En abril, ingresó al Congreso un proyecto de ley que ha sido fuertemente cuestionado. Lo anterior, puesto a los riesgos a los que se expone la libertad de prensa, ya que los periodistas arriesgarían incluso caer en prisión por la iniciativa legislativa que busca evitar filtraciones de procesos penales, modificando diversos cuerpos legales y así tipificar la divulgación indebida de determinados antecedentes. 

La propuesta ha sido bautizada por sus detractores como la “Ley Mordaza 2.0”, en alusión a un intento fallido de 2016 que buscaba limitar la publicación de información en situaciones de alta connotación pública, como lo son actualmente los casos de corrupción que han afectado al mundo político en los últimos meses, como ProCultura, Audios o el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Los responsables tras el actual proyecto son los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS). Según sus impulsores, existe una tensión creciente entre el derecho a la intimidad de los involucrados y el derecho a la información y transparencia en el proceso penal.

El proyecto plantea modificar el Código Procesal Penal para establecer sanciones penales no solo a quienes filtran antecedentes, sino también a quienes los difunden, lo que incluiría a periodistas: “el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo”, señala el texto.

En la instancia legislativa, el senador Cruz-Coke aseveró que “lo que no se busca precisamente este proyecto es debilitar la libertad de prensa o la libertad de expresión, sino por el contrario, proteger el debido proceso”.

Por su parte, el senador Pedro Araya, en conversación con ADN, afirmó que las filtraciones “constituyen un problema para la calidad de las investigaciones penales. Este proyecto busca equilibrar el buen funcionamiento del sistema, el derecho a defensa, a la honra y a la libertad de prensa. Establecemos límites a quiénes pueden querellarse  porque hoy hay una industria de querellas para acceder a carpetas investigativas sin aportar nada a los casos”.

Amplio rechazo por restricciones a libertad de prensa

En fecha reciente, la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, entidad que agrupa a la Asociación Nacional de la Prensa, a la Asociación de Radiodifusores de Chile y a la Asociación Nacional de Televisión, manifestó su total oposición a la denominada Ley Mordaza 2.0 mientras el Gobierno le retiró todo tipo de apoyo durante su tramitación en el Congreso Nacional.

Además, en diálogo con Radio Universidad de Chile, el presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, aseveró que la moción “deja abierta la posibilidad de perseguir a periodistas, porque es vaga e imprecisa en cuanto a los delitos que establece”.

“El trasfondo se puede entender, que es preservar y prevenir la filtración de expedientes judiciales, pero no solo se limita a los que lo filtran, sino que también sanciona a quienes divulguen. Entonces ahí se establece una problemática con el ejercicio del periodismo“, puntualizó García.

A su vez, el Colegio de Periodistas emitió una declaración pública rechazando enérgicamente la moción. La organización argumentó que el proyecto “expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática”.

“Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos. Esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia”, sostuvo el gremio.

En tanto, la defensora nacional, Verónica Encina, también hizo ver sus reparos. Si bien coincidió en que las filtraciones pueden dañar la presunción de inocencia de imputados aún no formalizados, advirtió que la solución no puede pasar por criminalizar a los medios.

“La solución debe estar basada en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control, no en criminalizar la defensa ni a los medios de comunicación”, dijo.

Encina criticó especialmente la creación de una “carpeta paralela” de antecedentes reservados bajo criterio exclusivo del Ministerio Público, lo que a su juicio rompería el equilibrio entre las partes del proceso penal.