La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, entidad compuesta por distintas organizaciones de pescadores artesanales, entregó el lunes un documento al biministro, Álvaro García, en el que solicitan que la Plataforma Social, recién aprobada en la comisión de Pesca de la Cámara Baja, incluya beneficios sociales para los pescadores artesanales y sus familias.

Actualmente, los líderes del sector artesanal consideran esencial que la iniciativa, que se gestiona bajo la nueva Ley de Pesca, incorpore modificaciones duraderas para salvaguardar, respaldar y fomentar el crecimiento de las familias que dependen de esta actividad.

En esa línea, el texto presentado al subsecretario de Pesca, Julio Salas, propone un conjunto de beneficios dirigidos a los pescadores y sus familias. Estos abarcan un seguro obligatorio para accidentes y fallecimientos en faena, cobertura de salud integral, cotizaciones previsionales y acceso a pensiones dignas, un fondo de estabilización para las pesquerías, y programas de capacitación, reconversión productiva y fortalecimiento organizacional.

Junto a ello, demandan la creación de un fondo de emergencia destinado a catástrofes naturales, contaminación marina o vedas pesqueras. Adicionalmente, las organizaciones solicitan un incremento en los recursos para INDESPA con el fin de fortalecer el sector artesanal, impulsando mejoras en sus procesos, productividad y sostenibilidad.

Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) quien participó de la reunión con el subsecretario Salas dijo que “esta medida no solo daría respuesta a una deuda social histórica, sino que también entregaría estabilidad y formalización a más de 100.000 familias que dependen de la pesca artesanal a lo largo del país”.

En cuanto al financiamiento de la iniciativa, Cortés afirmó que “es de toda justicia que se financie mediante la recaudación proveniente de las Licencias Transables de Pesca Industrial (LTP-B), porque este mecanismo permitiría legitimar el sistema de asignación de derechos de pesca, corrigiendo así los vicios y privilegios originados en la antigua Ley Longueira”.

Sobre el mismo punto, el dirigente aseguró que “la licitación parcial de las cuotas industriales es, además, un mecanismo de transparencia y competencia económica que se ajusta a las recomendaciones de la OCDE y de los principales organismos internacionales en materia de manejo pesquero”.

Cortés señaló que también le reiteraron al subsecretario de Pesca la necesidad de que la nueva ley asegure una participación real y vinculante de las organizaciones artesanales en los comités de manejo y en la toma de decisiones sobre los recursos pesqueros. “La experiencia demuestra que la sustentabilidad sólo es posible con la participación de quienes viven y trabajan en el mar”, sostuvo.

Desde la Asociación han insistido a la autoridad en la necesidad de que el gobierno se comprometa a acelerar trámites pendientes como la Ley de remanentes y Unificación de especies. 

“Le dijimos al subsecretario que se lo transmitiera al biministro García que la pesca artesanal chilena no pide privilegios, pide justicia y dignidad. Estamos convencidos de que avanzar en estos puntos no solo fortalecerá a las comunidades costeras, sino que también dará legitimidad y estabilidad política a la nueva ley, asegurando su permanencia en el tiempo”, describió Cortés.