Los Chicago boys, que habían sido un minúsculo grupo sin mayor influencia sobre los empresarios y con poca relevancia política en los años sesenta, no desaprovecharon la oportunidad que tuvieron en 1975. Un año y medio después del golpe militar de 1973, una severa crisis externa se cernía sobre la economía chilena. La inflación de 1974, de un 375,9 por ciento, era una luz roja alertando sobre la inminencia de una crisis mayor. Mientras tanto, el alza de los precios internacionales del petróleo, combinada con una caída del precio del cobre, complicaba las cuentas externas.
La situación estimulaba las discrepancias entre los discípulos de Milton Friedman y Arnold Harberger con los partidarios de modificaciones más graduales cuya figura más visible era el ministro de Coordinación Económica, Raúl Sáez. Cada sector procuraba ganarse por su lado la voluntad de los militares hacia sus respectivas tesis. Un clima de anarquía envolvía al equipo económico del general Augusto Pinochet.
A Roberto Kelly, el ministro de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) en 1975, sus asesores le advirtieron entonces que "están al rojo todos los indicadores". Los diagnósticos de los técnicos de Odeplan eran críticos:
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- La situación es de una gravedad inminente; no hay tiempo que perder; se prevé para 1975 en curso una inflación cercana a la de 1973 (que fue de 508,1 por ciento según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE); la inversión pública se ha desbordado en 1974; empezando el año, el Banco Central tiene ya emitido todo lo que razonablemente se esperaba que librara en los doce meses de 1975. O alguien manda en la política económica y sanea a fondo la situación, o esto se va ·a la ruina, decía un informe.
La percepción de inminente colapso entre los funcionarios de la dictadura no era motivada por la situación política, de hecho férreamente controlada por el gran despliegue militar, sino por los problemas económicos.
Los sectores sociales estaban debilitados y, con la excepción de algunos empresarios, no tenían posibilidades reales de influir en los diseños estratégicos del régimen.
Los grandes empresarios dieron entre 1973 y 1975 los primeros pasos para la reconstitución de su poder como sector social. Comenzaron a recuperar la propiedad de las industrias productivas y de servicios que estaban en manos del Estado. Asumieron tareas en el gobierno a través de sus dirigentes.
Cuando los militares tomaron el poder, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) tenía el control de 507empresas, la banca estaba nacionalizada en su totalidad y había 4.490 predios expropiados, que comprendían 6,5 millones de hectáreas. Estas tierras equivalían al 74 por ciento de la superficie disponible para la agricultura entre la Quinta y Décima regiones.
Las primeras medidas económicas del régimen concitaron el apoyo generalizado de los empresarios. Estos todavía no tenían necesidad de plantear críticamente sus reivindicaciones, como más tarde lo hicieron. Por lo demás, se encontraban debilitados para hacerlo, debido al costo sufrido durante el gobierno anterior, y a la enorme capacidad disuasiva del poder militar. Mayoritariamente veían en el gobierno militar a un representante de sus intereses sociales.
Aunque la Unidad Popular aspiró a un área de propiedad social y mixta integrada por 90 empresas industriales, la lucha política sobrepasó con creces ese objetivo. Durante el gobierno de Salvador Allende, los empresarios virtualmente perdieron el control de la mayoría de los medios de producción significativos. Entre 1970 y 1973, los trabajadores, valiéndose del clima de confrontación imperante, ocuparon industrias y fundos en la lucha por el poder político antes que por cumplimiento del programa de gobierno. La reacción de amplios sectores de asalariados, por ejemplo, frente al paro empresarial de octubre de 1972 y a la fracasada asonada golpista de la ultraderecha y sectores del Ejército en junio de 1973, fue ocupar centenares de industrias. La mayoría de los sindicatos, cordones industriales y comandos comunales, controlados por los partidos de la izquierda, visualizaron en los medios de producción a centros de poder, desde los cuales defender sus intereses. Pocos vieron en los centros fabriles a meras unidades productivas.
Las capas medias aplaudieron o asistieron impotentes al golpe militar de 1973. Tendrían que soportar todavía el rigor de dos recesiones durante el gobierno de Pinochet antes de articular una crítica económica y política al modelo de los Chicago boys, en defensa de sus intereses sectoriales.
