El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, finalmente usó la facultad que le otorga la ley y resolvió convocar a la comisión de ética para investigar el comportamiento de miembros del máximo tribunal que aparecen vinculados a casos de corrupción.

La determinación fue apoyada por el pleno que apareció (no completo) en el video donde Blanco leyó una declaración pública, informando que la instancia disciplinaria estará compuesta por él y las magistradas Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich que hasta ahora no aparecen comprometidas en investigaciones de la fiscalía.

La instancia apuntará, al menos por ahora, a tres magistrados. En primer término María Teresa Letelier y Mario Carroza. Ambos aparecen en los whatsapp del llamado caso “Topógrafo”, donde se encuentra formalizado y detenido el destituido ministro Juan Poblete, por autorizar interceptaciones ilegales a la inteligencia militar, para espiar a periodistas y funcionarios castrenses. Poblete cumple prisión preventiva junto al jefe del arma, el general (r) Schafik Nazal.

En los mensajes revelados por Ciper, Poblete opera políticamente para conseguir votos en el Senado con el ex ministro de Defensa Mario Desbordes para el nombramiento de Letelier en la Suprema. También está en lo propio Alberto Espina que ocupó la misma cartera y es actual miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En ese mismo registro que consta en la investigación del Ministerio Público, Carroza pide favorecer el nombramiento de un notario.

Al caso anterior le sigue la indagatoria por los audios del abogado Luis Hermosilla. En una de las tantas conversaciones registradas en la aplicación de mensajería aparece salpicada la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, quien se comunica con el fiscal regional de Aysén Mario Palma, en el marco de la disputa para designar al fiscal nacional.

En la comunicación Migueles le ofrece a Palma que si baja su candidatura tendrá acceso a un doctorado y obtendrá la oportunidad de convertirse en la cabeza de la Fiscalía Centro Norte, cuando Xavier Armendariz cumpla su periodo.

Vivanco ha negado sistemáticamente que tuviera conocimiento de las andanzas de su concubino, pese a que viven bajo el mismo techo, recalcando que las responsabilidades son individuales.

De hecho, Vivanco intentó convertir el problema en una oportunidad y solicitó una audiencia al titular del Ministerio Público, Ángel Valencia y hacerle saber su preocupación sobre la filtración de los mensajes. Sin embargo, Valencia le indicó vía e-mail que no era la oportunidad.

Como sea, la convocatoria a la Comisión de Ética es un balde de agua fría para Vivanco y la instala como un actor dentro de la trama de corrupción en la crisis que enfrenta el Poder Judicial.

Figura marcial

Cuando ayer el presidente de la Suprema leyó el acuerdo del pleno, los tres futuros investigados no estaban presentes, ya que estaban inhabilitados.

A las palabras de Blanco le siguió la vocera -y ex relatora del Pleno- Soledad Melo, quien aseguró que el ampliado entregó su apoyo a Blanco sin ambages.

“Todos los integrantes del tribunal pleno reconocen el trabajo que ha desarrollado el Presidente y mantienen su voluntad de apoyar todas las iniciativas y proyectos que él ha impulsado”, dijo.

Sin embargo, una frase de tinte marcial selló el giro hacia la revisión ética de los miembros cuestionados.

“Igualmente (los que integraron el pleno de este lunes), reiteran su lealtad a la figura que representa (el presidente) para esta Corte Suprema y el Poder Judicial”.

En los pasillos de tribunales reconocen que Blanco golpeó la mesa de forma estratégica y entregó una señal de independencia. Lo anterior porque en el Pleno del miércoles pasado emanó una declaración tibia, pese que en la discusión sobre iniciar una investigación ética fue más dura de lo común.

En la oportunidad la misma Melo -también hablando en nombre del Pleno- aseguró que, entre otros puntos, se mejoraría el código de ética interno, basándose en el Iberoamericano que data de 2014.

Hace 20 años

La composición de la Comisión de Ética la integra Gloria Ana Chevesich, quien vivió la corrupción judicial en carne propia.

En 2004, Chevesich sustanciaba el llamado caso MOP-Gate por el pago de sobresueldos ilegales durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Transcurridos algunos meses de indagatoria, donde este último podía salir golpeado, fue “invitada” por el entonces presidente de la Suprema Marcos Libedinsky a su residencia. En la oportunidad fue presionada para que no interrogara al Mandatario.

Sin embargo, luego de una investigación interna, se “estableció” que la magistrada, entonces ministra en visita, había malinterpretado la situación, pero de todas formas el Pleno criticó la actuación de Libedinsky, calificándola de “imprudente”.

Si bien Lagos no fue acusado, sí debió declarar en el plenario.

Del caso MOP Gate han  transcurrido 20 años, pero la corrupción vive su elipsis en la misma Suprema, solo que con otros rostros.