El doctor Hugo Salinas quedó descolocado cuando en enero de 2016 recibió una carta dirigida a él por parte de su jefe, el doctor Jorge Hasbún, director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

“He tomado conocimiento de la comunicación de la ACHS dirigida a nuestra Universidad, que se refiere a la calificación de su enfermedad, así como los agentes de riesgo detectados. Sobre el particular, señalo a Ud. que se adoptarán las medidas pertinentes con el objeto de evitar su exposición al factor de riesgo dirigido por el organismo indicado. Saluda atentamente a usted, Jorge Hasbún H”.

La respuesta de la autoridad, aunque apegada a la legalidad, era insólita. El remitente de la comunicación, Jorge Hasbún, era justamente su factor de riesgo. En efecto, el doctor Salinas llevaba ya cuatro meses interponiendo denuncias, declaraciones, oficios y cartas, para denunciar al director del hospital por acoso laboral.

Esas diligencias lo habían llevado a ser evaluado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la que constató que sufría una enfermedad psicológica a causa del constante acoso de Hasbún. La ACHS envió ese peritaje al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien a su vez la remitió al director del hospital de esa institución. Fue ahí cuando el doctor Hasbún le envió esa carta a Salinas.

Este fue el comienzo de un largo peregrinaje para el doctor Salinas y que se ha extendido por más de tres años. En el camino, más de cinco testimonios por acoso sexual y laboral llegaron hasta el rector Vivaldi en contra del director general del Hospital Clínico, cargo que es de su exclusiva confianza. Durante este tiempo, el rector Vivaldi mandó a bajar una carta publicada en el sitio web de la Radio Universidad de Chile que tenía los antecedentes del caso, y no tomó las medidas necesarias para proteger a los denunciantes.

Dos de ellos terminaron renunciando por las presiones de Hasbún. Salinas tuvo problemas psicológicos y Patricia Gómez, directora académica del Hospital, quien lo denunció por acoso sexual hace más de un año, ha tenido que compartir con él en la dirección del hospital durante todo este tiempo.

El primer antecedente que tuvo en sus manos el rector Vivaldi se remite al 23 de noviembre de 2015, cuando la ACHS le informó que el Servicio de Salud Ocupacional y Mental de la institución había evaluado al doctor Salinas. El resultado: tenía una enfermedad de origen laboral, provocada por “hostilización y menoscabo de funciones”.

Las acusaciones en contra de Hasbún eran tan graves, sobre todo en el caso de la directora académica Patricia Gómez, a quien el director hostigaba sexualmente, que el comité decidió informar al rector Vivaldi

Los problemas para Salinas, un médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología, máster y doctorado en salud pública con más de 30 años de trabajo en la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico, comenzaron cuando Jorge Hasbún asumió en el cargo en enero de 2015.

Previo a su asunción, ambos coincidieron en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital, área que fue encabezada por Salinas hasta el 1 de septiembre de 2015, cuando renunció y denunció a su nuevo jefe ante la Contraloría por acoso laboral.

Nada más asumir la dirección del hospital, Hasbún bloqueó de inmediato su trabajo y le comentó al resto del equipo médico y directivo que las opiniones de Salinas no serían tomadas en cuenta, según relata el propio Salinas. Además, le ofreció su cargo de jefatura a otros colegas y rechazó sistemáticamente sus propuestas. Prácticamente, lo dejó sin margen de maniobra.

Con el testimonio de Salinas y el diagnóstico de la ACHS, Vivaldi le escribió el 2 de diciembre de 2015 y le comunicó que se encontraba en conocimiento de las gestiones que había realizado ante la Contraloría General de la República, el Tribunal de Ética del Colegio Médico y la ACHS. Además, agregó que adoptaría las “medidas del caso para recabar los antecedentes correspondientes”.

Hasta aquí, Salinas estaba conforme. Lo asombroso vendría a continuación. Nueve días después de comprometerse a revisar su situación, el rector le envió a Jorge Hasbún el oficio Nº1143. En este le pidió que tomara las medidas del caso y adjuntó el informe de la ACHS.  Sin realizar ninguna otra diligencia o esfuerzo por resolver la situación, Hasbún le envió la insólita carta a Salinas. Simplemente copió las palabras del rector y dio por cerrado el conflicto.

Salinas se sintió desprotegido y recurrió nuevamente a la contraloría de la universidad que el 12 de febrero de 2016, por medio del oficio Nº 112.59, le exigió al rector el inicio de un proceso sumario en contra de Hasbún y la creación de una estructura, junto a un protocolo, para enfrentar los casos de acoso laboral y sexual. Se trataba de políticas que, hasta ese momento, no existían en la Universidad de Chile.