Los trabajadores, entonces debilitados numérica y anímicamente, también reaccionaron con tardanza frente al acoso del régimen ya la sucesión de medidas que destruyeron su capacidad negociadora con los empresarios. Sólo en 1978 comenzaron las primeras movilizaciones de trabajadores contra el régimen que tuvieron un cierto eco nacional, en forma coincidente con la intensificación de la presión del sindicalismo internacional.
“En la minería, banca y agricultura las metas de la Unidad Popular estaban casi cumplidas en 1971. Después del paro patronal de octubre de 1972, el gobierno de Allende quedó con el control de 65 nuevas empresas. Algo análogo ocurrió luego del fallido alzamiento militar del 29 de junio de 1973, cuando los trabajadores ocuparon cientos de empresas en todo Chile, de las cuales 100 siguieron bajo el control obrero”, señaló Sergio Bitar en 1979.
La sangrienta represión de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), había empujado a los militantes de la izquierda a un trabajo de mera reorganización clandestina de sus partidos. La presión y ei aislamiento externo del régimen -si bien intensos- no redujeron significativamente la capacidad de maniobra interna del gobierno. La amenaza de boicot internacional al comercio exterior no se había concretado, en alguna medida por la oposición de aquel movimiento sindical chileno que podía actuar en la legalidad vigente. Los dirigentes de este movimiento habían sido opositores en el gobierno anterior y estaban liderados por el ex demócrata cristiano Eduardo Ríos.
Las dictaduras de Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y el gobierno de María Estela Martínez de Perón en Argentina disminuían en 1975 la soledad de la Junta Militar dentro de Latinoamérica. Fuera de la región, el gobierno sólo tenía al régimen racista de Sudáfrica, a Israel y Corea del Sur entre sus aliados más seguros. La escena social y política chilena estaba marcada entonces por una hegemonía militar incontrarrestable. Era un cuadro propicio para que los Chicago boys, con aspiraciones mesiánicas y un proyecto de largo plazo destinado a cambiar radicalmente las estructuras del país, tomaran posiciones dentro del gobierno.
La victoria de los Chicago boys
Los neoliberales advirtieron en la intervención militar, con más visión que sus ocasionales aliados del centro político, la posibilidad de transformar los cimientos de la sociedad chilena. Aspiraban a concretar un proyecto fundacional destinado a conseguir estabilidad y garantías de permanencia del sistema capitalista, sustentado fuertemente en el sector financiero y en una nueva inserción en la economía internacional. El período de maduración de este proyecto requería de un gobierno prolongado, que controlara los atisbos de malestar social.
En cambio, para erigir nuevamente el antiguo modelo industrial, en teoría, habría bastado una economía en orden. El modelo capitalista tradicional resolvía sus conflictos sociales y políticos en el marco de un sistema democrático e impulsaba al sector industrial con una elevada protección frente a la competencia externa. La ventaja de retornar -a mediados de la década de los setenta- a una economía relativamente cerrada al exterior habría sido la anulación de los costos sociales que traían consigo las reformas de los Chicago boys. De hecho, en las discusiones que hubo en esos años entre los asesores económicos de la Junta Militar, los menos ortodoxos expusieron en reiteradas ocasiones el argumento de que el costo social haría insostenible las modificaciones impulsadas por estos economistas.
Aunque la preocupación por los efectos sociales resulta ahora un tanto extemporánea -a la luz de los controvertidos resultados del modelo neoliberal- la duda permeó entonces hasta los sectores castrenses.
Sin embargo, el modelo que había posibilitado el lento desarrollo de la economía chilena en las décadas anteriores parecía agotado a comienzos de los años setenta. Los consensos sociales que permitieron un incipiente capitalismo industrial se habían roto. El saldo no era muy alentador, con un reducido mercado interno, bajas tasas de crecimiento, un Estado omnipotente y una fuerte concentración urbana que ahogaba las iniciativas de desarrollo equilibrado del país. Las causas primordial es que antecedieron al fundamentalismo económico de los Chicago boys fueron la intensidad de la lucha política y la polarización ideológica durante la Unidad Popular.
