Ricardo Blanco
Mensajes de agradecimiento del supremo Jean Pierre Matus al abogado Luis Hermosilla, los exclusivos departamentos del Poder Judicial en Vitacura, un "autoregalo" que los propios magistrados aprobaron, la remoción de Ángela Vivanco y la trama de Sergio Muñoz con el máximo tribunal, son algunos de los hechos que sacudieron a la institución en el 2024.
Departamentos exclusivos de la Corte Suprema en Vitacura, la pérdida de fentanilo y morfina en Dirección de Salud de Carabineros, la querella por usura en contra de Sebastián Piñera Morel, la historia de Tomás Barrera que inventó ser nieto de un detenido desaparecido y el mensaje de agradecimiento de Jean Pierre Matus a Luis Hermosilla, son algunos de los artículos más destacados de este año en Interferencia.
La ex Defensora Penal Pública logró que el titular del máximo tribunal, Ricardo Blanco, le otorgara de forma llamativa una audiencia que solo 48 horas después fue incluida en la agenda del jefe del Poder Judicial. Distintos abogados del foro reconocieron lo llamativo de la situación. Uno de ellos indicó que, a partir de ello, cualquier abogado lo puede “solicitar y que lo reciban”.
La reunión que se desarrolló este lunes por la mañana, permitió a Paula Vial que la Corte de San Miguel viera con preferencia un recurso de amparo. El encuentro que sostuvo el titular del Poder Judicial, Ricardo Blanco, no quedó en la agenda. La información fue confirmada en su totalidad por el máximo tribunal.
La acción legal ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y sustanciada por la Fiscalía Centro Norte, revela que bajo la responsabilidad del titular de la 42º Notaría de Santiago, se falsificaron cinco escrituras con las cuales distintos sujetos intentaron usurpar propiedades a sus legítimos dueños por cifras millonarias y la creación de una empresa falsa.
El año pasado, el Consejo Superior del Poder Judicial, presidido entonces por el ministro Fuentes Belmar, decidió entregar un “reconocimiento” con fondos públicos a Supremos que cumplieran el límite de 75 años de edad, con el propio Fuentes teniendo 74. No alcanzó a recibir el regalo: fue eliminado por el Consejo bajo su actual presidente, Ricardo Blanco.
En el veredicto, se recogieron los casos desprendidos de las conversaciones que Vivanco sostuvo con Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Entre otras cosas, se cuestionó su actuar en el caso de Belaz Movitec con Codelco, su injerencia en nombramientos judiciales y, además, los ofrecimientos de su pareja, G. Migueles, al fiscal C. Palma.
Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.
La decisión del Pleno del tribunal de alzada capitalino, obedeció a que el informe evacuado por la magistrada, Carla Capello, no fue satisfactorio e incluso algunas explicaciones carecían de verosimilitud.
La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a 27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.
De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.
El caso que involucra a la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, podría ser analizado hoy en el ampliado de ministros del tribunal de alzada capitalino. Esto luego que el fin de semana se viralizó un video que la muestra junto a un sujeto apropiándose de piedras para el hermoseamiento de la comuna de Colina.
Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.
En la indagatoria interna realizada en la entidad registral -y que publica Interferencia- se descubrió que el abogado externo de la casa financiera que tramitaba los casos de remates, utilizó word 19 para falsificar certificados de gravámenes e hipotecas de tribunales de la Región Metropolitana, Viña del Mar y Antofagasta.
La información consta en una querella que interpuso la casa financiera ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde responsabiliza a un abogado externo de la situación. Sin embargo, asegura que todos los remates o acuerdos con clientes deudores son reales “y efectivamente cobrables”.
En el expediente de la instancia disciplinaria debería constar la copia certificada de las comunicaciones digitales de dos casos donde aparecen vinculados los ministros Carroza, Vivanco y Letelier. Se baraja la posibilidad de pedir una copia al fiscal nacional, pero el actual sistema de persecución penal establece que los antecedentes de una investigación están vedados a terceros ajenos al procedimiento.
El Pleno tuvo un giro marcial y apoyó la medida del titular Ricardo Blanco. La instancia estará compuesta por las ministras Ravanales y Chevesich. Su principal objetivo será Carroza, Letelier y Vivanco. En 2004, Chevesich conoció la corrupción judicial en carne propia cuando investigaba el caso MOP-Gate. El entonces presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky, la presionó para que no interrogara a Ricardo Lagos.