Obligado por la Contraloría, Vivaldi ordenó el 9 de marzo de 2016 un sumario administrativo en contra de Hasbún y designó como fiscal a Davor Harasic, el entonces decano de la Facultad de Derecho. El 11 de mayo de 2016 el proceso se cerró y, pese a que la indagatoria reconoció las actitudes hostiles de Hasbún en contra de Salinas, Harasic lo sobreseyó porque no encontró méritos suficientes para formular cargos o reproches “de orden administrativo”.

Paralelo al inicio de este primer sumario, una nueva denuncia se sumó en contra de Hasbún. Una persona con más de 15 años de carrera y que llegó a desempeñar un cargo de jefatura al interior del hospital, solicitó una audiencia con el rector para denunciar una situación similar a la de Hugo Salinas.

Según sus palabras, Vivaldi la recibió en su despacho y le explicó que de entregar los antecedentes, estos se convertirían en una denuncia. Para ello, contaba con la presencia de su coordinadora jurídica, Alicia Venezian. La persona denunciante se mostró conforme y entregó su testimonio.

Al igual que en el caso de Salinas, Hasbún le quitó a esta persona los proyectos en los que estaba trabajando y se los asignó a una persona de su plena confianza. Posteriormente, de un día para otro, le rebajó el sueldo en un millón de pesos, sin aviso ni explicación y además la dejó sin funciones concretas.

Luego de explicarle en persona su situación a Vivaldi, por cuanto era una persona cercana al rector, de acuerdo al testimonio del denunciante, nunca recibió por parte de rectoría una confirmación del testimonio que había entregado, ni tampoco indicios de las medidas a seguir. Se dirigió en una segunda ocasión a la rectoría, pero de igual manera, nada sucedió.

La persona denunciante cayó en una fuerte depresión y tras un año de problemas decidió renunciar. “Mi idea siempre ha sido avanzar profesionalmente y por eso no quiero que salga mi nombre, pero puedo decir que yo fui paciente desde chica del rector, almorzaba con él, conversábamos en los patios y Hasbún era el director del hospital, claramente no podía denunciarlo ante sus subalternos y fui ante Vivaldi como una persona cercana. Denuncié a Hasbún, sus irregularidades y las de la gente que lo rodea, pero no recibí el apoyo que esperaba”, afirmó a INTERFERENCIA.

El rector aceptó su renuncia. Sin hacer mención a la situación que había denunciado, Vivaldi le agradeció los logros que alcanzó en el hospital. Esta persona lo consideró una falta de respeto.

El doctor Salinas decidió hacer pública la situación y envió una carta al sitio web de la Radio Universidad de Chile. Menos de dos horas después de ser publicada, Vivaldi llamó a este último pidiéndole que bajara esa carta.

El 10 de enero del 2017 la Universidad de Chile aprobó su primera política en contra de los abusos laborales y sexuales, llamada Protocolo de Actuación ante Denuncias Sobre Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria. Fue una de las medidas estrellas de la primera administración de Ennio Vivaldi.

Aprovechando esta nueva instancia, el 6 de marzo de 2017 el doctor Salinas y cuatro académicos y funcionarios del hospital se reunieron con el Vivaldi para entregarle nuevos testimonios acerca de los acosos laborales y sexuales cometidos por Hasbún.

A esta altura, según Salinas y otras fuentes del hospital, Vivaldi ya estaba al tanto de las situaciones que lo afectaban a él, a Víctor Zapata, tecnólogo médico, a Patricia Gómez, directora académica del hospital y senadora universitaria, además de la persona funcionaria que había acudido en persona hasta su oficina en 2016.

Diez días después, Alicia Venezian, la asesora legal de Vivaldi, le escribió a los denunciantes para indicarles que la rectoría comenzaría a recoger antecedentes previos y que serían informados de sus avances.

Salinas quedó con más dudas que certezas, ya que había pasado por una situación similar dos años atrás. “¿Por qué el rector no inició derechamente un sumario, sino que ordenó una simple reunión preliminar de antecedentes? ¿Por qué no suspendió a Hasbún estando en conocimiento de todos estos testimonios?”.

Disconforme, Salinas acudió en abril al Comité de Evaluación de Acoso Laboral y Sexual del hospital, presidido por Pablo Jofré. El espacio se había creado el 10 de octubre de 2016 por indicación de la propia contraloría de la universidad, luego del primer sumario que enfrentó a Salinas con el director general.

Pablo Jofré y el comité encargado de supervisar casos de acoso laboral y sexual del hospital evaluaron la denuncia del doctor Salinas y consideraron que las acusaciones y los antecedentes entregados eran graves. El ginecólogo no solo habló de su caso, sino que también entregó información acerca de otros académicos y funcionarios que habían denunciado prácticas similares y las habían dado a conocer al rector.