Una de las lecciones más relevantes que aprendieron los empresarios -y en particular los grupos económicos-, durante los años de régimen militar, ha sido la de abjurar de los principios del modelo industrializador, determinante en Chile durante décadas. Ese modelo se caracterizaba por sacrificar obligadamente parte de su crecimiento ante la exigencia social de una mejor distribución de los beneficios. Se pretendía con ello atenuar los conflictos sociales y dar estabilidad política. Esta forma de desarrollo entró en total contraposición con la economía· de acumulación excluyente y concentradora puesta en vigor por los Chicago boys.
La reticencia de los grandes empresarios para buscar amplios acuerdos sociales con los sindicatos se origina no sólo en la desconfianza hacia el sistema democrático, sino también en el recelo ante el esquema capitalista conocido en Chile hasta 1970. El primer periodo del gobierno militar estuvo económicamente orientado por la lucha contra la inflación, el déficit fiscal y el restablecimiento de los equilibrios básicos. La etapa dejó a la vista a dos escuelas adversarias. Las disputas de los Chicago boys con los partidarios de las reformas graduales tenían como fin dirimir el modelo que predominaría en el futuro, entre dos estilos de capitalismo: uno de ellos probado, pero agotado, y otro supuestamente más moderno.
Aunque la corriente gradualista5 compartió el objetivo de asignar un mayor papel al mercado, abrir la economía a la inversión extranjera y librar la lucha contra la inflación, discrepó del sesgo concentrador de las políticas iniciales del régimen y de la radicalidad de las medidas. Los gradualistas atribuían al Estado un papel más preponderante. Después de todo, el principal portavoz de esta corriente, Raúl Sáez, un ingeniero que se desempeñó como ministro del Presidente Eduardo Freí, fue uno de los constructores de la Corfo y promotor de la industrialización chilena a través de las empresas públicas. Pero Sáez, pese a haber sido uno de los siete "sabios" de la Alianza para el Progreso, no tenía un equipo de trabajo de su confianza y una promoción de economistas detrás suyo, como los Chicago boys. Entre quienes lo asesoraron en algún momento estuvieron los economistas Jorge Cauas y Carlos Massad, ex funcionarios de organismos internacionales.
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La Democracia Cristiana que inicialmente apoyó al gobierno militar, se encontraba en ese momento en una rápida transición hacia conductas opositoras. Esto cercenó su capacidad de incidir en las fricciones. Lo decisivo en esta lucha por la hegemonía dentro del régimen era quién lograba influenciar a las fuerzas armadas hacia sus posiciones.
Fue el Ejército, y especialmente Pinochet, quien arbitró la pugna en favor del capitalismo "salvaje y autoritario", como lo han denominado los economistas y cientistas sociales críticos, para diferenciarlo enfáticamente del capitalismo tradicional. A Pinochet lo sedujo la simplicidad del funcionamiento del modelo que se le propuso, la determinación y claridad expositiva de los Chicago boys y la coincidencia "de su aspiración personal a una prolongada permanencia en el poder con la necesidad de un período extenso que requería el experimento neoliberal para implantarse en Chile. También lo atrajo la convicción de que para evitar un retorno de “la amenaza marxista" era necesario transformar radicalmente a la sociedad. Pero, fundamentalmente, lo cautivó la solución a la crisis externa, de falta de divisas, y a la inflación que en ese momento ofrecieron los economistas ortodoxos.
Sin el apoyo de Pinochet, difícilmente las reformas se habrían consolidado, tomando en cuenta las resistencias que éstas provocaron. La oposición al modelo fue notoria en la Fuerza Aérea, en particular en el general Gustavo Leigh, y también en los sectores empresariales afectados. Desde 1975 en adelante el modelo de los Chicago boys pasó a ser el complemento del autoritarismo, en una nítida simbiosis. El predominio de Pinochet en los uniformados, incuestionable durante muchos años, no sólo se explica por la tradición prusiana, la verticalidad del mando y el mayor peso específico del Ejército, sino también por su prestigio dentro de los altos mandos por haber sido el impulsor de los cambios económicos. Ningún juicio futuro sobre Pinochet podrá eludir que condujo a militares nacionalistas hacia políticas ultraliberales.
-Este es un viaje sin retomo del modelo económico-.declaró Pinochet años después6
En otra entrevista, Pinochet agradeció "al destino la oportunidad que me dio de entender con mayor claridad a la economía libre o libera".
