El 31 de marzo del año pasado, INTERFERENCIA informaba de esta arista en la que acusaban de encubrimiento y complicidad a Ricardo Ezzati, dado su rol obstructor en la investigación de las denuncias contra los salesianos Rimsky Rojas y Diego Muñoz. Casi un año después Ezzatti y Francisco Javier Errázuriz participan de te deums oficiales.

Por años ha sido el centro de operaciones y toma de decisiones del episcopado chileno, pero la crisis de los abusos en la iglesia y la pandemia del COVID-19 han convertido esta casa en una carga para el Arzobispado de Santiago. Varios católicos nostálgicos temen que este histórico sitio sea presa de la especulación inmobiliaria.

Las víctimas acusan que la congregación como tal ejecutó acciones para encubrir a los curas acusados, entre las que se encuentra el traslado de los religiosos a otras ciudades. Se acusa a Ricardo Ezzati por su rol obstructor en la investigación de las denuncias contra Rimsky Rojas y Diego Muñoz.

A fines de 2018 el ministro Felipe Ward dijo que había recuperado $140 mil millones en propiedades fiscales ocupadas de manera ilegal. Pero la mayoría de los ocupantes son organismos del Estado, quienes hasta la fecha se mantienen en los inmuebles.

Por primera vez la Iglesia católica es condenada por el Estado chileno en un caso de esta relevancia. 300 millones de pesos tendrá que pagar a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo -tres de las víctimas de abusos sexuales por parte del sacerdote Fernando Karadima- cuyas denuncias cayeron por años en los oídos sordos de la cúpula clerical.

Tras la publicación del reportaje Estado duplica la subvención a colegios del Arzobispado de Santiago, se produjo un intercambio de cartas entre esa institución y este medio. Aquí la solicitud de rectificación enviada por el organismo y la respuesta de INTERFERENCIA.

Entre 2015 y 2018 la subvención recibida por los 11 colegios dependientes del Arzobispado, a cargo del cuestionado Ricardo Ezzati, pasó de $6.400 millones al año a $11.600 millones anuales.