Caso Convenios
Las escuchas telefónicas indagadas por la PDI pusieron al presidente Gabriel Boric como protagonista por un posible financiamiento a su campaña con platas de la fundación. A esto se suma que Alberto Larraín tuvo una llegada fallida al Gobierno e incrementó en 10 veces los convenios que su fundación obtuvo con la actual administración.
Entre los 26 teléfonos pinchados para la investigación del caso figura el de la ex esposa del fundador de ProCultura, Alberto Larraín. En las conversaciones se interceptó una con el presidente Boric, en la que analizan esta artista del Caso Convenios. El fiscal Cooper también solicitó intervenir el celular del mandatario, pero la medida fue rechazada por el tribunal. El persecutor justificó la medida en conversaciones de Larraín que apuntan a “un posible financiamiento irregular de campañas políticas".
Durante el mandato del Frente Amplio, el ex jefe de asesores del Segundo Piso tuvo figuración –en distinta medida–, en el Caso Convenios, el Caso Hermosilla, el Caso Monsalve, la compra de la casa de Allende y familiares en cargos públicos.
Este lunes, y por orden del Ministerio Público, fue allanado el domicilio de Karol Cariola (PC), horas más tarde de haber dado a luz su primer hijo. La diligencia la pidió Patricio Cooper, el jefe titular de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Él, a su vez, encabeza la investigación de la ex fundación que más revuelo ha causado en el famoso Caso Convenios: ProCultura. A más de un año de destaparse, todavía no tiene formalizaciones.
La acción legal apunta al creador de Procultura, Alberto Larraín, y da cuenta de cinco convenios firmados por casi $405 millones entre 2021 y 2023. En un correo, Larraín aseguró que no podrán justificar el desarrollo de los proyectos y dejó en libertad de acción a la firma para que adopte las medidas que estime pertinentes.
En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.
En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.
A meses de iniciada la investigación en contra de esta fundación, que cerró en noviembre de 2023 y una de las aristas más emblemáticas del caso convenios, todavía no hay una fecha concreta para la audiencia de formalización y, en efecto, tampoco actores formalizados.
La información consta en una petición reservada ante el 7º Juzgado de Garantía, donde el Ministerio Público de Coyhaique, busca incluir en esta arista la información financiera del fundador de Procultura, Alberto Larraín, quien recibió la suma señalada, previa integración de una instancia del Gobierno Regional, donde fue propuesto por Orrego.
Rinett Ortiz, directiva de una de las fundaciones investigadas, le pidió al diputado la suma de $70 millones debido a problemas financieros.
La declaración judicial de la ex subsecretaria de Vivienda ante la Fiscalía contradice lo afirmado por el ministro Carlos Montes y pone en entredicho lo declarado por Miguel Crispi ante la comisión investigadora del Congreso, acorralando a La Moneda.
Tras no asistir en dos ocasiones ante la comisión del Congreso, ayer finalmente Miguel Crispi aseguró a esa instancia que le informó al presidente Boric del caso el 16 de junio, nueve días después de haber sabido del caso por un 'rumor'. Otros personeros de RD, como Juan Ignacio Latorre, lo sabían al menos desde el 6 de junio, mientras que Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, se enteró el 2 de mayo.
Susana Herrera ostentó el cargo durante 14 meses, hasta que se dio a conocer un proyecto entre la Embajada de Chile en Reino Unido y el Gobierno Regional del Bío Bío, que ella misma había diseñado y que requería de una inversión público-privada de US $5 millones en el que supuestamente participarían Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundación creada por el rey Carlos III y el estudio de arquitectura Zaha Hadid.
El convenio está a cargo de la Facultad de Ingeniería y el gobierno regional ya transfirió el monto total. La idea es contactar a una centena de medios regionales y reducir las 'fake news', pero su formulario de contacto estuvo abierto solo dos días durante mayo.
El ex ministro de Desarrollo Social dio un paso al costado en un gesto que buscó signar como 'altruista' para no entorpecer el diálogo en torno a la agenda gubernamental y de pensiones. La derecha desistió de la acusación constitucional, pero dice que la renuncia no es suficiente para bajar la presión frente a este caso de corrupción sistemática.
Según Resumen, Rodrígo Díaz realizó cuatro transferencias al Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE), corporación que agrupa a las principales empresas de la región y donde su exjefa y el dueño de la empresa que hizo el marketing de su campaña son parte del directorio.
En una carta de 2020 a la que accedió Interferencia, Kimün indicó al entonces presidente de la CPC que el precio ya estaba conversado con las autoridades de la Universidad de Los Lagos, aun cuando la licitación no estaba abierta. Juan Sutil reconoce el traspaso de $45-50 millones, pero asegura que fueron entregados para becas.
