El pasado 23 de marzo la Municipalidad de Valparaíso emitió una orden de compra vía trato directo en favor del abogado Juan Carlos Manríquez, por un monto de $15 millones 700 mil pesos, con tal de que se haga cargo de la defensa de Felipe Cornejo, fiscal Administrativo Municipal de la administración del alcalde Jorge Sharp, y contra quien pesa una querella por prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público.
Manríquez es un jurista que se mueve en el poder. En 2015 fue candidato a fiscal nacional sin ser parte del Ministerio Público. En 2019 fue sindicado por el ranking estadounidense Best Lawyers como uno de los mejores de Chile en el ámbito criminal. Uno de sus trabajos es ser asesor externo del Senado, mientras que en su estudio ‘Manríquez Benavides y Cía’ tiene una larga lista de clientes mediáticos.
Actualmente defiende a Karim Chahuán (Renovación Nacional), concejal de La Calera que se encuentra en prisión preventiva acusado de organizar saqueos durante los primeros meses del estallido social, además de estar vinculado a un narcotraficante de la zona.
Entre algunas de sus causas más populares en 2018 estuvo defender al diputado Ignacio Urrutia (Partido Republicano) cuando enfrentó un intento de desafuero. Fue abogado de la ex diputada Marta Isasi en el caso Corpesca y de Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM.
A la vez, actualmente es abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos y de la Asociación de Notarios y Conservadores.
Años antes defendió a Pedro Arancibia Solar, funcionario de la Armada que en 2009 fue condenado por la Corte Suprema como autor de la desaparición del militante socialista Jaime Aldoney Vargas en 1973. El uniformado finalmente cumplió su pena en libertad.
En términos ideológicos Manríquez no es fácil de identificar con certeza. Es cercano al ex ministro de Defensa y Justicia de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez (Partido Radical), a quien incluso defendió cuando fue acusado de fraude al fisco en el caso Ascar, el que investigaba el mal uso de recursos en el programa de Aseguramiento de Calidad de Residencias del Sename.
En noviembre de 2019, a propósito de las protestas, dijo en Mega que utilizar punteros láser en las manifestaciones podría ser calificado como homicidio si es que se usaba contra un vehículo, en caso de que este terminara atropellando fatalmente a una persona. Por otro lado, en octubre del mismo año, al abogado junto con otros colegas llamó al gobierno de Sebastián Piñera a “dialogar y respetar de forma irrestricta los Derechos Humanos”, según publicó Agenda de Prensa.
Aunque la definición más llamativa la hizo él mismo en una entrevista dada a La Segunda en agosto de 2018, donde se definió como “amante de lo políticamente incorrecto” y destacó entre sus “batallas ganadas” el que se declarara inconstitucional una norma de la Ley Emilia que obliga a los conductores en estado de ebriedad a pasar un año privados de libertad antes de optar a una pena alternativa.
Una de las polémicas en la actual contratación del jurista en la Municipalidad de Valparaíso fue informada por el medio La Unión de dicha zona, en el cual el dirigente vecinal Boris Kúleba –uno de los férreos opositores a la gestión de Sharp–, criticó que Manríquez además fue abogado del ex alcalde de la comuna, Jorge Castro, en una causa por notable abandono de deberes presentada por concejales de la época.
Consultado por INTERFERENCIA, Manríquez indicó que fue contactado por una mujer a quien conoce hace muchos años y que es cercana a Felipe Cornejo, por esto accedió a representar al funcionario.
Sobre si cree que su contratación afectará políticamente al municipio de Sharp, dijo:
“No tengo una opinión al respecto, mi rol es técnico, entonces para mí es un poco secundario el hecho de quién está a cargo de la municipalidad. Lo que yo veo son personas sometidas a un procedimiento investigativo que algunos pretenden que sea penal. A lo que yo me dedico es a analizar si la persona imputada de un hecho penal lo cometió o no y a buscar la salida más conveniente posible. En este caso mi defensa no es al municipio ni a la gestión, sino que a una persona”, explicó.