El general Pinochet se emocionó hasta las lágrimas en octubre de 1989 cuando el Chicago boy Joaquín Lavín, candidato a diputado por la derecha, le manifestó que sin su impulso las transformaciones económicas no se hubieran realizado. "El verdadero autor de la revolución silenciosa, el verdadero autor de la sociedad emergente, el verdadero autor, Presidente, es usted", dijo Lavín a Pinochet.
La controversia dentro de la dictadura y sus partidarios sobre el modelo económico y sus efectos nunca se apagó por completo. Sus brasas resurgieron después, en la crisis de 1983 y, nuevamente, en el momento final del-régimen, en 1989, con otros protagonistas. El debate que hubo entre el proyecto neoliberal de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el más heterodoxo de Renovación Nacional, para lograr consenso en la derecha en torno al candidato presidencial Hernán Büchi, fue otro capítulo más de esta pugna.
La inconsistencia manifiesta que hubo entre algunas de las promesas electorales del programa de gobierno de Büchi con las políticas que el candidato aplicó siendo ministro fue un precio que asumieron los Chicago boys. Esto, en aras del acuerdo entre los mayores partidos de la derecha en torno a la elección presidencial. Como candidato, Büchi prometió lo que nunca hizo como funcionario del régimen: mejores salarios; reequipamiento y modernización de hospitales; aumento de pensiones bajas; incorporación de una gama amplia de cláusulas de reajuste en los nuevos créditos hipotecarios, de modo que la Unidad de Fomento (UF) no fuera el único mecanismo de cobro de los dividendos habitacionales; y un papel activo del Estado en la educación.
"Tratamiento de shock''
La paternidad del Programa de Recuperación Económica, más conocido como el "tratamiento de shock" desde que fue anunciado por cadena nacional de radio y televisión, el 24 de abril de 1975-corresponde al ministro de Hacienda Jorge Cauas. Él fue un demócrata cristiano que alcanzó la vicepresidencia del Banco Central durante el gobierno de Frei y ex funcionario del Banco Mundial. Después de su paso por el gabinete de Pinochet, Cauas fue presidente del Banco de Santiago, en representación del grupo económico de Manuel Cruzat y Femando Larraín. El drástico plan que aplicó en 1975 provocó la salida de su cargo del más prominente gradualista dentro del régimen, el ministro de Coordinación Económica Raúl Sáez, y la renuncia al gobierno de los demócratas cristianos que ocupaban cargos económicos. Sáez se opuso al plan y, además, no fue consultado por Cauas para diseñarlo.
El objetivo de Cauas, que contó con el vehemente apoyo de Sergio de Castro, iba más allá de un mero ajuste traumático de la economía a las restricciones externas. El propio Milton Friedman recomendó aplicar políticas enérgicas en esa época:
-No creo que para Chile una política de gradualismo tenga sentido. Temo que el paciente pueda llegar a morirse antes que el tratamiento surta efecto (...) Creo que Chile puede ganar mucho si examina los ejemplos relacionados con el tratamiento de shock para el problema de la inflación y la desorganización.
-El plan de Cauas adaptó la economía a las nuevas condiciones generadas por la recesión internacional. Cada medida que tomó fue, además, contribuyendo a sentar las premisas para el nuevo capitalismo. De paso, señaló también el momento histórico en que Pinochet se entregó con convicción a las ideas neoliberales para sortear la crisis.
El Programa de Recuperación Económica consistió en una recesión dirigida desde el gobierno. La reducción del déficit del sector público fue dramática. Los gastos totales del fisco y de las empresas estatales cayeron hasta el 27 por ciento en 1975 y la in versión pública disminuyó a la mitad. Los despidos de personal fueron masivos. Entre 1973 y 1978, uno de cada cuatro trabajadores del sector público se quedó sin empleo.
Para financiar en parte el gasto, los Chicago boys aumentaron en diez por ciento el impuesto a la renta, impusieron sobretasas arancelarias a la importación de artículos de consumo suntuario, eliminaron las exencione al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y alzaron las tarifas de los servicios públicos.
En forma paralela, aceleraron la privatización de las empresas en manos del Estado, proceso que incluyó el traspaso de la banca en ventajosas condiciones a los grupos económicos. La tasa de interés que los bancos podían cobrar a -sus clientes fue liberada, después que éstos pasaron a manos privadas. La desregulación del sistema financiero pretendió crear un mercado de capitales sin injerencia estatal.
