Policía de Investigaciones
Interferencia conversó con uno de los abogados que están querellándose en contra de Avla por usura. Acusan que la financiera cobró más de lo permitido legalmente, al quedarse con un monto del préstamo al cliente en el momento de la firma del contrato, por un supuesto concepto de “gastos operacionales”.
Según información disponible en la Cámara, los ministerios de Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género y Defensa, como también Carabineros de Chile no han contestado ninguna solicitud. Mientras que a nivel de autoridades, tampoco lo han hecho el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi (RD), ni el jefe de Gabinete del mandatario, Carlos Durán (CS).
La historia incluye armas, un casino tragamonedas ilegal al amparo de un supuesto mall chino, un contacto de Whatsapp identificado como “segundo a cargo”; un celular brasileño, un hombre con acento mexicano y un paquete de ketamina que viajó por avión desde los Países Bajos.
La auditoría también estableció atrasos en la entrega de estupefacientes decomisados por las policías. El Servicio de Salud solo los recibe de lunes a viernes en horario hábil y no existen fondos en el presupuesto 2025 para ampliar la recepción los fines de semana, entre otras irregularidades.
El Ministerio Público explicó que no pudo reunir pruebas suficientes para acusar a García-Huidobro de un ataque incendiario en Carahue debido al desistimiento de un testigo. Sin embargo, hace dos meses, la propia fiscalía estuvo de acuerdo con sacarlo de prisión luego de que su defensa presentara antecedentes que demostraban su no participación en el delito.
Tras constituirse la Comisión Investigadora del caso, ha trascendido que las ministras Carolina Tohá, Antonia Orellana y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, estarían entre los citados. Además, más de una decena de funcionarios de La Moneda se enteraron de los hechos antes de ser públicos y de enterarse el presidente Gabriel Boric.
En un comienzo, la administración de Tomás Vodanovic estuvo centrada en mejorar lo que había dejado el paso de Cathy Barriga por el municipio. Aumentó el presupuesto a SMAPA, disminuyó el déficit municipal, revitalizó la plaza de Maipú y controló el comercio informal. No obstante, a nivel interno, Vodanovic también ha enfrentado críticas por parte de los trabajadores a honorarios.
El periodista Maximiliano Alarcón dio a conocer que Enrique Inostroza, quien asumió como jefe de Gobierno Interior cuando Monsalve arribó a La Moneda, pasó a integrar la Agencia Nacional de Inteligencia en septiembre. Su ingreso se dio previo al escándalo, pero ahora, al conocerse órdenes del ex subsecretario a agentes de Inteligencia de la PDI, su presencia generaría ruido.
En el marco de una cautela de garantía en el Séptimo Juzgado del ramo, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz reveló el antecedente inédito. Todo en el marco de la legalidad de la diligencia que permitió incautar un tercer celular que manejaba el suspendido PS. Si bien se extraerán los datos, el magistrado Ponciano Sallés ordenó borrar los whatsapp con sus abogados y familiares.
Las diligencias que encabeza el fiscal regional Centro Norte avanzan a pasos agigantados, pero los problemas de La Moneda están lejos de terminar. A la crisis política se suma otra al interior de la policía civil, mientras el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, intenta hacer frente a la tormenta. En tanto, ayer los abogados de la ex autoridad solicitaron acceso a la carpeta de investigación..
A 50 años del asesinato de Miguel Enríquez a manos de la DINA, Interferencia comparte un extracto de la quinta edición actualizada del libro 'Miguel Enríquez, biografía de un revolucionario', escrito por Mario Amorós.
Desde el organismo, señalaron que según el estamento vigente, el cese o goce de una pensión pagada en este régimen previsional, no se encuentra contemplada la de haber sido condenado por sentencia judicial por la comisión de algún delito. Por eso, la caja de previsión se encuentra en la obligación legal de pagar las pensiones de los casos mencionados.
A principios de octubre, la editorial Penguin Random House lanzó el libro Chile Narco, obra del periodista Jorge Molina Sanhueza. A días de su publicación, Interferencia comparte el capítulo La Amenaza, donde el autor relata cómo el asesinato del fiscal paraguayo experto en crimen organizado, Marcelo Pecci, impactó en el Ministerio Público de Chile y encendió las alertas sobre la seguridad de los fiscales que investigan casos complejos y de alto riesgo.
Hasta ahora, la agrupación armada RML -que se adjudica “más de 100 acciones en los más de 10 años de existencia”-, solo ha reivindicado sus actos a través de comunicados, tal como lo hizo en esta ocasión para desmarcarse de los once detenidos. Entre ellos se encuentran dos policías, uno de los cuales también respondía ante Forestal Arauco, según antecedentes de Fiscalía.
La detención del cabo de Carabineros, Darwin Carrillo y del ex jefe de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), Luis Berna, contó con la declaración de un testigo protegido que dio detalles específicos sobre su rol en una organización ilícita dedicada al robo de madera vinculada a Resistencia Mapuche Lavkenche.