Nuestro medio además consultó particularmente sobre la causa de Derechos Humanos en la cual defendió al victimario, además sobre qué visión general tiene de estas investigaciones:
“Sí hace muchos años defendí a una persona. Es la única causa que he tenido en mi vida y lo defendí porque esa persona era gerente de operaciones de una empresa constructora que construía uno de los lugares donde compré un departamento cuando estaba soltero (...) los que defienden a las víctimas hacen un trabajo encomiable. En esta causa, la única que he tenido, estimé que la imputación que se le hacía, la cual resultó reducida, era de difícil prueba. Mi tema más que nada fue analizar el estándar probatorio. Y bueno, respecto de los colegas que defienden a imputados en causas de Derechos Humanos, creo que ejercen el legítimo derecho a defensa que puede tener cualquier persona”, agregó.
La querella
En febrero de este año, Ingryd Garretón Araya, quien desde hace 28 años es funcionaria de planta de la municipalidad, presentó una demanda por los delitos anteriormente mencionados en contra de Felipe Cornejo y Nicolás Guzmán –director jurídico del municipio–, por ser responsables de un sumario que terminó en su destitución, en el cual acusa hay antecedentes que son falsos.
La municipalidad a través de un decreto argumentó la contratación de Juan Carlos Manríquez para la defensa de Cornejo señalando que los abogados del municipio no tienen la experticia en este tipo de causas.
Además, agregaron que “dada la complejidad y el grado de exposición pública que eventualmente tendrá la querella en cuestión se hace necesario contratar un servicio de carácter profesional con probada experiencia y especialidad en materia penal y procesal penal”, dice el documento.
La decisión estuvo a cargo de Nicolás Guzmán, quien también es uno de los querellados, y quien anteriormente fuera conocido por recurrir al Tribunal Constitucional a nombre del municipio por la demanda de un ex funcionario.
En tanto, Guzmán financiará él mismo su defensa. Según consignó el medio La Unión, este será representado por el abogado Enrique Aldunate, quien es asesor de la bancada de diputados del Partido Socialista.
Sobre el caso en sí, Manríquez dijo a INTERFERENCIA que “Cornejo ha cumplido a cabalidad con el rol que le corresponde a un fiscal administrativo, no se ha salido de ese marco. No veo cómo él podría haber prevaricado política administrativa. Él solo tramita, investiga, se adecua a las reglas vigentes del estatuto y a las reglas municipales. Valora la evidencia que se le va otorgando dentro de sus facultades y propone maneras de proceder. No veo un acto arbitrario o ilegal de parte de él o de Nicolás Guzmán. Lo que yo veo son dos abogados sosteniendo un juicio técnico dentro del marco legal”.
Contactados por nuestro medio, la Municipalidad de Valparaíso contestó a través de Guzmán:
"En el marco de la querella interpuesta por una ex funcionaria municipal de la administración anterior, quien fuera destituida por un sumario administrativo ordenado por la Contraloría Regional de Valparaíso, debido a que se desempeñaba simultáneamente para el municipio y para la corporación, desde la Dirección Juridica, según lo que permite el Estatuto Administrativo, tomé la decisión de contratar la defensa del abogado Juan Carlos Manríquez, haciendo valer los derechos del funcionario de carrera que actuó como fiscal administrativo. Esta contratación de realizó mediante el portal de Mercado Público
Como Director Jurídico renuncié a este derecho de ser defendido por el municipio, de tal manera de rebajar costos.
Estamos a la espera de la audiencia que será el 7 de julio donde esperamos que muy pronto declaren el sobreseimiento definitivo de la causa, ya que los hechos no son constitutivos de delito y más que nada nos encontramos frente a una querella artificial e infundada", señaló.
Vale recordar que la gestión de Jorge Sharp ha tenido como punto débil la relación laboral con funcionarios de administraciones anteriores y otros que llegaran en la actual gestión. De estos hecho, INTERFERENCIA informó anteriormente sobre acusaciones de acoso laboral y sexual que apuntan a personas cercanas al alcalde.
Comentarios
A Sharp no le da asco este se
Increíble....la nota no dice
Añadir nuevo comentario