Los Chicago boys incrementaron la velocidad de la apertura al exterior con nuevas rebajas en los aranceles aduaneros, llegando en 1975 a una tasa promedio de 44 por ciento. De la protección excesiva a la actividad nacional imperante en 1973, con una tasa promedio de 94 por ciento, el plan de Cauas se propuso llegar en 1978 a un arancel de entre diez y 35 por ciento. Sin embargo, este objetivo se alcanzó a mediados de 1977, de forma anticipada a lo previsto.
Los efectos del "tratamiento de shock" fueron traumáticos: disminuyó levemente la inflación respecto del año anterior, llegando ésta a 340,7 por ciento; cayó violentamente el Producto Geográfico Bruto (PGB), bajaron los salarios y aumentó el desempleo.
Los sectores más perjudicados fueron los llamados no transables, es decir, los que se venden en el mercado interno -por ejemplo la construcción-, debido a la disminución de la demanda. El desempleo, que en 1973abarcó a cuatro de cada 100 trabajadores, más que se cuadruplicó, llegando a incluir en 1975 a 19 de cada 100 trabajadores. Esto fue una consecuencia de la reducción del tamaño del sector público y de los despidos masivos de personal en numerosas empresas, en especial del rubro industrial y de la construcción.
La profunda depresión inducida por el equipo de los Chicago boys sólo pudo ser posible bajo un régimen dictatorial y en medio de una aguda atomización social y pérdida de influencia por parte de los sindicatos. Así, la primera recesión no provocó las olas de descontento organizado que motivó la posterior crisis de 1982-1983.
Durante la recesión de 1975 los partidos, sindicatos y pobladores no tenían una capacidad colectiva de respuesta. La represión directa explica en parte este hecho: entre 1975 y 1976 la DINA y otros aparatos de seguridad del régimen detuvieron a 299 personas, muchas de las cuales hasta hoy continúan desaparecidas.
Pero además, el régimen influyó de manera casi incontrarrestable en la opinión pública, en un marco de control total de la prensa y de los medios de comunicación. Los Chicago boys atribuyeron los-efectos sociales y económicos de las transformaciones emprendidas a la desorganización económica del gobierno de la Unidad Popular y a las consecuencias de la recesión internacional.
El aumento del desempleo
Ante la magnitud de las tasas de desocupación, el gobierno creó el Programa de Empleo Mínimo (PEM), que comenzó a operar en marzo de 1975, con un ingreso de 86,4 pesos por persona. Es decir, casi la mitad del salario mínimo vigente en esa época. Desde 1975 y hasta 1987 el desempleo triplicó al histórico de Chile, y el período promedio de cesantía de un trabajador subió de tres meses hasta más de un año.
La tesis frecuentemente expuesta por los ortodoxos de que los aumentos de salarios reales o su resistencia a la baja conspiran contra el aumento del empleo, fue impugnada por los opositores. El economista Patricio Meller afirmó:
-Durante todo el período 1974-83 el salario real tuvo un nivel inferior al del año 1970, entonces, ¿cómo puede un salario real menor generar una tasa de desocupación sustancialmente mayor?
Gran parte del problema del desempleo se debió, sin duda, a la profundidad de la recesión y a la caída de la inversión. Ambos factores frenaron el incremento de las fuentes de trabajo. Pero la desocupación persistió elevada aún durante el período del "milagro" económico, entre 1979 y 1981. Fueron los drásticos cambios en la economía chilena, particularmente la apertura a las importaciones, los que provocaron una fuerte declinación de la actividad y, por consiguiente, elevaron la desocupación. El "ejército de cesantes" fue una de las secuelas más dramáticas de las transformaciones estructurales.
Desde otro punto de vista, además de los factores económicos, ocurrió lo que algunos partidarios del régimen militar han llamado el temor a contratar trabajadores por parte de los empresarios:
-Las tomas de empresas, la reforma agraria, la acción sindical de corte revolucionario y la exagerada e ineficiente protección legal al trabajador con empleo, enseñaron al hombre de empresa que es preferible cualquier alternativa antes que la de tomar una persona más. Esta herencia de las pasadas décadas ha explicado y explicará por muchos años más varios puntos de desempleo.
