En pleno Estado de Excepción, en aquel momento decretado por el ex presidente Sebastián Piñera, el pasado 3 de noviembre de 2021, Yordan Llempi Machacán, joven mapuche de 23 años, fue alcanzado por disparos mientras estaba en el patio de su casa en la ruta que conecta a Tirúa y Cañete. Momentos más tarde, Llempi falleció en un centro asistencial de la zona.
Tras cerca de seis meses, y nuevamente en estado de excepción en Wallmapu, esta vez en el gobierno de Gabriel Boric, la Fiscalía regional del Bío Bío confirmó que solicitó la detención de dos funcionarios de la Armada, acusados en calidad de autores de la muerte de Llempi.
Según un comunicado del organismo, la solicitud de detención se fundamenta en los resultados de las diligencias desarrolladas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI que apuntaría a Videla y Seguel como responsables del homicidio.
Se trataría de videos y audios recopilados de las cámaras Go Pro que los efectivos militares usaron durante su procedimiento.
En concreto, se trataría de videos y audios recopilados de las cámaras Go Pro que los efectivos militares usaron durante su procedimiento, en el cual se apreciaría el momento en que efectúan unos 170 disparos con munición de guerra.
Por su parte, Radio Bío Bío, consignó que en una de las piezas audiovisuales incluso se aprecia cuando el cabo Seguel le señala al teniente Videla haber alcanzado con un disparo a un comunero. Si bien estas versiones apuntan a que el disparo fue realizado por Seguel, Videla también es señalado como responsable pues dio la orden que terminó por cobrar la vida del joven mapuche.
Cómo se gestó la detención
Las diligencias para concretar la detención de los infantes de marina comenzaron cerca de las cuatro de la tarde del lunes. En ese momento, la Fiscalía emitió la orden de captura contra Videla y joven. Sin embargo, hasta la noche del mismo día, aún no habían indicios de qué sucedía con la detención, pues aún no era realizada.
En efecto, la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, se dirigió hasta las dependencias del fuerte O’higgins, base naval de Talcahuano, para solicitar la detención de los infantes de marina sindicados como autores del delito.
Para ese entonces, diversas versiones de prensa apuntaban a que el contraalmirante Jorge Parga -quien también estaba a cargo del Estado de Excepción bajo el que fue asesinado Llempi- estaba ‘trabando’ la detención de los marinos. Desde la Armada, según informó Radio Bío Bío, argumentaron que la policía civil no tendría competencia al interior de la Base Naval para efectuar la detención de alguna persona ya que dicha competencia le correspondería a la policía naval. (Leer Boric nombra jefe de zona en Arauco a marino que estuvo al mando en muerte de Llempi y que defendió al asesino de Rebolledo- Por Caso Rebolledo: Boric destituye a jefe de zona Jorge Parga, uno de los personajes con más poder en el Bío Bío).
Versiones entregadas a Interferencia, señalan que los efectivos militares no se encontraban la noche del lunes en el recinto militar.
No obstante, versiones entregadas a Interferencia, señalan que los efectivos militares no se encontraban la noche del lunes en el recinto militar. Según esta versión, los infantes de marina se encontraban en la localidad de Los Álamos, a unos 30 kilómetros de la base naval. Con ello, Parga acordó con los policías que al día siguiente tanto Videla como Seguel se encontrarían en el recinto militar y así concretar el procedimiento.
De esta forma, la PDI volvió a la base naval al día siguiente y cerca de las 11:00 de la mañana comenzó la detención de los infantes de marina, proceso que se extendió hasta cerca de las 12:30 de la tarde.
Luego de concretada la detención pasado el mediodía del martes, Interferencia contactó con el Ministerio de Defensa para conocer los lineamientos que seguirían tras la captura de Videla y Seguel. Desde Defensa, señalaron que la audiencia de control de detención fue programada para las 16:30 horas del martes, momento en que también se realizaría la formulación de cargos.
Sin embargo, dichas diligencias fueron aplazadas hasta este miércoles, razón por la que los infantes de marina retornaron al Fuerte O’higgins de la base naval de Talcahuano a la espera de continuar con el procedimiento.
Cabe destacar que la audiencia de los infantes de marina es probable que en su totalidad sea realizada vía telemática, pues los sindicados como autores del delito de homicidio están siendo procesados por el Juzgado de Garantía de Cañete, lo que dificulta su traslado hasta las dependencias de dicho establecimiento, pues se resguarda la integridad de los presuntos homicidas.
“Como familia esperamos que digan la verdad”
Interferencia conversó con el padre del joven mapuche, Rolando Llempi tras lo ocurrido ayer, quien señala que “dentro de todo igual es una buena noticia, nos sorprendió que los hayan detenido. Nosotros como familia esperamos que digan la verdad, porque está más que claro lo que pasó, las imágenes no podrán discutirlas. Espero que se haga justicia”.
Sobre el día que asesinaron a su hijo -a pocos metros del patio de la casa según relata- dice que ellos vieron todo. "Eran los militares de la Armada que disparaban ráfagas de balas, algunos arrancamos a la bodega, otros se tiraron al suelo, fue un lapso de como dos minutos y mi hijo gritó”.
Además, Rolando Llempi comenta que con el Estado de Excepción que vive nuevamente el territorio “es un recuerdo terrible que vuelve para nosotros como familia, nosotros tenemos que salir adelante, pero ahora cotidianamente nos recuerdan ese terrible momento”.