El Cabo 1° Huenchuvil y el Sargento 2° Mora están identificados como quienes participaron de la muerte del weichafe de la CAM, pero la investigación continúa desformalizada. La abogada de la familia del fallecido denuncia la pérdida de evidencia. Además, revela que la capucha que utilizaba Marchant no fue analizada, y que al momento de la pericia se habría lavado el cuerpo.
Un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, en el que ambas partes cedieron posiciones, logró cambios y límites a la 'legítima defensa privilegiada'. Los senadores aprobaron la normativa que amplía las circunstancias en que los policías pueden hacer uso de su arma de servicio y las garantías procesales correspondientes con amplia mayoría, pese a las objeciones iniciales del gobierno, organizaciones de derechos humanos e incluso El Mercurio.
La conocida conductora de TV y su hermana habrían vendido dos veces los derechos sobre una propiedad de su padre fallecido en 2019, perjudicando a la pareja de éste. Además, Tonka ha estado involucrada en un caso de deuda y venta fallida de un automóvil de alta gama con la conocida concesionaria Kaufmann. Este es un adelanto del libro de nuestros periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz.
En 2017, la PDI lograba avances en una investigación a una red de receptación de joyas, pero aún con orden de detención vigente lograron escapar del país. El imperio no cayó, y Dinamarca pasó a ser su cerebro, ampliando la red hacia la élite chilena. Este es un adelanto del libro que están escribiendo L. Landaeta y D. Ortiz.
Estrella Dinamarca cuenta a una amiga que, ya que Parived dio orden de no pago a un cheque, podría revelar todo a la TV. El esposo de Tomicic, en tanto, se movía para traer dineros que guardaba en Brasil y que no sabía “cómo justificar”. Este es un adelanto del libro que nuestros periodistas L. Landaeta y D. Ortiz están escribiendo.
La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI solicitó exhumar los restos de Yoshua Osorio y Andrés Ponce para esclarecer sus muertes. No hizo lo mismo con el cuerpo de Luis Salas, de quien no existe claridad sobre cuándo le dispararon ni cómo sufrió múltiples fracturas calificadas como traumáticas por el SML.
El tribunal de alzada de Santiago rechazó por unanimidad un recurso interpuesto por el abogado y ex constituyente, quien buscaba silenciar un reportaje de este medio donde se revelaba que presentó un contrato falsificado a su ex empleador, una comunidad de vecinos, a quienes pidió $30 millones de indemnización mediante una cláusula no incluida en el contrato real.
INTERFERENCIA tuvo acceso a partes del reporte que está confeccionando la policía civil, el que recomienda diligencias adicionales en el caso que lleva el fiscal José Morales, insinuando un trabajo deficiente del Ministerio Público.
María Diemar ha sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia, Cancillería, Congreso, INDH, Conadi y, próximamente, con Minsal. En conversación con INTERFERENCIA y a un día del 3er Congreso de niños chilenos adoptados ilegalmente, Diemar repasó su agenda y criticó que en Suecia aún pongan en duda casos como el suyo.
La Mutualidad de Carabineros pide el reintegro de $50 millones, otorgados a Espinosa cuando fue parte de su Consejo. En septiembre –un día después de que INTERFERENCIA revelara que otra demanda similar podía quedar abandonada– la mutual solicitó desarchivar la causa. Si no registra gestiones pronto volverá a ser archivada.
La investigación fue abierta luego de la viralización de un audio que habría sido grabado posterior al mega operativo de Temucuicui en enero de 2021. La Policía de Investigaciones sobreseyó la investigación al no poder determinar la hora y lugar en torno al registro.
Jorge Montre en 2018 fue parte de la obstrucción del allanamiento de los cuarteles en Temuco por parte de la PDI, cuando blindados bloquearon las dependencias policiales. Hoy es el coronel a cargo de Fuerzas Especiales en 21 comunas, y tiene asignado el control del orden público en la Alameda y la sede de Gobierno.
La Corte de Apelaciones dejó en libertad al oficial de Carabineros Claudio Crespo apelando a su conducta anterior, y a que no sería un riesgo para la sociedad al estar de baja; quedando con arraigo y firma quincenal. Esto, pese a que el caso de E.G., baleado un año antes que Gatica, se encuentra aún en investigación, con Crespo formalizado por apremios, falsificación de instrumento público y obstrucción.
Denisse Cortés, quien se encontraba en la marcha como observadora, fue alcanzada por un proyectil mientras dialogaba al interior de un piquete de Carabineros, en una jornada de fuerte represión. Quienes la acompañaban acusan que Carabineros no prestó ayuda suficiente. Aún no se confirman las circunstancias de su muerte.
A pesar de que el Ministerio Público mantuvo su acusación por delito de tenencia de arma durante todo el procedimiento (un revólver Smith & Wesson .44, sin inscripción ni permiso), en última instancia decidió no perseverar. Además, en el acta de la audiencia, su condena corresponde al delito de receptación simple y no al de daño a patrimonio.