El desempleo fue también· una forma solapada de represión y aplastamiento de los sectores populares. El temor a la pérdida del trabajo llegó a ser durante el régimen militar un poderoso acicate para la inacción, tanto o más evidente que la coacción directa. El trabajo comenzó a ser un privilegio y, como tal, era necesario preservarlo.
La elevada desocupación en la crisis de1975 implicó también un incremento del empleo informal, expresado desde los cuidadores de autos hasta los vendedores callejeros en las principales ciudades del país. Si en 1970 de cada cien trabajadores activos 18 estaban en el sector informal, en 1982 la proporción era 27 de cada 100 personas. Al mismo tiempo, el empleo informal que en los años sesenta aumentó a razón de 0,4 por ciento anual, en la década siguiente su tasa de incremento subió quince veces, llegando a un promedio de seis por ciento anual, de acuerdo con cifras del Programa de Economía del Trabajo (PET).
El testimonio de Raúl, un obrero del PEM, permite entender a cabalidad el daño provocado en cientos de miles de chilenos por la recesión inducida:
-Lo peor del Mínimo no era la paga, que aunque poca, algo servía para sacar de una necesidad. Lo peor era la humillación. La humillación total como obrero. Si una vez estuve limpiando alcantarillas con la mierda hasta el cuello por 770 pesos mensuales. Como obrero de la construcción jamás habría andado en esto (...) La otra cosa es que en el Mínimo no se podía abrir mucho la boca tampoco. Si uno llegaba a reclamar sus derechos como trabajador, hasta luego no más y ahí no más quedamos.
Diez meses después de la creación del PEM, 126 mil personas se desempeñaban en este programa. La cifra era menos de un tercio de los que se acogieron al PEM en la crisis de 1983, lo cual indica también la magnitud comparada de ambas recesiones, desde el punto de vista del empleo. Si al número de adscritos al PEM en diciembre de 1975 se agregan los desocupados que hubo en promedio durante ese mismo año, los primordialmente afectados por la primera recesión fueron 591 mil personas, de acuerdo con estadísticas del Banco Central.
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Tomando en cuenta los grupos familiares de los desempleados y considerando que una gran mayoría de los desocupados eran jefes de hogar, el número de perjudicados directos por la crisis de 1975 fue cercano a dos millones de personas. Es decir, casi un quinto de la población chilena.
Las heridas de la crisis fueron, sin embargo, más profundas.
La caída del poder adquisitivo de los sueldos y salarios en 1975 fue la más pronunciada durante los 16años de gobierno militar. Tomando en consideración un índice de 100 para 1970, en 1975 el poder adquisitivo de las remuneraciones fue de 62,9. Esto significa que en 1975 un trabajador podía adquirir un 37,1 por ciento menos de productos, bienes y servicios que en 1970.
El nivel medio de las pensiones tuvo un deterioro aún mayor: en 1975 eran sólo un 51,9 por ciento del promedio que tenían en 1970, según estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social.
El costo social del ajuste que permitió la refundación del capitalismo chileno, recayó especialmente sobre los trabajadores y pensionados, de las clases medias y bajas.
La llegada de Büchi
La disminución del sector público, que significó transferir a manos privadas cuantiosos recursos, fue el inicio de un camino que dejó nuevamente a Chile bajo control de los grandes grupos económicos y del capital extranjero. Paulatinamente, el Estado comenzó a quedar como un mero ente subsidiario y dejó paso a la restauración del laissez faire.
La privatización de empresas y la reducción del déficit fiscal tuvieron metas que iban más allá del objetivo de corto plazo de conseguir una asignación eficiente de los recursos y un manejo económico coherente. Se propuso una recomposición de los sectores dominantes de la sociedad chilena y, simultáneamente, la configuración de un capitalismo moderno. Esta dualidad de objetivos reapareció en la recuperación económica posterior a la crisis de 1982- 83, bajo la conducción del ministro de Hacienda Hernán Büchi-
Cuando el "tratamiento de shock" de Jorge Cauas llevaba menos de un mes de aplicación, Büchi entró a las filas del gobierno militar, como funcionario del Ministerio de Economía. Olvidado su veleidoso pasado izquierdista como simpatizante del Frente de Estudiantes Revolucionarios(FER}, la rama estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR}, Büchi, un ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, se convirtió a las ideas de la derecha en Estados Unidos, mientras estudiaba su posgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia. Más que por la remuneración o la carrera funcionaria en el sector público, el régimen militar lo encandiló por la posibilidad de participar en un equipo dispuesto a realizar aquellas reformas en las que creía.