Las acusaciones en contra de Hasbún eran tan graves, sobre todo en el caso de la directora académica Patricia Gómez, a quien el director general hostigaba sexualmente, que decidieron confirmar la información con otros funcionarios.

Con la información chequeada y seguros de que las denuncias cumplían el mérito suficiente para ser calificadas como acoso laboral y sexual, Pablo Jofré, en su calidad de presidente de esa comisión, les solicitó a los miembros del equipo directivo, Manuel Domingo Castillo (director médico), Juan Pablo Plaza (gerente general) y Jaime Catalán (subdirector médico) sus opiniones acerca de subir la información lo antes posible a rectoría, ya que afectaba a la máxima autoridad del hospital.

Los directivos estuvieron de acuerdo con el criterio de Jofré y el comité y, acto seguido, este les envió a cada uno de ellos un sobre con los informes, las entrevistas y los documentos recabados. Lo que no imaginaron fue que el doctor Hasbún abrió la comunicación privada que iba dirigida a Castillo.

Enterado de las denuncias, el director del hospital citó a su oficina a los miembros del comité. Lo acompañaban Castillo y el subgerente de recursos Humanos, René Reveco. En la reunión les pidió que en adelante los antecedentes debían pasar por él, para mediar de mejor forma la denuncia. Sostuvieron una discusión y no llegaron a un acuerdo.

Luego de dos años de traspiés, Salinas decidió hacer pública la situación y envió una carta al sitio web de la Radio Universidad de Chile, donde relató su caso y el del resto de los académicos y funcionarios que denunciaban las actitudes acosadoras de Hasbún.

Menos de dos horas después de ser publicada, y como confirman dos empleados de ese medio que estuvieron ese día en la oficina del director de la radio, Juan Pablo Cárdenas, Vivaldi llamó a este último pidiéndole que bajara esa carta. Los argumentos del rector fueron muy generales, comentando que la información descrita no sería correcta. Según fuentes de esa radio, el ex director Cárdenas habría comentado de manera consternada a algunos de sus colaboradores, que en los 20 años al mando de ese medio lo habían llamado algunas veces los rectores para “colocar” temas, pero nunca para bajarlos.

Cárdenas accedió a la petición de Vivaldi y sacó la carta del sitio web. Consultados al respecto, los encargados de prensa de la rectoría negaron que ello hubiera ocurrido.

Pero esta no fue la única gestión que hicieron las autoridades. Manuel Domingo Castillo, director médico del hospital, llamó esa mañana a Pablo Jofré, que en ese tiempo tenía un programa en esa radio, para que intercediera en la emisora. La justificación que le dio fue que Patricia Gómez no quería hacer público su caso. Jofré se negó, pues no estaba seguro de lo que Castillo le pedía y sintió que no le correspondía hablar con Cárdenas al respecto.

Las versiones en torno a este caso son cruzadas, pues Salinas afirma que la doctora Gómez estaba en conocimiento de la carta y que en ningún momento le manifestó su negativa. INTERFERENCIA intentó en múltiples ocasiones contactarse con la afectada, pero no contestó los mensajes y las llamadas, siguiendo la línea que manifestó en julio en una carta a El Mercurio, de no hablar públicamente del caso hasta que finalice el sumario actual.

El 3 de mayo, Salinas le escribió a Venezian. En el texto, el médico le reclama que después de dos meses de haberse reunido con el rector, este aún no recibía a los denunciantes para la “investigación previa”, como la propia Venezian les había prometido en una carta del 17 de marzo. Una semana más tarde, el subgerente de Recursos Humanos del hospital, René Reveco, citó a Jofré a su oficina y le solicitó su renuncia. El motivo: pérdida de confianza. La carta estaba firmada por el mismo rector.

Jofré quedó estupefacto. Reveco le pidió que renunciara de inmediato o de lo contrario, en un plazo de 48 horas, perdería el derecho al pago de las vacaciones que tenía pendiente. Acongojado, aceptó la renuncia y el 12 de mayo le escribió al rector para pedirle explicaciones por su abrupta salida luego de ocho años en la institución. La respuesta no provino de Vivaldi, sino de Venezian. Esta le manifestó que la solicitud de despido provino del director del hospital Hasbún y que la firma del rector simplemente aparecía por un tema protocolar.

