La noche del 26 de noviembre de 2022, en el estacionamiento del edificio, se realizó una esperada asamblea de vecinos de la denominada Comunidad Edificio Tucapel Jiménez 56, en el centro de Santiago. Durante meses un numeroso grupo de vecinos buscaba la destitución del Comité de Administración, denunciando que tanto dicho comité como la administradora del edificio, Inés Salgado Cifuentes, habían incurrido en varias faltas, mala gestión, despidos innecesarios que significaron demandas contra la comunidad, consecutivas alzas en gastos comunes, e incluso malos tratos, además de otros problemas.

A dicha reunión asistió la administradora Salgado, y como única miembro del Comité de Administración una notable propietaria del edificio. Se trata de Ana María Osorio Astorga, actual ministra de la Corte de Apelaciones, la cual acudió acompañada del notario Cristian Camilla, de la 51 Notaría de Santiago. 

El notario les comunicó que sólo los vecinos previamente validados en un listado en particular podían estar compareciendo en la asamblea, de manera que pese a la numerosidad de los asistentes, y que muchos de ellos tenían en sus manos documentos y poderes para acreditar su derecho, sólo se encontraba presente un insuficiente quórum del 20,55%. 

Sin embargo, la esperada asamblea duró apenas unos minutos, pues tal como denuncian los vecinos -y según consta en grabaciones que este medio tuvo a la vista- el notario les comunicó que sólo los vecinos previamente validados en un listado en particular podían estar compareciendo en la asamblea, de manera que pese a la numerosidad de los asistentes, y que muchos de ellos tenían en sus manos documentos y poderes para acreditar su derecho, sólo se encontraba presente un insuficiente quórum del 20,55%. 

“Llegó este notario, y había una lista de vecinos de este software Comunidad Feliz. Entonces esta lista tenía algunos nombres que ya estaban marcados, y esos eran los que estaban supuestamente validados. Pero muchos vecinos tenían interés en la reunión y llegaron con sus papeles y no los dejaron participar. El notario nos dijo que si no estábamos de acuerdo con este método, fuéramos a los Juzgados de Policía Local”, menciona un vecino del edificio.

Ante el reclamo de los vecinos, un grupo de ellos exigió en el mismo momento que se hiciera una asamblea extraordinaria, amparándose en el artículo 14 de la nueva ley de copropiedad, que señala que un 10% de los derechos puede requerir este tipo de reunión, en la cual se puede solicitar la remoción parcial o total de los miembros del comité de administración con un quórum de mayoría absoluta de los derechos del edificio. 

Salgado y también la ministra Ana María Osorio dieron por terminada la reunión y se retiraron del lugar en compañía del notario, de manera que los vecinos reunidos acusaron que la administración estaba faltando a su obligación legal, por lo cual revisaron los poderes y documentos logrando acreditar la presencia del 58,25% de los derechos del edificio con lo cual nombraron un nuevo comité de administración.

La trama relatada en estos párrafos consta en varios documentos y denuncias asociadas a varias gestiones judiciales pendientes relacionadas con el conflicto que la administración del edificio ubicado en calle Tucapel Jiménez 56 tiene con sus vecinos. De hecho, la administración del edificio se querelló contra los vecinos que organizaron la asamblea extraordinaria recién mencionada, por falsificación y uso malicioso de instrumento público, ya que llevaron ante notario el acta de asamblea que realizaron y podría haber significado acceder a la cuenta bancaria de la comunidad. 

Dicha querella contra los vecinos se encuentra en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago desde diciembre de 2022 caratulada bajo el rit 14946-2022, sin que se hayan realizado mayores trámites o gestiones hasta la fecha, y en la cual figura la Comunidad Edificio Tucapel Jiménez 56 como uno de los demandantes junto a la administradora Salgado. Es decir, la propia comunidad es la que se querella contra sus vecinos.

“Es puro amedrentamiento, nosotros nunca tuvimos acceso a ninguna cuenta. Llevamos más de un año tratando de que esta gestión salga y no se ha podido. Hay multitud de cartas desde hace más de un año exigiendo asambleas extraordinarias para remover al comité. Una vez nos respondieron que eso no procedía a través de la explicación de un estudio de abogados".

“Es puro amedrentamiento, nosotros nunca tuvimos acceso a ninguna cuenta. Llevamos más de un año tratando de que esta gestión salga y no se ha podido. Hay multitud de cartas desde hace más de un año exigiendo asambleas extraordinarias para remover al comité. Una vez nos respondieron que eso no procedía a través de la explicación de un estudio de abogados. Luego no se puede por quórum, porque para ellos sólo algunos vecinos están validados. Y hasta nos mandan al Juzgado de Policía Local a que arreglemos esto. Es insólito, ¿qué esconden?”, mencionó uno de los copropietarios. 

