El inicio del gobierno de José Antonio Kast ha sido bastante favorable para la delincuencia y la sensación de inseguridad, gracias a que el ministerio a cargo de perseguir los delitos ha mostrado bastante confusión y problemas internos.

Y hay una persona que carga con una fuerte presión por estos días. Se trata de Trinidad Steinert, la ministra de Seguridad nombrada por el presidente José Antonio Kast y quien tiene la misión de cumplir la promesa del mandatario de terminar con los delitos.

Steinert fue altamente destacada a nivel mediático al ser designada, ya que venía de ser fiscal regional de Tarapacá y había perseguido al grupo de crimen organizado ‘Tren de Aragua’.

Pero la performance de la ahora representante del Poder Ejecutivo viene con problemas desde antes de asumir incluso. Y esto viene instalando la idea de que ella podría ser incluso de las primeras en caer en el gobierno de Kast.

Lo anterior porque el mandatario puso altas expectativas al poner en el centro de su campaña el imaginario de que él podría terminar con la crisis de seguridad que afecta a varios territorios del país.

Aunque varios de los conflictos dan cuenta que el problema no es sólo de ella, sino que de la administración del Ejecutivo en sí.

La primera polémica de Steinert ocurrió en enero de este año. Y si bien terminó siendo tácitamente exculpada por los medios de comunicación tradicionales, el hecho marcó el inicio de su carrera política.

La primera polémica de Steinert ocurrió en enero de este año. Y si bien terminó siendo tácitamente exculpada por los medios de comunicación tradicionales, el hecho marcó el inicio de su carrera política.

Steinert fue puesta en aprietos por la hoy vocera de Gobierno, Mara Sedini, cuando dijo públicamente que la ex fiscal venía conversando con Kast desde hace “un buen tiempo” previo a que se comunicara que sería ministra de Seguridad.

El problema, no menor, es que esas conversaciones habrían ocurrido cuando Steinert todavía estaba en el Ministerio Público y el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 19.640 establece que los fiscales nacionales y regionales no pueden “tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de emitir su voto personal; participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Ministerio Público”.

Después del 11 de marzo, pasaron tan sólo diez días para que el ruido se instalara en torno a Steinert, ya que de manera imprevista se conoció que la entonces subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, fue removida de su cargo.

Después del 11 de marzo, pasaron tan sólo diez días para que el ruido se instalara en torno a Steinert, ya que de manera imprevista se conoció que la entonces subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, fue removida de su cargo.

Esta es la principal polémica que ha afectado a la ministra de Seguridad, ya que no han podido revertirla, ha sumado otros antecedentes y se arrastrará por varios días más.

El 23 de marzo, dos días después de que Peña fuera apartada de sus funciones, Radio Biobío publicó un oficio reservado que había sido enviado por Steinert el día 13 del mismo mes, con destino al director de la PDI, Eduardo Cerna.

En el documento, la ministra solicitaba explicaciones detalladas de porqué un grupo de policías –que habían trabajado con ella cuando era fiscal– habían sido trasladados por orden de Peña.

El 19 de marzo el oficio fue contestado y un día después la ex subdirectora de Inteligencia perdió su trabajo.

El pasado 2 de abril el tema volvió a tomar fuerza, dado que Contraloría dio un plazo de diez Días a Steinert y Cerna para que den explicaciones sobre el oficio relativo a Consuelo Peña.

El pasado 2 de abril el tema volvió a tomar fuerza, dado que Contraloría dio un plazo de diez Días a Steinert y Cerna para que den explicaciones sobre el oficio relativo a Consuelo Peña.

Y esta semana el problema seguirá, dado que el lunes el director de la PDI visitará la Comisión de Seguridad de la Cámara para responder preguntas sobre el mismo tema, lo que suena como la previa de una interpelación que los parlamentarios opositores están evaluando contra la ministra.

En medio de esto, Steinert ha sumado otros episodios negativos.

Uno es consecuencia del recorte del 3% del presupuesto anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre todos los ministerios del gobierno, el cual iba a significar una pérdida de $72 mil millones a Seguridad, impactando directamente a los planes de dicha cartera y al trabajo de las policías.

A nivel mediático, Steinert abordó esto publicitando una reunión la Dirección de Presupuesto el pasado 30 de marzo, tras la cual se confirmó que el descuento no se aplicaría en su ministerio.

Sin embargo, más que una interpretación positiva de esto la sensación que deja es de una desconexión al interior del gobierno y que las “emergencias” que busca combatir Kast van por carriles separados y no tienen una coordinación previa, dando pie a los errores e incoherencias.

Pese a que se descartó el recorte, un día después de la conversación con la Dipres, Steinert disolvió la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, argumentando ajustes presupuestarios. 

Esta repartición tenía por objetivo generar un análisis ubicado de datos provenientes de las policías, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas.

Hasta ahora el presidente Kast ha respaldado a su ministra de Seguridad y respecto de la polémica más grave, la de la ex subdirectora de Inteligencia de la PDI, ha dicho que la salida de ésta fue decisión de Cerna.

Pero todo indica que no ha conseguido instalar esta idea con éxito y que a medida que pasan los días, su problema de seguridad más cercano es la presencia de Trinidad Steinert.