Desde 2006 y hasta el último estudio del World Governance Index, en 2017, “la eficiencia del gasto público chileno ha sido de las más altas del mundo”, escribió Mario Waissbluth, en una columna de agosto de 2021 publicada en El Mostrador.

Sí, el dirigente de Amarillos por Chile y agitador de la campaña por el Rechazo en el plebiscito constitucional de septiembre del año pasado ha defendido por décadas la calidad del gasto estatal. Sostiene que “a los ideólogos neoliberales esta afirmación les resulta contranatura y, por ende, el fake news de la ineficiencia se ha repetido y sigue repitiendo como mantra hasta que se convirtió y sigue convirtiendo en verdad revelada”.

Los organismos internacionales muestran que el gasto fiscal de Chile es menor al de cualquier país de Europa, con excepción de Irlanda. En el contexto regional, sólo Venezuela, Paraguay y Perú gastan menos que Chile en proporción a su PIB. 

Contrario a todo sentido común, la UDI reaccionó airadamente frente a este ameno clima, pidiendo a los grandes empresarios que “no laven imagen a costa de pymes”, como reclamó el diputado Cristian Labbé, porque “desde la UDI defendemos principios, no personas ni intereses”, agregó Hoffman. Curiosa afirmación de la dirigente gremialista, considerando que los candidatos de su partido son los mayores receptores de las donaciones empresariales a las campañas electorales.

Sin embargo, la supuesta ineficiencia fiscal le genera indignación a la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, especialmente desde que el Gobierno inició el diálogo con los pequeños y grandes empresarios para un nuevo pacto fiscal.

“Ni un peso más hasta que no se mejore la eficiencia en el gasto”, dijo Hoffman, pese a que justamente los principios de transparencia y eficiencia figuran entre los diez fundamentos de la propuesta que el Gobierno entregó esta semana a la CPC, la Sofofa y los catorce gremios de la pequeña y mediana empresa. 

Las primeras aproximaciones entre Gobierno y sector privado cosecharon las mejores palabras que se hayan oído de parte de los dirigentes empresariales desde que partió el Gobierno de Boric. “Lo valoramos enormemente […], reconocemos que ha habido sesgos por ambos lados y las instancias de encontrarnos y poder conversar van acortando esas brechas", dijo a la salida del despacho del Presidente la nueva lideresa de la Sofofa, Rosario Navarro.

Contrario a todo sentido común, la UDI reaccionó airadamente frente a este ameno clima, pidiendo a los grandes empresarios que “no laven imagen a costa de pymes”, como reclamó el diputado Cristian Labbé, porque “desde la UDI defendemos principios, no personas ni intereses”, agregó Hoffman. Curiosa afirmación de la dirigente gremialista, considerando que los candidatos de su partido son los mayores receptores de las donaciones empresariales a las campañas electorales, para no hablar de los millonarios recursos que reciben sus centros de estudio Libertad y Desarrollo y Fundación Jaime Guzmán.

Tal como van las negociaciones, será alto el costo para la derecha si pretende volver a rechazar una reforma tributaria que, esta vez, está circunscrita a un pacto fiscal de largo plazo, con siete objetivos específicos, como la pensión garantizada, las listas de espera en los hospitales, la salud primaria, la sala cuna universal, el sistema de cuidados, la seguridad pública y una compensación a las víctimas del robo del siglo: la deuda histórica a los profesores.

Tal como ha comentado el economista Osvaldo Rosales, “mientras los políticos de la derecha están pensando en su próxima elección, los empresarios piensan en su próxima inversión”. Es decir,  la incertidumbre e inestabilidad son grandes fuentes de votos para las oposiciones y no hay mejor propaganda para consolidar la ventaja electoral de la derecha que un fracaso del Gobierno de la izquierda. Pero en esa aventura los empresarios no se embarcan, porque no hay mejor negocio que la certeza jurídica, la paz social y la estabilidad fiscal. Bussines is bussines, aunque cueste un par de urnas.

Tal como van las negociaciones, será alto el costo para la derecha si pretende volver a rechazar una reforma tributaria que, esta vez, está circunscrita a un pacto fiscal de largo plazo, con siete objetivos específicos, como la pensión garantizada, las listas de espera en los hospitales, la salud primaria, la sala cuna universal, el sistema de cuidados, la seguridad pública y una compensación a las víctimas del robo del siglo: la deuda histórica a los profesores traspasados a la educación municipal a fines de los ‘80.

Poco a poco, la estrategia de los diputados de derecha que bloquearon la posibilidad de legislar una reforma tributaria, va revelándose como lo que realmente fue: una operación política destinada a trabar cualquier posibilidad de logros para la actual gestión gubernamental. Por brutal que parezca, postergar una solución para los pensionados, para los profesores o para las madres que no tienen acceso a salas cuna, fue un negocio electoral. Porque postergar soluciones hace que la oposición gane elecciones. Ni un peso más, ni un voto menos.