En representación de OLCA y Acción Cívica, Lucio Cuenca expuso que Chile ocupa una posición estratégica dentro de esta nueva geografía de acumulación, al ser incorporado simultáneamente como proveedor de cobre, litio y tierras raras para la electrificación y la economía digital, y como plataforma para la instalación de grandes centros de datos.

En este sentido, el director de OLCA afirmó que el crecimiento de la infraestructura digital incrementa la demanda de minerales críticos y, al mismo tiempo, requiere territorios, energía y agua para sostener su funcionamiento. El caso de Penco, donde las comunidades hace más de una década se opone al proyecto de extracción de tierras raras impulsado por la empresa canadiense Aclara Resources, y la expansión de la infraestructura digital son expresiones de un mismo proceso, que avanza mediante desregulación, conflictos de interés y restricciones a la participación ciudadana, afirmó Cuenca.

En 2025, Chile alcanzó los 37 centros de datos operativos y se posicionó como el segundo polo de infraestructura digital de América Latina, después de Brasil. Esta expansión fue promovida mediante el Plan Nacional de Data Centers, que incentivó la concentración de grandes instalaciones en la zona periurbana de la Región Metropolitana y proyectó su crecimiento hacia el norte del país.

Según explicó el director de OLCA ante la CIDH, este proceso ha sido acompañado por una verdadera “alfombra roja” regulatoria para las grandes empresas tecnológicas. A través de guías de tramitación y mapas de inversión, el Estado orienta a las compañías sobre los terrenos que deben adquirir para asegurar acceso a energía, fibra óptica y autorizaciones de construcción. Paralelamente, se abrió la posibilidad de instalar centros de datos sin someterlos obligatoriamente a evaluación ambiental.

Al impedir que determinados proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), también se restringe el acceso a la información, la participación ciudadana y el control sobre decisiones que comprometen agua, energía y territorio. Para OLCA, esta desregulación vulnera el principio de no regresión ambiental y debilita las capacidades democráticas de las comunidades para intervenir en el futuro de los lugares que habitan.

Lucio Cuenca también advirtió sobre la falta de fiscalización de los conflictos de interés y la cercanía entre quienes toman decisiones públicas y las grandes empresas tecnológicas. Como antecedente, mencionó el caso de Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia del gobierno de Grabriel Boric y responsable de liderar el Plan Nacional de Data Centers, quien anteriormente se había desempeñado como gerenta de Políticas Públicas para el Cono Sur de Amazon Web Services (AWS). 

En 2023, la Contraloría General de la República determinó que Etcheverry debió abstenerse de integrar, en 2019, la comisión que evaluó las propuestas para constituir la Fundación Data Observatory, debido a que AWS era una de las empresas participantes y posteriormente seleccionadas. 

Un patrón regional de opacidad y desregulación

La audiencia ante la CIDH reunió a nueve organizaciones de Chile, México y Estados Unidos, además de entidades aliadas del Reino Unido. Los antecedentes presentados mostraron que la expansión de los centros de datos sigue un patrón común en distintos países de las Américas.

Los contratos relacionados con la concesión de terrenos y el uso de agua y energía suelen mantenerse bajo confidencialidad, al igual que los incentivos tributarios negociados entre gobiernos y empresas. Las comunidades acceden tardíamente -o no acceden- a información fundamental sobre proyectos que pueden transformar profundamente sus territorios.

A esta opacidad se suma el debilitamiento deliberado de las salvaguardas ambientales. En distintos países, los Estados están eximiendo a los centros de datos de evaluaciones de impacto ambiental, reduciendo regulaciones sobre contaminación o facilitando sus permisos mediante procedimientos excepcionales.

Diana Baptista, investigadora del Observatorio Latinoamericano de Centros de Datos, de México, señaló que la audiencia permitió presentar evidencia sobre “el modus operandi mediante el cual las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos locales de las Américas eluden la legislación ambiental para priorizar la construcción y operación de centros de datos por encima de los derechos humanos de las comunidades”.

