupo se incluyen ocho casos de la Iglesia Católica y el Arzobispado de Santiago.

Normalización, no recuperación

Del total de las 483 propiedades fiscales de la Región Metropolitana que Bienes Nacionales dice haber recuperado, 476 eran “ocupaciones irregulares”. Es decir, se trata de personas naturales o jurídicas que ocuparon el inmueble fiscal por resolución de la Secretaría de Estado, pero que una vez concluida su vigencia no la renovaron.

De las siete restantes que constituyen ocupaciones ilegales, es decir, personas naturales o jurídicas que ocupaban el inmueble fiscal sin contar con una resolución de la Secretaría de Estado, seis corresponden a la Municipalidad de Recoleta y un caso a la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile (AMIL).

Consultado por INTERFERENCIA, el ex ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, indicó que en el caso de la Operación Rescate el término correspondiente sería el de normalización en vez de recuperación, “porque en los casos de ocupación irregular la propiedad o dominio de estos inmuebles continúa en manos del Fisco: no se puede recuperar lo que no se ha perdido”. Además, el ex jefe de esa cartera asegura que “en no pocos de estos casos estamos hablando de situaciones en que los ocupantes irregulares son entidades del Estado. En segundo lugar, la resolución de esas ocupaciones es un acto de administración, un acto jurídico, que otorga regularidad jurídica a los ocupantes. No estamos hablando de inmuebles usurpados al Estado, en que el fisco desaloja físicamente a los ocupantes y redestina el uso del inmueble”.

Ante la consulta de INTERFERENCIA ayer domingo respecto al contenido de esta publicación, desde el equipo de comunicaciones del ministerio de Bienes Nacionales indicaron que no es posible responder por el poco tiempo anticipado con el que fueron notificados.

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