El fiscal que estuvo detrás del allanamiento al domicilio de Karol Cariola, momentos después de que diera a luz a su primer hijo, se llama Patricio Cooper Monti. Es abogado de la Universidad Diego Portales, y actualmente se desempeña como fiscal regional de Coquimbo. Cooper es el fiscal tras investigaciones que son de relevancia pública, como la indagatoria en contra del presidente Gabriel Boric sobre la fallida compra del Estado de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, en Providencia. Pero también está a cargo de la arista del Caso Convenios protagonizada por la fundación ProCultura, en donde se han tenido pocas noticias desde que Cooper entró al caso, luego de que a mediados del año pasado se removiera al fiscal Carlos Palma.

La autorización para entrar al departamento de Cariola tenía como fecha 28 de febrero, según La Tercera. Se supone que en chats entre Irací Hassler –ex alcaldesa de Santiago– y la diputada comunista encontraron gestiones de Cariola ante Hassler para interceder por la obtención de una patente de alcoholes, en favor de dos empresarios. Esos chats todavía no son conocidos por la opinión pública. Las comunicaciones entre Hassler y Cariola que se conocen tienen que ver con la adquisición de recintos en la comuna de Santiago para albergar servicios públicos de salud. Nada del otro mundo.

Lo mediático del caso de Cariola se contrasta con las pocas informaciones que se han tenido a la vista del caso ProCultura. La fundación, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, obtuvo suculentos convenios en varias regiones del país, incluyendo la Metropolitana. Una de las últimas noticias en este caso fue el allanamiento que se hizo en 14 domicilios, entre estos, el de Larraín, el pasado mes de octubre.

Acorde a una publicación de La Segunda, las formalizaciones Cooper las está preparando para este mes de marzo, pero todavía no se sabe nada. La reserva de la investigación sería una de las claves con las que el fiscal estaría trabajando en esta arista del Caso Convenios que, eventualmente, podría tener a personas ligadas al oficialismo involucrados.

Aristas del Caso ProCultura

Una de las aristas investigadas por el caso ProCultura es la querella presentada en octubre del año pasado por la empresa AngloAmerican en contra de dicha fundación —que cesó de su funciones a raíz del destape del caso en noviembre de 2023— por la causal de estafa y acusando a su presidente, el psiquiatra Alberto Larraín, de no dar respaldo a donaciones. En detalle, la acción legal entre quienes resulten responsables se da en supuestos cinco convenios firmados que alcanzan $405 millones entre 2021 y 2023. Esta información fue publicada por Interferencia. 

La multinacional destacó que los convenios firmados fueron para “diagnósticos patrimoniales”, y uno referido a un programa de “bienestar y salud mental”.

De la cifra señalada –y de acuerdo a una carta enviada a la entidad que hoy es investigada por la fiscalía en gran parte de Chile por fraude al fisco entre otros delitos– hay más de $290 millones cuya ejecución y destino no han sido justificados.

Fue por aquella fecha, que el propio Cooper —bajo el concepto de delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros— ordenó una serie de allanamientos, entre estos en la residencia de Larraín, donde se requisaron equipos tecnológicos.

Si quiere leer más sobre el caso que aún se mantiene en vilo, puedes hacerlo en el siguiente enlace: ProCultura: la arista más grande del caso Convenios que aún no tiene formalizados.