Los impactos de esta infraestructura tampoco se distribuyen de manera equitativa. La sobrecarga ambiental tiende a concentrarse en comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales y urbanas empobrecidas que ya enfrentan escasez hídrica, contaminación y los efectos de la crisis climática. Al mismo tiempo, las personas defensoras de los territorios son objeto de hostigamiento, criminalización e incluso detenciones cuando cuestionan los proyectos.

Teresa Roldán, defensora ambiental de Vocer@s de la Madre Tierra, de México, sostuvo que “las organizaciones pudimos demostrar que las empresas de centros de datos y las autoridades están actuando conjuntamente para despojar a los territorios de agua, energía, seguridad alimentaria y salud. La ambición corporativa ha prevalecido por sobre la protección de las comunidades y el cumplimiento de los tratados nacionales e internacionales”.

Desde Estados Unidos, Matthew French, abogado de ClientEarth, subrayó que “los gobiernos de las Américas están impulsando esta rápida expansión sin la transparencia, la participación pública ni las salvaguardas ambientales adecuadas. Deben actuar de inmediato para garantizar que el desarrollo tecnológico respete los derechos humanos, en lugar de permitir que poderosas corporaciones trasladen sus costos a las comunidades y los ecosistemas”. 

Jacinta González, directora de Programas de MediaJustice, advirtió que los centros de datos que impulsan el auge de la inteligencia artificial están siendo instalados mediante procesos “fundamentalmente antidemocráticos”. Asimismo, llamó a construir una respuesta internacional frente al poder de las grandes empresas tecnológicas y a los gobiernos a enfrentar “la avaricia corporativa en lugar de facilitar una mayor explotación de las comunidades”.

Estándares regionales y moratorias a la expansión digital 

Las organizaciones solicitaron que la CIDH asuma un papel activo en la construcción de estándares internacionales sobre infraestructura digital y derechos humanos. El planteamiento busca que la expansión tecnológica deje de ser abordada únicamente como una política de inversión y competitividad y sea examinada desde sus consecuencias sobre los derechos humanos, la justicia ambiental, la igualdad de género, los pueblos indígenas y la seguridad de las personas defensoras.

Sebastian Smart, investigador del Centre for Access to Justice and Inclusion (CAJI), del Reino Unido, sostuvo que la audiencia representó una oportunidad histórica para que la CIDH aborde específicamente los desafíos que plantea la expansión de los centros de datos que soportan el desarrollo y operación de la inteligencia artificial.

En concreto, las organizaciones pidieron a la CIDH que encomiende a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales a realizar un seguimiento regional de este fenómeno y lo incorpore en su próximo plan estratégico. También propusieron la elaboración de un informe temático que permita dimensionar los impactos acumulativos de la infraestructura digital y establecer responsabilidades tanto para los Estados como para las empresas.

Los futuros estándares, plantearon, deben exigir transparencia sobre los contratos y el consumo de bienes comunes, debida diligencia empresarial, evaluaciones ambientales integrales, participación comunitaria previa y efectiva, rendición de cuentas corporativa y mecanismos de monitoreo independiente.

Cuando existan riesgos serios o no se cuente con información suficiente sobre sus consecuencias, solicitaron que los Estados establezcan salvaguardas jurídicas estrictas y moratorias temporales. Esto significa suspender la aprobación o construcción de nuevos centros de datos mientras no existan garantías de protección para las comunidades, los ecosistemas y los bienes comunes naturales comprometidos.

Las y los integrantes de la CIDH coincidieron en la importancia de la participación ciudadana y en avanzar en asegurar que los derechos humanos y las decisiones democráticas de las comunidades estén por sobre las utilidades de las compañías. 

“No puede haber transición justa si los territorios vuelven a ser convertidos en zonas de sacrificio y las comunidades quedan excluidas de las decisiones sobre su propio futuro”, concluyó Lucio Cuenca.