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Miércoles, 21 de octubre de 2020
Minera Tres Valles

Minera ligada a millonarios capitales canadienses se acoge a ley que le permite postergar pagos a 190 pyme

Joaquín Riffo Burdiles

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Foto: nuevamineria.com
Foto: nuevamineria.com

La empresa pertenece al fondo canadiense Sprott Resource Holding y al grupo local Vecchiola y en mayo solicitó su reorganización judicial por efectos de la sequía y la pandemia. Esta medida, denuncian sus acreedores, se adoptó mientras se negociaban formas de pago a pequeñas y medianas empresas nacionales de servicios en minería que ahora ven en riesgo su flujo de caja y capital de trabajo.

El martes 12 de mayo, la Minera Tres Valles solicitó la apertura de un procedimiento de acuerdo de reorganización judicial. Lo anterior, se justificó en la disminución de las líneas de crédito a las que podía acceder la compañía, lo que afectó su liquidez; los efectos de “la peor sequía en los últimos 70 años”; y las consecuencias que ha tenido en la industria la crisis sanitaria por Covid-19.

Un hecho relevante en esta situación es un oficio emitido por la Municipalidad de Salamanca en que se solicitó a la compañía el cierre temporal de sus operaciones. Esto produjo la detención de las operaciones de las dos principales minas: Don Gabriel y Papomono, continuando solo con la explotación de un yacimiento secundario o satélite denominado Rajo Norte.

Se trata de una empresa de mediana minería de cobre que opera en la Región de Coquimbo, comuna de Salamanca, perteneciente a la canadiense Sprott Resource Holding (SHRI) en un 70% y al grupo local Vecchiola en un 30%, el que es -a su vez- uno de los mayores conglomerados de servicios para la minería del país, tal como consignó Diario Financiero.

Lo que ha generado más polémica es que Minera Tres Valles haya optado justo el 12 de mayo por acogerse a la reorganización judicial, herramienta contemplada como una de las alternativas de la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas para permitir a las compañías ordenar sus activos y pasivos y evitar la quiebra. 

Lo anterior, puesto que, según explica uno de sus acreedores, Osvaldo Pastén, presidente del directorio de N1 Factoring y vicepresidente de Asociación de Industriales (AIA) de Antofagasta, la reorganización se inició un día después de que N1 Factoring solicitara judicialmente el cobro de dos facturas que le adeuda Tres Valles por un total de 231 millones de pesos; el 11 de mayo (ver documentación adjunta).

Cabe recordar que uno de los principales beneficios de la reorganización es la protección financiera que se le otorga a la empresa -por 30 días prorrogables- en cuanto a sus créditos, permitiéndole no pagar sus deudas y evitando que se puedan iniciar sobre ella demandas o procesos judiciales, suspendiendo además los existentes. 

“Hemos sentido que esta gran empresa, que tiene 12.000 millones de dólares en activos, se aprovechó de la vulnerabilidad de la ley chilena para eludir sus compromisos”, explica Pastén en conversación con INTERFERENCIA, apuntando a que “esta desazón se va acrecentando cuando nos dimos cuenta que al mismo tiempo que negociaban con nosotros, y nos prometían plazos y formas de pago -incluido un compromiso por escrito de su gerente general- por otro lado ya tenían andando toda una maquinaria jurídica destinada a utilizar la ley en este proceso de reorganización judicial”. 

En efecto, según consta en la documentación correspondiente a los acreedores de Minera Tres Valles SpA al 31 de marzo de 2020, Minera Tres Valles tiene deudas con más de 190 empresas, disgregadas en las categorías de acreedores de préstamo a largo plazo, acreedores con prenda, acreedores financieros sin garantía y proveedores con cuentas impagas (ver documentación adjunta)

En su sitio web, la empresa canadiense Sprott menciona que en la actualidad sirve a 200 mil clientes alrededor del mundo, y afirma que posee 12.1 billones de dólares en acticos, lo que causó extrañeza y molestia entre los acreedores de Tres Valles. 

“Lo que queremos poner en la mesa es la forma de hacer negocios. No puede venir una compañía multinacional con base en otro país a avalar malas prácticas y argucias legales. A mí me están obligando a demandarlos para obtener el pago y hoy nuestro capital de trabajo está internalizado por 36 meses más. Probablemente vamos a perder ese dinero. Yo siento que este es un tema que afecta a muchas empresas pequeñas y encima se están aprovechando en este contexto que es bastante particular, con un gran impacto negativo en las pymes. Es inaceptable”, afirma Pastén.

El empresario anunció que por el momento han decidido iniciar acciones civiles y penales, y en paralelo llevar el caso a la Embajada de Canadá para hacer llegar esta información al mercado de valores canadiense, junto con reunirse con parlamentarios para analizar la aplicación de la Ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. 

INTERFERENCIA intentó comunicarse con la administración de la Minera Tres Valles a sus teléfonos en Santiago y Salamanca, y vía correo electrónico, sin poder establecer contacto.

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