“Los ricos también lloran” es una teleserie mexicana de principios de los ’80 que cautivó a la audiencia de la época con las vicisitudes de una familia adinerada. Como toda obra de su género, el éxito no trascendió más allá de la entretención del momento; pero su peculiar título dio lugar a un cliché para hacer notar que los poderosos también lo pasan mal. Los adinerados son como el común de los mortales y hasta sufren algunos de sus dolores, como la corrupción. Es el caso del “Vitagate” en la Municipalidad de Vitacura y las alertas de irregularidades con patrones muy parecidos en Lo Barnechea y Las Condes.    

Los vecinos y vecinas de las tres comunas que concentran buena parte del PIB chileno y la mejor tajada del electorado de la derecha suspiran atónitos, porque es posible que sus contribuciones, patentes, multas y permisos de circulación hayan enriquecido ilegalmente a quienes los gobernaron por décadas. Podrían estar frente a la ordinariez de prácticas como las de San Ramón, un poco más refinadas, probablemente más onerosas, pero igual de vulgares ante la fe pública.

Para peor humillación, el discurso de la eficiencia del sector privado, concepto fetiche entre los representantes de las tres comunas más ricas del país, habría sido la excusa para transferir grandes volúmenes de recursos públicos a ingeniosas organizaciones comunitarias funcionales, que se encargan de la seguridad, el deporte, la recreación y hasta la cultura de los vecinos y vecinas del barrio alta. Se externaliza porque los privados son más eficientes dirá el tecnócrata neoliberal, pero lo cierto es que la pega la sigue haciendo el Municipio y las corporaciones, en algunos casos, son meras cajas pagadoras para la triangulación de recursos.

“Lo Barnechea Seguridad”, la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”, “VitaSalud”, “VitaDeporte”, “VitaEmprende” son instituciones de la categoría “sin fines de lucro”, cuyas tareas comunitarias les granjean el acceso a millonarias  subvenciones municipales, a cambio de la ejecución de programas de bien público vecinal. La naturaleza privada de estos “ejecutores” los blinda frente a la fiscalización pública y ofrece grandes oportunidades para mecanismos tradicionales de malversación de caudales públicos como los sobreprecios, los sobresueldos o el lavado de fondos.

Para peor humillación, el discurso de la eficiencia del sector privado, concepto fetiche entre los representantes de las tres comunas más ricas del país, habría sido la excusa para transferir grandes volúmenes de recursos públicos a ingeniosas organizaciones comunitarias funcionales, que se encargan de la seguridad, el deporte, la recreación y hasta la cultura de los vecinos y vecinas del barrio alta.

El sistema irregular usado en las Municipalidades de Lo Barnechea, por el actual delegado regional Felipe Guevara, y en Las Condes, por el histórico alcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín, fue denunciado en un reportaje de América Transparente casi simultáneamente a la querella contra el afanado Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura.

Tres conspicuos militantes de la coalición de derecha que cuando coincidieron como alcaldes crearon en 2012 la Asociaciones de Municipios de la Zona Oriente AMZO, para poner en marcha el proyecto Tranvía. Aunque la iniciativa fue desechada por el Ministerio del Transporte en 2018, la entidad perdura para “gestionar” iniciativas de infraestructura y transporte, a cargo de otro ex jefe edilicio del sector, Francisco De la Maza, con un sueldo de casi 5 millones de pesos mensuales.

Años atrás un taxista me dijo: “votar por un presidente empresario es lo mejor, porque va a dar trabajo y como ya tiene plata no necesita robar”.

Craso error el de este noble conductor del transporte público. Tener dinero en abundancia no garantiza la probidad, ni en el mundo privado ni en el público. Por esos se coluden las grandes empresas, por eso un Presidente usa información privilegiada y por eso los municipios ricos defraudan con tanta frecuencia o en mayor volumen que los pobres.

En la falta de fiscalización preventiva y en la opacidad frente a la ciudanía está el problema. Lo que ocurre muy frecuentemente sobre la cota mil es que creen que las regulaciones son restricciones ineficientes, que la elusión de las normas es una muestra de astucia y no una infracción descarada, y que -finalmente- el Estado coarta la libertad para “hacer las cosas bien”.

Como el portonazo o el lanza a chorro, las acciones del ex Alcalde Aguilera en San Ramón son escandalosamente llamativas, pero al igual que en la estafa u otros delitos de cuello y corbata, también hay que estar atentos a los que actúan con mayor discreción, los que resguardan las formas pero consiguen mucha flexibilidad en el uso de sus recursos.  Porque cuando los fondos públicos se alejan del escrutinio ciudadano, siempre alguien sacará un provecho indebido de aquello, y ese alguien no es la ciudadanía.

Si no lo cree, pregúntele al ex alcalde De la Maza.