Este lunes la noticia que remeció el mundo fue la del software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, y su vinculación con el espionaje a activistas de derechos humanos, periodistas, diplomáticos y políticos de más de 50 países.

La investigación se basó en la filtración de más de 50 mil números de teléfono celular, seleccionados para vigilancia por los clientes a nivel mundial de la empresa NSO Group, de más de 50 países, desde el año 2016.

La empresa israelí ofrece el software Pegasus a sus clientes, estados, gobiernos o instituciones gubernamentales en todo el mundo. Pegasus tiene como objetivo “recopilar datos de los dispositivos móviles de personas específicas, sospechosas de estar involucradas en delitos graves y terrorismo”, como define la empresa. Básicamente el programa funciona como una especie de virus en los celulares, permite el control del dispositivo de manera remota por parte de los espías, acceso a mensajes, llamadas, fotos, cámaras del dispositivo y hasta a las aplicaciones encriptadas como Whatsapp o Signal.

La investigación liderada por la fundación Forbidden Stories, descubrió que este software espía se ha utilizado de forma indebida, al contrario de lo que afirmaba la empresa, que afirmaba que estaba enfocado en el espionaje a delincuentes y terroristas. “Los datos filtrados mostraron que al menos 180 periodistas han sido seleccionados como objetivos en países como India, México, Hungría, Marruecos y Francia, entre otros. Los posibles objetivos también incluyen a defensores de los derechos humanos, académicos, empresarios, abogados, médicos, líderes sindicales, diplomáticos, políticos y varios jefes de estado”, informó Aristegui Noticias, uno de los medios que participó en la investigación.

NSO Grop aseguró que el análisis de los 17 medios y de Forbidden Stories sería errado, ya que se basaría en una “interpretación engañosa de los datos filtrados a partir de información básica accesible y abierta” y que “no tienen relación con la lista de clientes objetivos de Pegasus o cualquier otro producto NSO”.

En la investigación participaron 17 medios de todo el mundo, que incluyó un equipo de más de 80 periodistas. Con el apoyo técnico de la fundación con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional, pudieron corroborar la infección del software Pegasus en 37 celulares, que aún presentaban el software de vigilancia o que lo habían tenido en su aparato celular. 

Entre las víctimas de espionaje se encontraban varios periodistas que participaron en la investigación publicada ayer, conocida como “Proyecto Pegasus”, entre ellos la misma Carmen Aristegui en México; el periodista indio Siddarth Varadarajan, fundador del sitio de noticias The Wire; y, Szabolcs Panyi, un reportero de investigación de Direkt36 en Hungría. A pesar de que la empresa NSO Group asegura que el uso de Pegasus está enfocado en posibles personas peligrosas y delincuentes, en los hechos no es así: tan solo en Marruecos, Pegasus aparecía espiando o intentando espiar a 10 mil números de teléfono.

“El proyecto arroja una luz dura sobre el negocio de NSO Group, que, a pesar de afirmar que investiga a sus clientes en función de sus antecedentes en materia de derechos humanos, decidió vender su producto a regímenes autoritarios como Azerbaiyán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Los indicios revelaron el importante papel que desempeña el Ministerio de Defensa israelí a la hora de elegir a los clientes de NSO Group. Varias fuentes corroboraron el hecho de que las autoridades israelíes presionaron para que se agregara Arabia Saudita a la lista de clientes a pesar de las dudas de NSO Group”, consigna Aristegui Noticias.

Según un estudio publicado en diciembre del año pasado por The Citizen Lab -centro de investigación interdisciplinario con sede en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto-, entre los clientes de Circles,  empresa afiliada con NSO Group, está la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile.

Consultados por el uso de esta tecnología,la PDI respondió a INTERFERENCIA descartando esta información, asegurando que no cuentan con el software de Circles y que tampoco trabajan con dicha empresa.

De los 50 mil números de la lista a la que tuvieron acceso los reporteros del Proyecto Pegasus, ninguno estaba atribuido a algún nombre o identificación. Los periodistas pudieron identificar a más de mil personas en más de 50 países a través de investigaciones y entrevistas en cuatro continentes. Entre ellos, varios miembros de la familia real árabe, al menos 65 ejecutivos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas. y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, entre ellos presidentes.

Por ejemplo, en el caso de México, los teléfonos de la esposa, hijos, colaboradores cercanos y hasta del cardiólogo de Andrés Manuel López Obrador fueron ingresados entre 2016 y 2017 al sistema Pegasus, el software desarrollado por NSO Group. Los periodistas en la investigación no pudieron definir si esos teléfonos habían logrado ser intervenidos finalmente.

Después de la publicación, el director ejecutivo de NSO, Shalev Hulio,expresó su preocupación al Washington Post.

“La empresa se preocupa por los periodistas y activistas y la sociedad civil en general”, dijo Hulio. "Entendemos que, en algunas circunstancias, nuestros clientes pueden hacer un mal uso del sistema y, en algunos casos, como informamos en el Informe de transparencia y responsabilidad de NSO, hemos cerrado los sistemas para los clientes que han hecho un mal uso del sistema".

El impacto de la noticia, -que seguirá generando reportajes en los próximos días, según anunciaron los medios aliados en el proyecto-, llegó hasta la ex presidenta y actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 

Bachelet exigió a los gobiernos el “cese inmediato” del espionaje con tecnologías como el software espía israelí Pegasus “que violen los derechos humanos”.

“Estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de garantizar una supervisión y autorización estrictas. Sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia”, declaró Bachelet en un comunicado.