Armada de Chile
Luego de que se admitiera a trámite un recurso contra la Armada por una instalación que 'destacaba' el rol de la institución durante el Golpe, Interferencia consultó al organismo si este fue retirado y aseguraron que aquello se realizó en noviembre de 2024.
Una “alerta de monitoreo” preparada por la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte, da cuenta del ingreso de un ex militar venezolano el pasado 28 de octubre, pero en el mismo mes habrían al menos otros cuatro casos similares. Una vez que ingresan a suelo nacional, es imposible seguirles el rastro, dicen en la PDI.
El hijo de Sebastián Acevedo llorando en una celda por la inmolación de su padre o la venta del inmueble en 1988 al actual presidente del directorio de Aguas Andinas, son parte de los relatos que incluye este trabajo audiovisual.
Eduardo Morris Barrios, cientista político experto en administración aduanera. Fue miembro del Servicio de Aduanas desde 1963. Comunista. Su hermano Mario fue ejecutado en Pisagua el 11 de octubre de 1973.
Sin duda que en la historia las estructuras son importantes de estudiar, pero también los son los actos coyunturales, específicos, que después de todo, le otorgan sentido a la estructura. En este sentido, el 11 de septiembre de 1973 resulta importante no sólo a nivel nacional, sino que también asume una relevancia (y depende del lugar e intensidad de los hechos) en determinadas zonas. En Concepción, con un estereotipo de “zona roja”, la irrupción de los militares se puede caracterizar por su rapidez e intensidad en evitar que esas fuerzas locales de izquierda se transformaran en un real peligro para las nuevas autoridades.
Este texto fue tomado del libro Proa al golpe en la Armada. El caso Asmar-Talcahuano, (Ediciones Al Aire Libre) cuyo autor es académico e investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción.
La exposición de Enrique Cordovez, autor de la Iniciativa Popular de Norma “reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años” generó polémica en el Consejo pues se interpretó como una norma en favor de los presos por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Más aún considerando que una enmienda de Republicanos apunta en el mismo sentido.
Interferencia publica por primera vez el resumen ejecutivo de la propuesta técnica hecha por la compañía en noviembre de 2018, la que aseguraba una protección de alta calidad ante ciberataques. Dicha licitación, cercana a los US$ 6 millones, estuvo marcada por irregularidades que la administración de Piñera desestimó.
Los marinos Luis Videla y Ricardo Seguel permanecerán detenidos en la Base Naval de Talcahuano. El Ministerio Público y los querellantes buscarán revertir la decisión del juez Cristián Rosenberg en la Corte de Apelaciones de Concepción.
El lunes 30 de mayo el Juzgado de Garantía de Cañete emitió una orden de detención en contra del teniente segundo Luis Videla y el cabo primero Ricardo Seguel de la Armada de Chile, sindicados como autores del delito de homicidio contra el joven mapuche. Interferencia conversó con su padre, Rolando Llempi, mientras que el abogado Nelson Miranda espera “una condena justa, esto fue un homicidio calificado”.
Leonardo Medina Caamaño, el miembro de la Armada que arrolló y mató a Manuel Rebolledo en Talcahuano durante el estallido social, quedará sin pasar un sólo día en la cárcel. La familia de la víctima estudia recurrir a la justicia internacional.
El tribunal de alzada desestimó los recursos presentados tanto por la parte querellante como por la defensa del uniformado, los que respectivamente buscaban un nuevo juicio para conseguir una condena por homicidio y un sobreseimiento, respectivamente. Con esto se confirma la condena de cuasidelito de homicidio, lo que en la práctica dejará a Leonardo Medina Caamaño sin pasar un solo día en la cárcel.
Marcela Ríos se reunió con los padres del joven de 23 años que fue asesinado por la Armada durante los primeros días del estallido social. Estos buscan que los tribunales repitan el juicio en contra del marino Leonardo Medina Caamaño, quien fue dejado en libertad tras ser condenado por cuasidelito de homicidio.