Desarticulada la denuncia ante el comité del hospital, Salinas al fin recibió buenas noticias. Después de un año y medio, el Tribunal de Ética del Colegio Médico emitió una resolución en torno al litigio que mantenía con Hasbún. El organismo colegiado le dio la razón a Salinas y amonestó al director del hospital. En la misma línea, el Comité de Consejería Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, estimó que, si bien no podía emitir sanciones jurídicas, administrativas y/o reglamentarías, Hasbún había violado los principios de convivencia, transparencia, diálogo y responsabilidad.

Extrañamente, el mismo fallo estimó que Salinas había pasado por alto el principio de responsabilidad y cuidado de los bienes, al denunciar en diversas instancias el conflicto, en medio de una “deteriorada imagen del Hospital, tras la crisis que atraviesa”.

Tanto la resolución del Colegio Médico como el de la Consejería Ética de la Facultad de Medicina, no generaron grandes cambios en la investigación preliminar y finalizado el 2017, la rectoría de Vivaldi continuó sin tomar cartas en el asunto.

Las alarmas volvieron a sonar el 25 de mayo de 2018 cuando Mariela Torrente, directora del Departamento de Otorrinolaringología del hospital, publicó en la página de Facebook Red Investigadoras: “Escribo para compartir una situación que ya se prolonga por varios meses en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La Directora Académica, Dra Patricia Gómez, presentó una denuncia en contra del Director del Hospital, Dr. Jorge Hasbún, por acoso sexual y laboral. Esta denuncia está en Rectoría de la Universidad de Chile, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas en relación a esto. Recurro a este portal de mujeres académicas con la idea de que la información es fuente de poder y para viralizar este hecho”.

Luego de la publicación de Torrente, un reportaje publicado por La Tercera el 4 de junio, expuso los primeros antecedentes públicos del caso. En la sesión del senado universitario del jueves 7 de junio, un grupo de senadores leyó una declaración en apoyo a Patricia Gómez y exigió a la autoridad que resolviera el tema a la brevedad. Gómez, emocionada, agradeció el gesto de sus pares.

Pablo Jofré, quien un año antes había sido expulsado del hospital, al ver que el caso comenzaba a generar ruido, también publicó su testimonio en Facebook y le escribió al rector Vivaldi para solicitarle una audiencia, adjuntando los antecedentes que aparecen en este reportaje. Alicia Venezian, acusó recibo de sus correos el 6 de junio. Hasta el momento Jofré no ha sido citado por la autoridad universitaria.

Una semana después de la declaración de los senadores de la Universidad de Chile, 123 académicas de esa casa de estudios, agrupadas en la Red Amanda Labarca, emitieron una carta pública dirigida a Vivaldi exigiendo la suspensión de Hasbún.

Sin embargo, la tarde de ese mismo día, el rector asistió al senado y se refirió al caso. Explicó que el director del hospital había puesto su cargo a disposición de forma protocolar, como es habitual cuando un funcionario de confianza termina su periodo. Agregó que Hasbún se encontraba muy “comprometido afectiva y emocionalmente” y que estando seguro de su “inocencia”, había decidido presentar su defensa en el proceso.

La pregunta que sigue abierta es por qué el rector Ennio Vivaldi se ha esforzado tanto en proteger al doctor Hasbún, pese a tantas denuncias en su contra.

Finalmente, el rector comentó que el director jurídico le explicó en “algunas oportunidades” a “diferentes miembros de la comunidad”, los motivos de la demora en la revisión del caso, pero que ya se encontraban en la etapa de entrevistas finales, antes de emitir una resolución final.

En ninguna ocasión, el rector Vivaldi se refirió a los denunciantes, ni sobre los antecedentes que manejaba y menos sobre la situación particular de Patricia Gómez, quien no asistió a esa sesión del senado.

Los ánimos en el Hospital se calmaron el 25 de julio cuando la contraloría interna de la universidad le solicitó a rectoría la suspensión de Hasbún hasta el término del sumario, luego de una nueva denuncia que se sumó en su contra. La fiscal designada para este nuevo caso fue la decano de Ciencias Forestales, Carmen Luz de la Maza.

Pero la tranquilidad duró poco. Este lunes 10 de septiembre, el doctor Hasbún volvió a ejercer sus funciones, aunque pocas personas fuera del hospital están enteradas de este giro que volvió a instalarlo en la cúspide de ese recinto. Desde rectoría informaron que el levantamiento de la medida preventiva, que legalmente permitió el retorno de Hasbún, provino de la fiscal a cargo del caso. INTERFERENCIA trató en reiteradas ocasiones contactar al rector Vivaldi para conocer su visión de los hechos, pero declinó referirse al caso.

“El desconcierto es total. El rector mantiene su silencio cómplice y vergonzoso”, comenta Salinas.

La pregunta que sigue abierta es por qué el rector Vivaldi se ha esforzado tanto en proteger al doctor Hasbún.