Por su parte, el abogado querellante, Nelson Miranda, indica a Interferencia que lo sucedido ayer da una doble señal. “En primer lugar, resulta importante que el Ministerio Público en un plazo no tan extenso haya decidido pedir la orden de detención en contra de un teniente y de un suboficial de la infantería de marina por su responsabilidad en el crimen en contra de Yordan Llempi. Pero por otro lado, tenemos la señal extraña de las cosas que ocurren en este país, es que demoraron casi 24 horas en hacer cumplir la orden de arresto, con toda una serie de situaciones completamente anómalas y fuera del supuesto estado de derecho”.
“Finalmente, se dio cumplimiento casi con un día de atraso la orden de arresto y pasaron a control de detención los marinos, pero la audiencia se suspendió hasta el día de mañana por petición de la defensa, porque esta vez sí se concedieron el tiempo adecuado para revisar los antecedentes, cosas que tendría que ser lo común, para todos los imputados, como no ocurre con los imputados mapuche”, añade.
"Parga estaba a cargo de la Marina al momento del asesinato en un estado de excepción, y hoy el presidente Boric envía a las misma fuerzas al territorio”, dice el abogado Nelson Miranda.
Además, Nelson Miranda critica el actual Estado de Excepción que vive la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío y que fue prorrogado el lunes 30 de mayo por 15 días más. “Parga estaba a cargo de la Marina al momento del asesinato en un estado de excepción, y hoy el presidente Boric envía a las misma fuerzas al territorio”.
Respecto al resultado de la investigación, el abogado indica que “era un joven de 21 años asesinado con un fusil de guerra en el patio de su casa, por eso ciertamente esperamos que la condena enmarcadas dentro de lo que es el reglamento jurídico, acá hay muchos jóvenes mapuche que ha estado presos dos años en prisión preventiva por muchas veces delitos que no son de sangre a veces son condenados a más de 10 años”.
Además reflexiona que "aunque haya existido algún tipo de disturbios en las proximidades, eso no amerita a una fuerza armada letal con ese poder de fuego y de disparar hacia un hogar, y en este caso a un hogar mapuche. Si produce algún problema, por ejemplo, en el sector de La Dehesa, un portonazo o un asalto a un banco, a nadie se le ocurriría que la fuerza policial, menos militar, disparara a la casas del vecindario, sería inimaginable y si llegase a ocurrir sería un escándalo".
"Por lo tanto, esperamos una condena justa que entienda al final de este proceso que es un homicidio calificado, que las fuerzas armadas las pusieron ahí para controlar no se sabe bien qué, y que ocurrió este crimen alevoso. Estamos temiendo que algo así vuelva a ocurrir dado que la situación es básicamente la misma, la ocupación militar que hay en el Wallmapu, e inclusive hasta con mayor apoyo político”, concluye el abogado Nelson Miranda.
Reacciones
Diversas y desde distintos sectores políticos fueron las reacciones que provocó la detención de los marinos en Talcahuano.
Desde la oposición, los primeros en alzar la voz fueron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida. Ambos cuestionaron al Ministerio Público por “mantener un trato desigual entre las distintas partes involucradas” en el caso y deslizaron incluso que se trataría de una provocación a las Fuerzas Armadas.
“Mientras el gobierno se mantiene impávido frente a los llamados a una resistencia armada, la fiscalía decide solicitar la detención de dos funcionarios que lo único que hicieron fue defenderse de los ataques que recibieron (...) le están tocando la oreja a la Armada de Chile y, por consiguiente, al resto de las Fuerzas Armadas”, afirmaron.
En esa línea, agregaron que “por supuesto que es importante que todos estos hechos se esclarezcan, pero no podemos desconocer que los funcionarios de la Armada se defendieron frente al ataque del que estaban siendo víctimas. Esas consideraciones, al parecer, el Ministerio Público no las ha tenido en cuenta en este ni en otros casos, porque la misma diligencia y rapidez con la que actuaron ahora no lo han hecho para perseguir a los narcoterroristas”.
“Le están tocando la oreja a la Armada de Chile y, por consiguiente, al resto de las Fuerzas Armadas”, afirmaron desde la UDI.
En contraste, la diputada socialista Emilia Nuyado valoró la orden de detención decretada por la fiscalía contra dos infantes de marina por el homicidio en noviembre del año pasado por la muerte del comunero, precisamente durante el Estado Excepción en la zona.
Sobre este punto, la parlamentaria apuntó que “esto refuerza mi rechazo al Estado de Excepción en Wallmapu, porque demuestra que estos decretos y la presencia de militares resguardando el orden público siempre perjudican a nuestras comunidades”.
“Siempre que el gobierno decreta estos Estados se termina lamentando la muerte de un Mapuche, porque existe un claro sesgo discriminatorio y criminalizador de nuestro pueblo”, afirmó la congresista.
Desde el oficialismo, la ministra del Interior, Izkia Siches, indicó que “esperamos que las investigaciones en curso permitan establecer los responsables, tal como se ha señalado de parte del Ministerio Público“.
En cuanto a las consecuencias que este hecho podría traer en la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, Siches comentó que “hemos tenido la mejor relación con nuestras Fuerzas Armadas. Entendemos el rol que ellos desempeñan particularmente en el sur, en el contexto de Estado de Excepción Constitucional, es importantísimo”.
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