En dos años, la labor del uniformado ha estado marcada por conflictos importantes. Dos muertos bajo la responsabilidad de la Armada y un cuestionado negocio forestal, el cual ha dañado el bosque nativo en la península de Tumbes, hacen que su nombre entre en controversia en la Región.
El uniformado fue sentenciado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo pero goza de pena sustitutiva. La familia de la víctima anunció que buscarán la anulación del juicio para que se realice uno nuevamente.
Pese a la evidencia visual que muestra el momento en que el uniformado Leonardo Medina Caamaño arrolló al joven de la población Libertad, los jueces rechazaron calificar el delito como homicidio, tal como pedía la familia de la víctima y el Ministerio Público.
El 21 de octubre pasado se cumplieron dos años del día en que el joven de Talcahuano fue arrollado por un vehículo de la Armada conducido por el infante Leonardo Medina Caamaño. Los padres esperan un buen resultado en tribunales, mientras cargan con el cansancio y la tristeza de todavía ver al causante de la muerte de su hijo en libertad.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conversó con los padres de Manuel Rebolledo Navarrete, joven que fue asesinado en Talcahuano en el contexto de las protestas de octubre de 2019, a quienes señaló que el organismo estará presente en la audiencia que se realizará el próximo 25 de octubre.
Una publicación del periódico Resumen dio cuenta de documentación donde se evidencian negocios millonarios que involucran a la Armada de Chile y sus contratos en la Península de Tumbes en Talcahuano. Todo en medio de denuncias realizadas por vecinos respecto a la destrucción de playas y bosque nativo en el sector.
Leonardo Medina Caamaño, el infante de marina que conducía el vehículo de la Armada con que se asesinó al joven de Talcahuano, podría enfrentar un juicio oral y de ser condenado, cumplir al menos 10 años de cárcel efectiva.
La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.
El afectado es Rodrigo Vattuone, un ex marino que postula como independiente al sillón municipal. Arancibia, en tanto, quiere ser constituyente.
A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.
The Intercept, Forbes, Washington Post y el New York Times –entre otros– han escrito acerca de aviones militares que han sobrevolado protestas en Portland, Washington y Minneapolis. A raíz de consultas de senadores norteamericanos, la Fuerza Aérea de EE. UU. aseguró que los vuelos eran de práctica, no de espionaje. En Chile, en cambio, la Armada reconoció vuelos militares de vigilancia en la región del Biobío desde junio.
Los resultados de una licitación llevada a cabo el segundo semestre de 2019 no dejaron satisfecho a uno de los competidores, la empresa Leonardo, cuya propuesta se declaró inadmisible. Ante este escenario presentaron un reclamo a la autoridad naval, diciendo que los helicópteros comercializados por Airbus, el ganador, tenían sobreprecio, cosa que esta última compañía descartó.
En diciembre de 2018 la compañía de telecomunicaciones Entel se adjudicó la licitación para implementar el sistema de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas. Según datos obtenidos por INTERFERENCIA, la empresa además subcontrató los servicios de dos firmas extranjeras.
En el registro audiovisual, grabado por cámaras de una empresa pesquera, se ve cómo el vehículo persigue a alta velocidad a varias personas, matando de forma instantánea a Manuel Rebolledo Navarrete. El uniformado se encuentra sólo con arraigo nacional y firma quincenal.
Los trabajadores de los Astilleros de la Armada reclaman un bono por asignación de zona que dejaron de percibir en noviembre de 1995, mientras que la empresa se niega a reconocer el beneficio, argumentando en base a dictámenes de la Contraloría. La defensa de Asmar corre por cuenta del Consejo de Defensa del Estado, en un flanco que podría costarle miles de millones de pesos.
La acción judicial afirma que el almirante Julio Leiva Molina ha tolerado y financiado con gastos reservados una serie de seguimientos, amenazas, intercepción de llamadas telefónicas e intentos de infiltración en tribunales, cometidos por funcionarios de la Armada para amedentrar al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el país.
A pocos minutos de que el contraalmirante Carlos Huber anunciara la medida, recibió un llamado indignado del ministro de Defensa, Alberto Espina. "No habrá toque de queda", le espetó.
