Todo indica que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, no tiene que preocuparse por una posible destitución. Tras el asesinato de Camilo Catrillanca, ha sido apuntado como responsable político, pero el clima dentro de la oposición no proyecta una acusación constitucional próspera en su objetivo.

El lunes 19 fue la sesión conjunta entre la Comisión de Derechos Humanos y la de Seguridad Ciudadana, en la cual el invitado fue el titular de Interior. El resultado dejó molestos a los parlamentarios del Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, quienes sintieron que Chadwick no respondió las preguntas formuladas.

El ministro, por su parte, siguió la línea que ha manifestado el gobierno hasta el momento, “lamentando” la muerte de Catrillanca, respaldando la presencia del Comando Jungla en la zona de conflicto y condenando la destrucción de la tarjeta de memoria de los Carabineros que contenía el vídeo del procedimiento que terminó en un balazo por la espalda.

La autoridad de gobierno anunció una querella contra el responsable de la muerte del comunero mapuche, otra por obstrucción a la investigación contra quien rompió la tarjeta de memoria, y otra por el robo de los automóviles que ocurrió previo al asesinato cometido por Carabineros. Pero la ciudadanía, a través de cacerolazos y concentraciones, busca además un responsable político, lo mismo el padre de Camilo Catrillanca (Marcelo) quien exigió la renuncia de Chadwick y el intendente de La Araucanía, Luis Mayol.

El lunes el ministro del Interior dijo que no va a renunciar –se apunta a él porque Carabineros depende de su cartera–, al igual que la autoridad regional. Por tanto, la alternativa que queda es que la oposición presente una acusación constitucional. Tras la sesión con Chadwick, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz, quedó evidentemente molesta. En el punto de prensa posterior dijo que la medida de destitución será estudiada.

INTERFERENCIA conversó con diputados de distintos sectores de la oposición y la mayoría apunta a que el escenario no apunta a sacar a Chadwick de su cargo.

Un diputado del Partido Socialista, dijo fuera de micrófono que, si bien no se descarta, es difícil que se opte por esta vía. Los factores serían la falta de unidad en la oposición y la falta de antecedentes para una “acusación muy importante”. Esto último porque un ministro del Interior nunca ha sido destituido y además Chadwick es primo del Presidente Sebastián Piñera, algo que políticamente tiene mucho peso.

La falta de unidad mencionada por el socialista se evidencia al conversar con el Frente Amplio. Un diputado de Revolución Democrática señaló a INTERFERENCIA que a algunos en el conglomerado les “picó” que el PS se les adelantara con la interpelación anunciada contra Chadwick, la que estará a cargo de la diputada mapuche Emilia Nuyado, pero que en RD tenían la intención que la llevara el diputado Miguel Crispi.

En tanto, un diputado del Movimiento Autonomista también dijo en off the record que no ve terreno fértil para acusar a Chadwick, y en caso de recurrir a la medida, sería en contra del intendente Mayol.

La Democracia Cristiana, partido históricamente más amigable con la derecha o “bisagra”, como le llaman algunos, pidió la salida de Luis Mayol, pero no de Chadwick. El diputado falangista Mario Venegas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, señaló a nuestro medio que no ve a su colectividad por la vía de la acusación constitucional: “Reconociendo que es evidente que las autoridades políticas del ministerio tienen responsabilidad política, no se ve que la solución sea acusarlo constitucionalmente. De hecho la semana pasada se reunió la oposición y apuntó a una interpelación”, indicó.

Desde el PPD, la diputada Loreto Carvajal, quien estuvo presente en la sesión y cuestionó a Chadwick por no pronunciarse sobre el menor de edad torturado que acompañaba a Camilo Catrillanca, no cerró la puerta a la acusación: “Todas las acciones las estamos barajando, hay una propuesta de comisión investigadora, de acusación constitucional y por cierto la interpelación que está definida. Esto responde a lo que vimos acá, una falta total de respeto hacia la ciudadanía y los parlamentarios, porque el ministro del Interior no respondió nada”, dijo.

Tras el punto de prensa posterior a la sesión, INTERFERENCIA consultó a la diputada Carmen Hertz sobre el difícil escenario para una acusación constitucional. La congresista, todavía con la intensidad de la actividad reciente, señaló: “Bueno, son las herramientas que tenemos. Lo que hace falta aquí es cambiar la Constitución”.

Chile sin responsables políticos

La última vez que un ministro del Interior fue destituido por esta vía fue en julio de 1973, durante el gobierno de Salvador Allende. En dicha oportunidad, Gerardo Espinoza Carrillo, fue sacado de su cargo a raíz de la incautación de equipos del Canal 6 de la Universidad de Chile.

Ya en democracia, la Cámara de Diputados ha adquirido la costumbre de mantener a estas autoridades como intocables.

Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1993, José Araya y Sergio Calderón murieron a manos de carabineros –el primero de un disparo en la nuca y el segundo arrollado por el carro lanza aguas– en el contexto de una protesta. Enrique Krauss, ministro del Interior durante el gobierno de Patricio Aylwin, no salió de su cargo hasta terminar su mandato.

Durante el mandato de Ricardo Lagos se dio uno de los pocos casos de detenidos desaparecidos en democracia. En 2005 el joven de 16 años, José Huenante, fue detenido por Carabineros en Puerto Montt y nunca más se supo de él. En el cargo estaba Francisco Vidal, quien se mantuvo hasta el 11 de marzo de 2006, para el cambio de mando.

Durante el primer mandato de Michelle Bachelet murieron cuatro mapuches a manos de Carabineros. Belisario Velasco y Edmundo Pérez-Yoma, quienes eran responsables políticos, no fueron destituidos. El primero renunció por diferencias con la mandataria, mientras que el otro terminó su período.

En 2013 murió el primer comunero mapuche durante un mandato de Sebastián Piñera. Rodrigo Melinao fue asesinado y hasta el día de hoy no se determina un culpable. En vida fue condenado bajo la Ley Antiterrorista con información falsa entregada por el infiltrado Raúl Castro Antipán, por lo que se dio a la fuga. Después de ser hallado muerto fue absuelto por tribunales. Cuando se encontró su cadáver, el ministro del Interior era Andrés Chadwick, quien terminó su gestión el 11 de marzo de 2014.