Como la mayoría de los tecnócratas que colaboraron estrechamente con Pinochet, Büchi cerró sus ojos ante las violaciones a los derechos humanos. Ya como candidato presidencial, el ex ministro trató de restringir su responsabilidad sólo a las materias económicas en que tuvo participación. Así lo hizo saber en numerosas entrevistas y foros en 1989. No hizo ninguna gestión concreta conocida en favor de las víctimas que hacia1975 padecían los rigores de la represión del régimen. Esta actitud suya fue generalizada en quienes ocuparon cargos considerados "técnicos".
El ingreso de Büchi al gobierno careció de toda significación en ese momento. Las preocupaciones eran de otra índole y la crisis estaba en su punto máximo.
Los Chicago boys estaban, en ese período, en plena faena de reducción del déficit fiscal: mientras en 1973 éste alcanzó al 27,7 por ciento del PGB en 1975 disminuyó a sólo 2,9 por ciento. Desde entonces y hasta la etapa final del régimen militar, el gobierno renunció voluntariamente a la expansión del gasto fiscal para estimular la economía con el fin de no provocar déficit. El término de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos y los despidos en el sector fiscal apuntaron en la misma dirección: tratar de reducir el déficit, una maniobra concebida como imprescindible para bajar la inflación. ·
La racionalización del gasto fiscal contribuyó al logro de un objetivo de largo plazo de los Chicago boys: disminuir la importancia del Estado dentro de la economía chilena.
La privatización de empresas en1975 estimuló la concentración del capital en la debilitada economía chilena. La propiedad de la mayoría de las industrias y los bancos pasó desde la Corfo a los grupos económicos. Paralelamente, la suerte de contrarreforma agraria emprendida en 1974 significó en el sector rural la devolución de los fundos intervenidos a sus antiguos propietarios y la destrucción de las organizaciones campesinas a partir de la entrega de títulos individuales de propiedad.
La transferencia de empresas al sector privado fue, en esencia, una des socialización de la economía, consistente en un traspaso del poder económico en manos públicas a unas pocas personas elegidas discrecionalmente por las autoridades. En esta operación quedaron desplazadas las personas que no compartían el pensamiento político del régimen, motivo por el cual se puede afirmar, con certeza, que se trató de un proceso social y políticamente excluyente.
También fu e un proceso inconsulto, poco transparente y favorable en exceso para quienes profitaron de él: los grupos económicos. Estos conglomerados y sus vinculaciones con el poder político, desde luego, no eran nuevos en la economía chilena, no obstante que hacia 1973 habían sido arrinconados por las políticas socializantes.
Al respecto son ilustrativos dos estudios. Primero, un libro de Ricardo Lagos que en 1960 dio origen a la acepción en Chile de "grupo económico". Este concepto denomina a quienes comparten la propiedad de importantes empresas en diferentes sectores, con una administración estratégica común. Enseguida, destaca un estudio de Armand Mattelart, Mabel Piccini y Michele Mattelart en que desmenuzaron la estructura de la propiedad de los medios de comunicación en Chile.
La estrecha vinculación entre el capital industrial y el financiero, característica primordial de los grupos que emergieron durante esta revolución neoliberal, estaba ya presente en los años sesenta, aunque con menor intensidad. Mattelart y Piccini sostienen en el trabajo citado:
- En 1965, diez grupos financieros controlaban el 34,3 por ciento de todas las sociedades anónimas chilenas y el 78,4 por ciento del capital social de éstas. Con excepción de uno sólo de estos grupos, todos estaban vertebrados alrededor de la banca.
Los aspectos realmente nuevos de los grupos económicos durante su reconstitución en los setenta tuvieron que ver con la radicalidad del proceso y con el ocasional pero valioso apoyo estatal que tuvieron gracias al régimen militar.
