Luego de años prófuga de la justicia chilena, Adriana Rivas tendrá que enfrentar la orden de extradición que pesa sobre ella desde 2019. La ex agente de la DINA será finalmente extraditada desde Australia a Chile, luego de que el Tribunal Federal australiano rechazara el último intento de su defensa para evitar enfrentar la justicia. La decisión, adoptada por el juez Michael Lee, pone fin a una disputa legal que se extendió por más de siete años.

Rivas, quien supera los 70 años, fue detenida en 2019 en Sídney, donde llevaba una vida discreta trabajando como niñera y limpiadora. Sobre ella pesan siete cargos por secuestro agravado cometidos en 1976, incluyendo el caso de una mujer embarazada de cinco meses que permanece desaparecida. La justicia chilena la vincula a crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Conocida como “la Chani”, Rivas fue parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, donde inicialmente se desempeñó como secretaria personal de Manuel Contreras. Sin embargo, investigaciones judiciales y testimonios la sitúan como integrante activa de la Brigada Lautaro, unidad clave en la persecución de dirigentes del Partido Comunista de Chile.

Esta brigada operó desde el cuartel Simón Bolívar, en La Reina, un recinto utilizado como centro clandestino de detención y tortura bajo el mando del capitán Juan Morales Salgado. Según el requerimiento judicial, Rivas habría cumplido funciones de guardia y tareas operativas vinculadas al encierro de detenidos.

Entre los casos que se le imputan figuran los episodios Conferencia 1 y 2, además del secuestro y desaparición de Reinalda Pereira Plaza, en el marco de la ofensiva contra la cúpula clandestina comunista en 1976.

Durante el proceso en Australia, su defensa argumentó la prescripción de los delitos, tesis que fue descartada por el juez Lee, quien calificó estos planteamientos como “erróneos” y confirmó la validez de la solicitud chilena, reforzando el principio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

La extradición de Rivas ocurre en paralelo a la polémica por la reciente detención fallida de Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán. El presidente José Antonio Kast se refirió a esto, asegurando que “tarde o temprano” deberá rendir cuentas ante la justicia. Desde Buenos Aires, el mandatario respaldó un operativo que incluyó una recompensa para dar con su paradero.

Sin embargo, el despliegue en ese caso contrasta con la situación de más de una decena de prófugos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, vinculados a crímenes como los asesinatos de Víctor Jara y Rodrigo Rojas de Negri, casos al que ahora se suma el de Adriana Rivas.