De hecho, los vecinos sí hicieron una denuncia al Juzgado de Policía Local -que tiene competencia para resolver este tipo de controversias- hace cerca de un año, antes de la polémica asamblea de noviembre de 2022. De hecho, en la excepción presentada por la administración ante esta denuncia, se califica a los vecinos que acudieron al Juzgado de Policía Local como “rebeldes”.

La sentencia de ese tribunal menciona: “Se ordena a la Administración de la COMUNIDAD EDIFICIO TUCAPEL JIMÉNEZ 56, representada por su administradora INÉS SALGADO CIFUENTES, ambos ya individualizados, citar una Asamblea extraordinaria de Copropietarios en dependencias del Condominio para el día Sábado 4 de Marzo de 2023, a las 11:00 horas”. Además esa sentencia señala en su segundo punto que “la tabla para la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios ordenada deberá contener, exclusivamente: - La rendición de cuentas por parte de la Administración y la presentación de un balance y la aprobación de este por parte de la Asamblea.- La remoción total o parcial de los miembros del Comité de Administración.- La ratificación o remoción de la Administradora doña INÉS SALGADO CIFUENTES”.

Sin embargo tal asamblea no se realizó en los términos que señala la sentencia, y por el contrario, la administración del edificio decidió presentar un recurso de apelación en contra de esta sentencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la misma en la que Ana María Osorio es una de las ministras. La causa está caratulada bajo el rol: Policía Local-1051-2023, y se encuentra en estado de relación.

“Hemos tenido problemas con los ascensores, con el funcionamiento y luego la certificación de estos ascensores. La administración terminó contrato con ellos anticipadamente, así que ahí vendrá o quizás ya vino una nueva demanda. Hay una multa de la municipalidad contra el edificio. Han despedido a varios trabajadores, incluso un caballero de tercera edad, y luego denuncian estos despidos y la administración pierde".

“Hemos tenido problemas con los ascensores, con el funcionamiento y luego la certificación de estos ascensores. La administración terminó contrato con ellos anticipadamente, así que ahí vendrá o quizás ya vino una nueva demanda. Hay una multa de la municipalidad contra el edificio. Han despedido a varios trabajadores, incluso un caballero de tercera edad, y luego denuncian estos despidos y la administración pierde, así que la comunidad tiene que pagar estas indemnizaciones y también la asesoría legal de abogados”, menciona una fuente del edificio.

En efecto, este medio de comunicación tuvo a la vista un documento correspondiente al detalle de los últimos gastos comunes pagados. En ese detalle figuran cuatro pagos relacionados a abogados, por un total de $641.097. 

Uno de ellos señala que el concepto es “Asesoría legal”. El segundo señala “Demanda laboral 03/03”. El tercero “Juicio término arriendo local 2 03/03. Y el cuarto “Servicios jurídicos 03/03”.

“Son demasiados problemas. Y estas asesorías son para ir contra los mismos vecinos en estas acciones judiciales, y las pagamos nosotros, ¿cuál es la idea? Esto ya es insólito, y esta querella y demandas, lo único que buscan es amedrentar a los vecinos para que no hagan nada, más aún considerando que una de las integrantes del Comité de Administración es una ministra de la Corte de Apelaciones. Eso no corresponde, ya fue suficiente”, mencionó una de las fuentes consultadas. 

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Ana María Osorio jurando como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2022. Fuente: Pjud.cl

Nuestro medio consultó a la Corte de Apelaciones, para hacerle llegar a la ministra los aspectos principales de este artículo, y para conocer si esta institución considera que hay algún conflicto de interés considerando que el recurso de apelación mencionado se encuentra en la misma Corte donde ella trabaja. Desde ese tribunal nos contestaron que: “se trata de un asunto privado; que la ministra Ana María Osorio sea parte del comité, no tiene nada que ver con su investidura, ella es copropietaria, (...) y tiene el derecho a ser parte del comité si es elegida como cualquier otro copropietario y este puede ser cambiado por los vecinos de acuerdo con el procedimiento legal”.

Además agregaron que “los eventuales conflictos entre la administración, comité y vecinos son de competencia del Juzgado de Policía Local, así lo prevé la ley de copropiedad, por lo que la existencia de denuncias es algo habitual en todo condominio”, mencionando además que “la ministra hasta ahora no tiene obligación de inhabilitarse, salvo que el asunto eventualmente llegue a ser conocido en la sala que ella integra; de ser así, el Código Orgánico de Tribunales, en sus artículos 195 y 196, establece los mecanismos de inhabilitación. Hasta ahora a ella no le ha correspondido conocer o resolver nada sobre ese caso”.