Distintos estudios han estimado que la venta de empresas del Estado, en un período recesivo y con un elevado costo del dinero, implicó una subvaloración del precio de estos activos-públicos de un 30 por ciento, respecto del patrimonio, y de 40 a 50 por ciento respecto del valor de transacción. Esta sub valoración fue un subsidio directo que los Chicago boys destinaron a la reconstitución de la nueva clase empresarial chilena. El economista demócrata cristiano Alejandro Foxley describió así a los favorecidos con el proceso:
-Sólo quienes disponían de abundantes recursos líquidos o de acceso al crédito externo, que tenía un costo muy inferior al obtenido en fuentes nacionales, quedaron en condiciones de adquirir las empresas en licitación.
Únicamente las grandes empresas y consorcios que disponían de recursos tuvieron acceso a esos créditos. Los préstamos de la banca internacional comenzaron a ser abundantes en ese período, debido a la liquidez internacional generada por los países exportadores de petróleo, al subir los precios del crudo a partir de 1974.
La correa de transmisión de recursos privados al modelo chileno funcionó simplificadamente así: los nuevos excedentes que obtuvieron los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) volvieron a los bancos de los países desarrollados, en forma de depósitos. A su vez, la banca colocó estos recursos en los países del Tercer Mundo -Chile entre ellos-, e incluso en naciones de la órbita socialista con tasas de interés bajas, de un 7,7 por ciento anual en 1975. En Chile, los grupos emergentes comenzaron a aprovechar parte de esos recursos para reciclarlos en el país.
Así fue la génesis del excesivo endeudamiento externo e Chile y de la casi totalidad de los países latinoamericanos. La crisis de la deuda externa fue tan intensa en los años ochenta que los organismos internacionales calificaron el período como una década perdida para América Latina.
En el período fundacional del modelo de Chicago los riesgos del endeudamiento no fueron visibles, aunque hubo voces de alarma. La diferencia entre el crédito externo barato y la elevada inflación interna permitió una veloz acumulación a los grupos económicos. Investigadores independientes han calculado que las ganancias de las grandes empresas industriales y financieras chilenas, por la diferencia entre las tasas de interés externas e internas, ascendieron a cerca de 1.000 millones de dólares. Esto, sólo considerando el período entre 1976 y 1979.
No obstante las prohibiciones formales, las empresas y los bancos fueron vendidos en calidad de grandes paquetes accionarios, asegurando al comprador el control inmediato de la unidad económica traspasada. Los Chicago boys confiaron plenamente en los nuevos propietarios y no intentaron controles muy rigurosos en la entrega de los activos. El precio de este grave error lo pagó todo el país con la crisis de 1982-83. En muchos casos, además, prefirieron la vía de la venta directa, abierta en realidad sólo para quien disponía de recursos.
Salvo unas pocas excepciones, los grupos económicos que después fueron determinantes en la evolución económica y política chilena, emplazaron sus cuarteles generales en bancos que usaron para auto otorgarse créditos en condiciones ventajosas. Aquellos grupos que restringieron su operación al sector productivo vieron limitadas sus posibilidades de expansión y, a fines de la década del 70, cedieron la hegemonía a los grupos emergentes, basados en la especulación financiera.
Esta fue la época del auge de los grupos de Javier Vial y de Cruzat-Larraín. Fue también el comienzo del término de una de las transformaciones económicas más profundas que había realizado la Unidad Popular, al modificar la estructura patrimonial chilena estatizando bancos y empresas.
(*) -Manuel Délano es periodista de la U. de Chile, magíster en Comunicación Estratégica UAI y diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, fue corresponsal en Chile del diario El País de España, editor de Economía en revista HOY, editor general del diario La Nación, consultor de organismos internacionales y es autor y editor de libros, artículos y estudios y docente universitario.
(*)-Hugo Traslaviña es periodista especializado en economía. Titulado en la Universidad Católica del Norte y Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha desempeñado como reportero y editor en revistas y diarios y en la agencia internacional Reuters. Es profesor en la Universidad Central y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF Chile). También es autor del libro "Inverlink, la ruta de una estafa" (Editorial Planeta 2003) y "Llegar y llevar, el caso La Polar'' (Ediciones Mandrágora, 2013).
Mañana: Un “milagro” muy especial.
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